Las estadísticas de las sanciones disciplinarias en la Guardia Civil deben analizarse para hacer un balance de la verdadera situación sociolaboral de la Institución. Analizar estos datos desde el punto de vista numérico no es suficiente para hacer un análisis exhaustivo y real de una situación que, en muchas ocasiones, roza la inmoralidad, el desequilibrio psíquico de algunos, por no decir el delito.
El régimen disciplinario de la Guardia Civil como el Código de Circulación no deja ilícito sin poder sancionarse, pero son los hombres los que deben valorar y adecuar las circunstancias a las teorías. Me explico, llegar un minuto tarde al servicio es motivo de sanción, pero los mandos con capacidad disciplinaria deben valorar las circunstancias que han provocado el retraso y, por supuesto, si la sanción perjudica más a la Institución que la exoneración al autor. La imagen de la Guardia Civil, que no es propiedad de esos que utilizan “El aquí te pillo, aquí te mato”, sufre ante la rigurosidad de estos elementos nocivos.
Según los datos que maneja el Ministerio, entre 1990 y 2004 el cuerpo impuso 46.903 sanciones disciplinarias, de las cuales más de 32.000 conllevaron la privación de libertad y de estas, 1.027 sanciones tuvieron emparejado un cumplimiento penitenciario en establecimientos carcelarios militares.
El 27 de febrero de 2013, la Comisión de Interior del Congreso instó al Gobierno a que diera cuenta de las sanciones que había revisado o anulado de las que fueron impuestas a guardias civiles hasta 1990 por reivindicar sus derechos.
A falta de la votación final, los portavoces de los grupos expresaron su apoyo a una enmienda «in voce» a una propuesta inicial de UPyD que pedía al Ejecutivo esos datos.
Se trataba de que el Gobierno informara de la ejecución de una proposición que se aprobó en esa misma Comisión en septiembre de 2009 en la que se instaba al Gobierno a revisar y anular las sanciones impuestas a decenas de guardias civiles hasta finales de los años 90 por «reivindicar sus derechos constitucionales».
La iniciativa exigía al Gobierno que revisara de forma individualizada todos los expedientes abiertos en aquellos años, «anulando a todos los efectos las sanciones injustas».
El texto recordaba el caso del sargento José Morata, uno de los fundadores de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), mayoritaria en el Cuerpo, que fue expulsado del instituto armado en 1997.
También citaba al cabo primero Manuel Rosa y a los guardias Manuel Linde y José Carlos Piñeiro, todos ellos «injustamente» separados del servicio por defender los derechos de los agentes.
A día de 27 de febrero de 2013, la portavoz de UPyD quiso llevar a la comisión ese mismo debate al entender que los agentes sancionados en su día por reclamar sus derechos no habían sido rehabilitados, como a fecha de hoy, 13 de agosto de 2021, tampoco lo están.
Sin embargo, los grupos optaron por dar un margen de confianza al Gobierno y le pidieron que, tres años y medio después de la aprobación de esa iniciativa, informara de su ejecución. A la vista del caso del Cabo I Manuel Rosa, los Guardias Linde y José Carlos Piñeiro, no readmitidos todavía hoy en día en el Cuerpo, cabe decir que no se ha ejecutado la iniciativa.
Por otra parte, y ya teniendo aprobada la Ley Orgánica de 2007 de Régimen Especial disciplinario de la Guardia Civil, que debería haber servido para engrasar las relaciones de compañerismo, subordinación y disciplina entre todos los miembros de todas las Escalas del citado Cuerpo, poseemos datos del año 2012 y estos no son nada halagüeños; fueron sancionados 1.861 guardias civiles. Una evolución que ha ido creciendo poco a poco y que refleja que algo falla en la Institución. No hay lugar a dudas, con estos datos estamos hablando de una Institución muy indisciplinada, porque si no utilizan el “aquí te pillo, aquí te mato” serían muchas más, o, por el contrario, esa utilización temeraria del régimen disciplinario puede ser el arma letal de los intolerantes ante los excesos ajenos y no para los excesos propios.
Por otro lado, existe en la Guardia Civil, y así lo percibimos la mayoría, la convicción de que el régimen disciplinario está para aplicarlo a la escala básica y que la escala Superior de Oficiales cumple tanto que ni aparece en las estadísticas. Esta curiosa circunstancia desvela que la disciplina se aplica de forma caprichosa o que son tan inmaculados y perfectos que deberían ir al cielo directamente. Cosa que no es cierta (me refiero a la inmaculada perfección), porque las estadísticas de otras parcelas de la vida cotidiana dicen que son tan imperfectos como el que escribe.
Si tomamos las estadísticas de guardias civiles separados, con exceso de peso, número de hijos, o que sufren enfermedades aparecerían los mandos en el mismo porcentaje que los guardias civiles, pero en las faltas disciplinarias desaparecen como por arte de magia. Esa es la razón por la que hablaba de que las sanciones rozan la inmoralidad, el desequilibrio psíquico de algunos, por no decir el delito.
Hace años un director general instaba a los mandos a utilizar más el diálogo que el régimen disciplinario. Alertaba de ciertos factores de riesgo de los excesos disciplinarios (bajas psicológicas incluidas y suicidios). Pero los tiempos cambian y hemos vuelto a la utilización torticera del régimen disciplinario y eso perjudica mucho a la Institución. Parece que tomaron el consejo del exdirector, pero hablan más entre las escalas superiores y poco con los de las escalas básicas.
Hecho este inciso, el 10 de agosto de este año de 2021, recientemente el Boletín Oficial de la Guardia Civil, a instancias del Ministro del Interior, recogía el acuerdo de las Asociaciones que conforman el Consejo de la Guardia Civil, a excepción del General Cabrales Arteaga de los Cuerpos Comunes de Fuerzas Armadas, a la sazón Jurídico Militar, que, anticonstitucionalmente, ejerce en la Guardia Civil con su camarilla, que fue mi represor, y responsable de cientos y miles de bajas “disciplinarias” de Guardias Civiles, el reconocimiento a nuestra labor individual en favor del asociacionismo en la Guardia Civil una vez aprobada nuestra Constitución del 78; 100.000 sancionados por Códigos Disciplinarios militares sin tener sus miembros esta condición; tan sólo decir que, a tenor del Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, cuando se votó el Artículo 8 CE, para incluir a la Guardia Civil como parte de las Fuerzas Armadas, salió que no eran militares de las Fuerzas Armadas, por 192 votos, frente a 8 de Fraga (Alianza Popular) y 2 abstenciones. Pero tal como veremos, los Profesionales Militares, no sueltan a la Guardia Civil, como Cuerpo Policial, pretendiendo como siempre fue, que siga siendo «su brazo armado en la sociedad», que, pese a ello, es democrática.
Se habla de reconocimiento a nuestra lucha, cuando en esencia no se reconoce nada. Ni reingreso, ni sueldos dejados de percibir, ni ascensos, ni nada de nada, como si encima se recochinearan de la aberración jurídica que cometieron hace 35 años y después, siguieran jugando con nuestro honor mancillado por un Grupo Criminal Organizado, Juez Togado Jurídico Militar, Mandos de la Comandancia, Servicios de Información y Especiales, con JULIAN HERNANDEZ DEL BARCO «pata negra”, a la cabeza, que por delito imposible de Sedición Militar, ignorando, posiblemente con mala fe, que la misma, se juzga por la Jurisdicción Ordinaria: a raíz del 23-F, Tejero fue sentenciado a 30 años de prisión, de los 6 que sentenciaron los militares, por el Tribunal Supremo.
Recientemente la directora general de la GC manifestó públicamente que había de repararse el daño causado a los familiares del Caso Almería (Lasa y Zabala). Como igualmente próximamente Guardias Civiles se verán reparados por la Ley de Memoria Vasca, excesos policiales y demás. Me pregunto ¿Sólo quedaremos sin “reparar el daño causado”, los, coloquialmente denominados, UMD-VERDES?
Reconocer, sin más, un daño inobjetable, es volver a emponzoñar una herida abierta, por los torturadores (pentotal, porras eléctricas, registros sin testigos, con nocturnidad, detenciones militares, sin serlo, etc.), no es reconocer nada. Es vituperar más aún a las víctimas, del orden de 100.000, repito, según manifestación pública y amedrentadora del delincuente Luis Roldan, en su nefasta época de director socialista.
Doña MARIA GAMEZ, tiene la oportunidad de reponer el HONOR MANCILLADO, sin tener que acudir al Tribunal de Estrasburgo; que sabe bien de las andanzas de unos Mandos de la Guardia Civil, que se pasan el derecho por la entrepierna, como queda demostrado con solo examinar el incumplimiento, con desacato y desobediencia, a la STC que legalizó a la UNION DEMOCRATICA DE GUARDIAS CIVILES y que el Registro de Asociaciones, pertinazmente se niega a darle un Número de Registro, tras verificación reglada.
Es hora de coger el toro por los cuernos y que cada palo aguante su vela.
Manuel Rosa Recuerda (promotor UDGC)
