AL JUZGADO DE GUARDIA DE MADRID

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ACODAP- ASOCIACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EN DEFENSA DE LA ACCIÓN PÚBLICA

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AL JUZGADO DE GUARDIA DE MADRID
DECANATO DE LOS JUZGADOS DE MADRID

ACODAP, la Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, D. Fernando Presencia Crespo, formula DENUNCIA ante la jurisdicción ordinaria, al amparo de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

(i) contra el ex fiscal Jefe de Cataluña y ahora jubilado, José María Mena Álvarez, del que desconocemos su actual domicilio, por los delitos de al menos veinte asesinatos; y también contra el que fuera secretario general del CGPJ en la fecha de los hechos, Celso Rodríguez Padrón, con domicilio a efecto de notificaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y contra la que fuera Jefa del Servicio de Inspección del CGPJ en la fecha de los hechos, María Virginia García Alarcón, con domicilio a efecto de notificaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos por el delito de encubrimiento de esos al menos veinte asesinatos;

Margarita Robles Fernández (actualmente ministra de defensa) y
Fernando de Rosa Torner (entonces vicepresidente del CGPJ y ahora senador por el PP).

Todo ello con base en los siguientes

H E C H O S

El CGPJ obstruye la investigación de los asesinatos ordenados por el “fiscal psicópata” José María Mena. ACODAP presenta denuncia.

Dos sucesivos Consejos Generales, el actual y el anterior, se han negado de plano a proporcionar cualquier información que permita investigar los asesinatos en serie cometidos bajo el amparo y protección del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, por la banda del ex-fiscal y “psicópata” José María Mena.

ACODAP ha presentado denuncia en el juzgado de guardia de Madrid por este impúdico bloqueo del CGPJ. La “Asociación contra la Corrupción y en Defensa de la Acción Pública”, liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina Fernando Presencia, se basa en uno de los muchos escritos que se cruzaron la presidenta del TSJ con la Fiscal Superior de Cataluña. Se comunicaban con frecuencia a propósito de las ya muy populares (diligencias) “Indeterminadas 1/2009”, que no son otra cosa que las investigaciones gubernativas que se abrieron como consecuencia de las maquinaciones del mencionado “fiscal psicópata” José María Mena, y su banda de malhechores.

En ese procedimiento, bajo el eufemismo de “investigar presuntas irregularidades” cometidas por el personal de la Fiscalía Superior de Cataluña, su Jefa de entonces, María Teresa Compte Massachs, descubrió con horror que en sus archivos aún se guardaban 312 documentos manuscritos atribuidos a su antecesor, el fiscal ya jubilado José María Mena Álvarez. En ellos se describían con frialdad inusitada las instrucciones con las que éste último habría ordenado la comisión de otros tantos asesinatos.

Al comenzar el análisis de un cúmulo de centenares de documentos surgieron lo que parecían ser los primeros veinte asesinatos. Tras ese inquietante descubrimiento, los papeles fueron remitidos al Consejo General del Poder Judicial. La resolución que se refiere a este extremo llevaba fecha de salida de 17 de agosto de 2009 (con Nº de Registro 8627/09/AC). En ella la Fiscal Jefe Superior le informa a la presidenta del TSJ de entonces, María Eugenia Alegret Burgués, que ha localizado 20 manuscritos de Mena para poder llevar a cabo la pericial caligráfica que le había pedido. Además, al comprobar su escalofriante contenido dejó constancia de lo siguiente: “con esta fecha se ponen los hechos en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial (Inspección de Tribunales)”.

Llama poderosamente la atención que los documentos manuscritos que describían esos asesinatos no se reenviasen a un órgano jurisdiccional, como podría ser el Tribunal Supremo o la Audiencia Nacional, sino que se remitieron a un órgano gubernativo no jurisdiccional, como es el Consejo General del Poder Judicial.

Igualmente llama la atención que el CGPJ no hiciera absolutamente nada. Por aquel entonces la actual ministra de Defensa, Margarita Robles, era vocal judicial del órgano de gobierno de los jueces. Pero la ministra estaba involucrada abiertamente en las fechorías del “fiscal psicópata”. De hecho fue ella quien eligió a los fiscales Villarejo y Mena para gestionar desde Barcelona los sobornos y chantajes a jueces y fiscales de toda España. Su colaboración con la trama está ampliamente documentada. En muchísimos de esos manuscritos aparece la leyenda “no os preocupéis que esto acabará arreglándolo Margarita Robles”. Con lo que se da a entender que la ahora ministra intervino en cientos de estos “amaños”. Habían montado una especie de fontanería lavandería de todo el entramado.

Pero a la Robles el asunto se le fue de las manos. Ambos fiscales se convertirían en asesinos en serie y era necesario taparles. Por esa razón hizo lo todo imposible para que Carlos Dívar, el entonces presidente del órgano de gobierno de los jueces, no dedujera un solo testimonio, ni divulgara nada de lo que acababa de saber. Pero esa lealtad también fue su final. Dívar se convirtió en el único presidente del CGPJ que se vio obligado a dimitir, con el descrédito y la humillación como únicos compañeros de su último “viaje”.

Lo cierto es que Mena se enteró de que lo estaban investigando, porque se lo dijo Margarita. El ex fiscal jefe de Cataluña, que ya estaba jubilado, le dirigió una carta (que aún se conserva) a la compañera que le sustituyó diciéndole que iría a verla esa misma tarde. A partir de ahí se acabaron las investigaciones. Lo que se habló durante esa reunión es fácil de suponer.

Por esa razón,
SUPLICAMOS AL JUZGADO

que, teniendo por presentado este escrito con los documentos que se acompañan, se sirva tener por interpuesta DENUNCIA ante la jurisdicción ordinaria, al amparo de la DIRECTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 23 de octubre de 2019 relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión

(i) contra el ex fiscal Jefe de Cataluña y ahora jubilado, José María Mena Álvarez, del que desconocemos su actual domicilio, por los delitos de al menos veinte asesinatos; y también contra el que fuera secretario general del CGPJ en la fecha de los hechos, Celso Rodríguez Padrón, con domicilio a efecto de notificaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y contra la que fuera Jefa del Servicio de Inspección del CGP en la fecha de los hechos, María Virginia García Alarcón, con domicilio a efecto de notificaciones en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos por el delito de encubrimiento de esos al menos veinte asesinatos;

y (ii) exclusivamente para la práctica de las primeras diligencias del artículo 12 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para prevenir la causa contra los siguientes aforados, que eran vocales del CGPJ en la fecha de los hechos: Margarita Robles Fernández (actualmente ministra de defensa) y Fernando de Rosa Torner (entonces vicepresidente del CGPJ y ahora senador por el PP); a cuyo efecto el juzgado competente requerirá a los respectivos juzgados para que aporten al procedimiento los expedientes completos y debidamente testimoniados a que se refieren los documentos que adjunto se acompañan, y recibirá declaración a los denunciados no aforados.

Para los aforados, esta competencia del juzgado que conozca de las presentes diligencias a prevención se limitará a instruir las primeras diligencias, concluidas las cuales la jurisdicción ordinaria remitirá las actuaciones al Juez o Tribunal que deba conocer de la causa con arreglo a las Leyes, y pondrá a su disposición a los detenidos y los efectos ocupados.

En Madrid a veintiuno de abril de dos mil veintiuno.