La amplia contestación social provocada por la subida histórica de las tarifas de la luz en un inimitable ejemplo de usura y codicia, justifica estas líneas con la pretensión de proporcionar a cuatro millones de españoles los elementos de juicio que refuercen su justa protesta contra un nuevo desatino de nuestro desgobierno social comunista, a fin de lograr llegar a final de mes si el recibo de la luz se lo permite.
El incremento de la factura de la luz carece de justificación puesto que las grandes empresas españolas del ramo duplican en beneficios a las europeas y lideran en Europa el incremento de precios a los consumidores en los últimos diez años, duplicando su facturación en 2016 las tres principales eléctricas, que sumaron 5.770 millones de euros de beneficios netos en 2018 con un avance del 14,3% sobre el resultado de 2017.
Resultan ofensivos, y fuera de lugar en las circunstancias que nos ocupan, los escandalosos sueldos astronómicos de los altos directivos de las entidades bancarias, a costa de los bolsillos de sus clientes sin respetar sus derechos y una racional, justa y equitativa distribución de la renta.
La energía eléctrica es un servicio público que, según la Real Academia Española de la Lengua, consiste en una actividad llevada a cabo por la Administración o, bajo un cierto control y regulación de ésta, por una organización, especializada o no, y destinada a satisfacer necesidades de la colectividad, siendo por tanto un derecho, no un negocio como algunos desaprensivos pretenden al amparo de la insensata tolerancia gubernamental y cuyo precio no puede estar sujeto a la fría ley de la oferta y la demanda: sería impresentable que, por los mismos motivos, en las actuales circunstancias de la pandemia, se incrementasen los precios de las inhumaciones.
Nuestra Constitución propugna la justicia como uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, proclamando asimismo que los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social: el aumento del precio de la energía eléctrica en un 78% en los quince últimos años, con un incremento anual del 5,2 %, notablemente superior al IPC, siendo España el tercer país de Europa donde más ha subido el precio de la luz desde 2005, cerca de un 100%, no parece fundamentar nada positivo.
Asimismo, el precepto constitucional de que los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para una distribución de la renta regional y personal más equitativa, no supera la categoría de una mera declaración de intenciones en el caso en cuestión.
Ante el “tarifazo” eléctrico, los preceptos constitucionales de que los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo, mediante procedimientos eficaces, la seguridad, la salud y sus legítimos intereses económicos, sirviendo con objetividad los intereses generales y que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general, supone un insulto a la a la dignidad e inteligencia del ciudadano.
La Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, garantiza el suministro de energía eléctrica, adecuándolo a las necesidades de los consumidores en términos de seguridad, calidad, eficiencia, objetividad, transparencia y al mínimo coste, proclamando que constituye un servicio de interés económico general dejando al Gobierno y a las Administraciones Públicas la regulación y el control de las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, supone una burda falacia en comparación con las actuales tarifas eléctricas establecidas por quienes el interés económico general les trae sin cuidado al poner en riesgo la supervivencia de numerosas empresas.
La Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia determina que dicha Comisión tiene por objeto garantizar, preservar y promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos en beneficio de los consumidores y usuarios, actuando en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial, supone una grave distorsión de la realidad en el caso que nos ocupa y una agresión a la dignidad de consumidores y usuarios que no comulgan con ruedas y carretas.
Esperando que estas líneas redunden en beneficio de mis conciudadanos sin tropezar con la habitual sordera a los problemas de los ciudadanos por parte de los que nos desgobiernan, rogándoles hacer pública la identidad de los autores de la normativa de los nuevos precios de la energía eléctrica para someterlos al homenaje público,
Efrén Díaz Casal
Coronel de Infantería (R)
