El sistema de partidos en España ha pasado de ser prácticamente bipartidista en el conjunto del Estado, y tal bipartidismo aparece corregido por la presencia de los partidos nacionalistas que en sus territorios consiguen ser primeros o segundos en las circunscripciones en que aquellos se dividen. Lo que quiere decir, ni más ni menos, que cuando uno de las dos opciones políticas, que no me gusta calificar de derecha o izquierda, no alcanzan la mayoría absoluta en el Congreso, no existe una posible bisagra estatal con la que formar Gobierno o de la que obtener el sostén parlamentario necesario para formar una sólida mayoría capaz de sostenerlo, de modo que el ganador por mayoría relativa sólo es capaz de gobernar buscando el apoyo externo de partidos nacionalistas. Tal situación, dice Blanco, coloca a los «agraciados», en cada caso, en la posición de partidos extractivos, casi grupos de presión, que pasan a estar en condiciones de plantear su relación con el Gobierno nacional en unos términos muy claros: gobernabilidad nacional a cambio de poder regional. Si esos aliados nacionalistas del Gobierno del Estado son, además, como ocurrió en todo el periodo 1979-2019 en Cataluña y 1979-2019 en Vascongadas, agravado desde el 2019 hasta la actualidad, partidos gobernantes en sus respectivos territorios, la presión descentralizadora cobra entonces su sentido, pues el que presiona es el directo beneficiario de los réditos políticos y económicos que produce la presión.
La conclusión final del análisis precedente parece fácil de obtener: durante todo el tiempo trascurrido desde la puesta en marcha del sistema autonómico español, los tres elementos jurídico-políticos que se han apuntado en otros artículos de forma tan sucinta irán encadenándose para dar lugar, en sentido literal, a un autentico circulo vicioso: por una parte, nuestro sistema electoral ha dificultado extraordinariamente la aparición de bisagras estatales y ha puesto en manos de los partidos nacionalistas la gobernación general cuando uno de los grandes partidos estatales o tendencias políticas no ha alcanzado la mayoría absoluta en el Congreso; por la otra, esos partidos nacionalistas han tendido a comportarse como partidos extractivos, es decir, como simples grupos de presión cuyo objetivo era obtener más cuotas de poder para sus respectivos territorios; finalmente, y cerrando el círculo , todo ello ha sido posible por unas previsiones constitucionales que permitían la revisión constante del sistema, bien fuera a través de las reformas estatutarias, de las leyes de transferencias y delegación de competencias o de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de organización territorial.
El caso español encuentra notables paralelismos en un Estado europeo no lejano donde esa dinámica centrifuga ha sido dominante, pese a las diferencias numerosas y muy notables entre los dos modelos federales: Bélgica.
Enrique Area Sacristán
Teniente Coronel de Infantería.
Doctor por la Universidad de Salamanca
