Todo el mundo vincula la violencia con la política. En unos casos diciendo que la violencia está legitimada por la ausencia de determinadas condiciones políticas, de manera que no hay que fijarse en la violencia sino en la transformación de esas condiciones como en el caso catalán y vasco, donde se violentan las leyes y la convivencia normal de una sociedad. En otros casos diciendo que determinadas transformaciones políticas son la llave para acabar con la violencia, en cualquier caso, injustificable, En otros, por fin, afirmando que no hay posibilidad de cambios, ni siquiera de dialogo, políticos mientras exista la única vía unilateral de independencia.
En todos los casos, la actuación sobre el problema o los problemas políticos y la intervención sobre la violación de las leyes componen un paquete indisociable. Así lo expresa en su libro “La segunda transición” Ramón Zallo: De lo que hay que dialogar con todos es de cómo se encauza democráticamente el problema pendiente último, el contencioso catalán y vasco y algunas de sus manifestaciones como dónde deben cumplir sus penas los presos de ETA, o como se ha de atajar la emergente República Catalana, para que se integren en un nuevo marco político. Estos diálogos no podrían ser sólo con el PNV y la izquierda radical vasca ni con los partidos secesionistas catalanes y la izquierda republicana sino con todos, atacando el fondo del conflicto que tiene visos en Cataluña de convertirse en una expresión armada.
En el caso de vascongadas el problema de la ETA no ha tenido solución, porque se encuentran en las Instituciones de Gobierno, pero sí ha tenido fin. En Cataluña cualquier propuesta para acabar con la rebelión parece que debe pasar por el referéndum de autodeterminación que está en pleno proceso de desarrollo.
En cualquier caso, si esta es la situación, ¿se está queriendo decir que hay cosas que no podemos ni debemos hacer, pero podríamos hacer si cesa la violación de las leyes dialogando con los rebeldes?
Yo insisto en desvincular la violencia de la política democrática: no hacer nada que no se quiera hacer porque existe violencia, extorsión e imposición, pero no dejar de hacer porque exista esa violación, porque exista violencia, incluyendo la aplicación de la Ley de Estados.
No se trata de mirar para otro lado en una imposible táctica de avestruz, sino mirar también para otros lados y, sobre todo, de mirar para otros lados. Se trata de mirar la realidad no sólo desde la política, sino desde la ética cívica, cada vez más contaminada por el realismo sucio del cortoplacismo político. A fuerza de avanzar hacia el norte hemos acabado por empezar a bajar hacia el sur. Nos hemos pasado y todo lo estamos reduciendo al cálculo político cuando existen otras opciones en las que la extorsión al Estado de Derecho puede tener una contestación como la violencia democrática aplicando el artículo 8º de la Constitución, no sólo el 155.
¿La prueba? Miremos el estado actual de movilización social, rota políticamente.
Así pues, hablar de todo lo que se quiera, pero porque se quiere y porque se piensa en la ciudadanía, no porque se piensa en el objetivo de los nacionalistas que nunca van a conseguir. Las sociedades vasca y catalana avanzan por autovía mientras los violentos circulan, en el mejor de los casos, en paralelo y porque se les permite, por una vía de servicio.
Mezclar ambas rutas es, inevitablemente, cortocircuitar el ritmo autónomo de la sociedad como está ocurriendo en Cataluña.
Nunca tanta gente ha hablado en nombre del pueblo. Nunca una sociedad se ha visto tan incapacitada para opinar paradójicamente por la profusión de propuestas ante las que posicionarse. Con tanta propuesta sobre la mesa, deberíamos ser capaces de poder conocerlas, contrastarlas y valorarlas. Digamos, es un suponer, un año sin más intervenciones de políticos y articulistas sobre estas cuestiones. Un año de reflexión y, si se quiere de aclaraciones, matizaciones y contrastes discretos, ya que, al fin y al cabo, toda realidad social es un artefacto, una construcción.
Pero se ha dado por supuesta la finalización del ciclo autonómico: “ya no nos satisface, no nos integra, no nos promete un futuro”. ¿Quién es ese nos? Yo no soy ese «nos» y también soy Vasco, y, lo mismo pasa con muchos ciudadanos en Cataluña.
Cuando lo dramático es la violación de los derechos de la ciudadanía, por encima de todo, pero también las amenazas y agresiones, también la instrumentación política de los presos y sus familias por unos y por otros, teniendo en cuenta que nos da igual dónde cumplan sus penas sino que las cumplan en su integridad, obligarnos a mirar sólo desde el prisma político es un posible asesinato de la legalidad vigente y de la independencia judicial: los presos de ETA y los presos del proceso de Cataluña son presos comunes de alto riesgo, Ese es el trato que se les debe dar: una prisión de alta seguridad que ellos elijan, como las elijen el resto de los presos, algunos con crímenes tan aberrantes como los de «El Mataviejas», uno de los mayores asesinos en serie de España; mató a 16 mujeres y murió en la cárcel asesinado por sus compañeros por incumplir dos de las prescripciones de los presos: ser un violador y un chivato.
Enrique Area Sacristán.
Teniente Coronel de Infantería. (R)
Doctor por la Universidad de Salamanca.
