Todo el mundo parece haberlo olvidado, pero España fue el primer país en someter a referéndum la Constitución Europea y fue ampliamente aprobada por los españoles.
Sin embargo, en 2011 se produjo una reforma importante de la Constitución española.
En plena campaña electoral, y acosado por la amenaza de intervención de la economía española, el presidente Zapatero acordó con el líder de la oposición, Mariano Rajoy, la reforma del artículo 135 de la Constitución.
En dicha reforma se constitucionalizaba el principio de estabilidad presupuestaria exigido por la troika tras una preocupante escalada del déficit y la deuda, provocadas por la caída más brutal de ingresos públicos que causó la crisis financiera internacional de 2008.
Tramitada de urgencia y sin que fuera necesario celebrar un referéndum, la reforma del artículo 135 se erigió en blanco de toda la ira popular tras los recortes y el sufrimiento causado por la crisis en España.
El gobierno socialista, que había alcanzado las mayores cotas de protección social con la aprobación de la conocida como ley de dependencia, la subida sostenida del salario mínimo o de las pensiones mínimas durante siete años consecutivos, se convertía así en un gobierno de «recortes» debido a a la reforma del artículo 135, la congelación de pensiones, nunca de las mínimas, y el recorte del sueldo de los funcionarios.
Si a la mezcla le añadimos la subida del IVA y, sobre todo, el aumento del paro, tenemos la pócima mágica para que perdieran las elecciones.
El famoso «cueste lo que cueste» del presidente Zapatero costó y mucho al Partido Socialista en término de votos. Se evitó un rescate, no por la acción del PSOE sino por la posterior del Partido Popular, y perdieron las elecciones.
La semilla estaba plantada y germinó, primero en la movilización del 15M y luego en la aparición de un nuevo partido que negaba al PSOE su condición de alternativa a la derecha: Podemos.
A partir de 2011, para los españoles de izquierdas gobernaban el PP y el PSOE a las órdenes de la canciller de Alemania, quien, por cierto, tenia una gran coalición con el SPD. Pero para los españoles de centro-derecha gobernaba «la herencia socialista».
Podemos conectó perfectamente con el sentimiento contra la reforma del artículo 135 y utilizó el argumento hasta la náusea, no solo como prueba de los recortes, también del «no nos representan». Se abrió paso la necesidad de reformar una democracia elitista, envejecida y alejada de los ciudadanos, según sus postulados.
Si la reforma del artículo 135 fue la gasolina perfecta para Podemos, la aplicación del artículo 155 fue el agua que apagó su fuego y encendió los motores de Ciudadanos.
Podemos comprendió perfectamente la frustración y la ira social provocadas por la crisis, el paro y los recortes. Sintonizaba plenamente con esa sociedad indignada.
Sin embargo, Podemos no entendió la transformación social que había experimentado España tras cuarenta años de democracia y el proceso rupturista en Cataluña.
Una de las fundadoras de Podemos, Carolina Bescansa, sabía que el sentimiento en contra de la reforma del artículo 135 era tan abrumadora como la mayoría a favor de la aplicación del artículo 155 tras todo lo vivido en Cataluña: «Nos hemos olvidado de hablar a todos los españoles».
Cuarenta años del antiguo régimen del Generalísimo habían logrado que la descentralización política y la diversidad lingüística y cultural fueran una parte esencial de las ansias de democracia contenidas en el grito: libertad, amnistía y estatuto de autonomía.
El rechazo hacia los símbolos nacionales se había extendido desde los símbolos propios del franquismo hasta los propios de la democracia entre algunos sectores del centro izquierda. Ni que decir de la izquierda. Se decía que portar banderas era «progre» cuando se trataba de la catalana, la gallega o la vasca, pero era «facha» cuando se trataba de la bandera española, aunque fuera la mal llamada constitucional.
En el imaginario colectivo de muchos españoles de izquierda y republicanos un partido nacionalista español como el surgido con la gasolina del proces, VOX, es facha, pero un vasco o catalán es progre y tiene todo el sentido del mundo tras cuarenta años de régimen autoritario que muy pocos españoles conocen por no haberlo vivido ni estudiado en las Escuelas, o de forma sesgada.
En todo caso, la izquierda española ha evitado siempre, tras la Transición, la identificación con patrias, himnos y banderas, lo que, por otra parte, es lo suficiente para que surja un movimiento nacionalista español apoyado, precisamente, en la españolidad de España. ¡Qué evidencia más simple¡ Contra la negación de malos ciudadanos de la españolidad de la Patria, surge un partido que reivindica ese espacio perdido y olvidado por los dirigentes políticos de los partidos tradicionales, cuando no negado.
La cesión parcial del IRPF, la suspensión del servicio militar obligatorio, no la supresión del mismo, la cesión de competencias esenciales para la presencia y supervivencia del Estado nacional en todos los territorios, especialmente los mal llamados históricos, las televisiones públicas autonómicas, la revisión del cupo vasco, las políticas educativas o linguisticas, las inversiones del Estado en Cataluña y Basconia o la propia financiación autonómica formaran parte siempre de las exigencias de una parte de la ciudadanía que produce molestia por repetición y que dieron nacimiento a dos partidos, Ciudadanos y VOX, cada uno en el espectro político que le corresponde y que, lamentablemente o no, destilan un mensaje subliminal permanente contra la descentralización política de España.
España vive un nuevo tiempo en relación con el debate territorial. La España de 2020 no es la de 1978, ni siquiera la de 1998 en el que el Presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, garantizaba a José María Aznar, el apoyo del Grupo Parlamentario de CIU durante todo el año.
Enrique Area Sacristán.
Teniente Coronel de Infantería.
Doctor por la Universidad de Salamanca.
