Las denominaciones “izquierda” y “derecha” no pasan a los reglamentos parlamentarios hasta el primer reglamento de 1931 que, en su artículo 11, contemplaba la formación de fracciones o grupos parlamentarios; en el reglamento de 1934 se establece que los diputados ocupen sus escaños según el lugar asignado a su partido. En las Cortes actuales, desde 1977, los diputados toman asiento según el grupo parlamentario del que forman parte: los diputados del PSOE y demás partidos de izquierda se sientan a la izquierda del presidente y los diputados del PP y otros a la derecha.
Sin embargo es evidente que las denominaciones “izquierda” y “derecha” son anteriores a los reglamentos de la II República, con especial atención a la época del sexenio revolucionario, porque es entonces cuando estos términos se hacen explícitos en el Parlamento, y porque aparecen asociados precisamente a los valores de la izquierda de la “tercera generación”, propios de la I Internacional, la izquierda proletaria, a diferencia de la izquierda burguesa, aquella más internacionalista y menos preocupada por el nacionalismo. No obstante, fue la izquierda liberal la que llegará al poder durante la I República, en el año 1873, hasta que el General Pavía entra en el Parlamento. El partido denominado “izquierda dinástica”, que buscaba la canalización de la gran corriente liberal, se fundó en noviembre de 1882, pero no será presentada hasta 1919. De otra forma, a los presidentes de la I República podemos encontrarlos encarnando tanto los valores de izquierda de primera generación, como valores de izquierda influidos por el anarquismo. Particularmente esto es cierto en el caso de Pi y Margall, el creador de la línea federalista de España, que hoy han heredado muchas corrientes que militan en la social-democracia y, desde luego, en la extrema izquierda.
Un bloque de izquierdas se constituyó en 1909, frente al maurismo pero, en general, es durante el siglo XX cuando se irán diferenciando las distintas ideas de España adscribibles a alguna forma de izquierda, a alguna familia de sus valores. Y será a raíz del 98, la fecha simbólica del final del Imperio español, cuando la discusión nacional “sobre España” alcanzará su climax.
Una importante corriente de izquierdas se polarizará hacia los valores de la I Internacional en su forma más moderada, es decir, hacia el federalismo, levantando la bandera del “principio de autodeterminación de los pueblos” y llegando con frecuencia a posiciones liquidacionistas de la Nación española como sucede ahora. Las fuentes anarquistas del federalismo son evidentes; sin embargo, el federalismo no puede poner límites internos a las unidades sociales constituidas por federación: ¿por qué una federación española y no una Federación anarquista ibérica? ¿Por qué una federación anarquista ibérica y no también una federación europea, o ibero-marroquí-argelina?
El componente anti centralista del federalismo evolucionó hacía el soberanismo proclamado en algunas partes como Vascongadas y Cataluña. Sin embargo, ¿quién podría considerar como un proyecto de izquierda el proyecto soberanista de Sabino Arana con el PNV?
Decisiva fue la orientación que el PCE tomó en los comienzos de la Guerra Civil: si en los tiempos de la monarquía burguesa tenía algún sentido destruir la Nación española este sentido se perdía en los tiempos de una guerra popular nacional en la cual “los intereses específicos, la pequeña patria de los catalanes, vascos y gallegos se han convertido, dice Uribe, en parte inseparable de los intereses generales de la “Gran Patria”.
Representantes del PCE en la ponencia constitucional defendieron la idea absurda de una “Nación de naciones capaz de culminar en un Estado de Estados”, postura que se acerca mucho a la que defienden tanto PODEMOS como el PSOE en la actualidad.
Por mi parte supongo que el problema de los nacionalismos excluyentes en España, en cuanto problema político, no es un problema de libertad, los soberanistas piden la suya, ni de democracia, aquí ocurre otro tanto, ni de Estatuto o Constitución que los soberanistas quieren cambiar. El problema es un problema de secesión. El conflicto se plantea como un conflicto de voluntades políticas y de derechos entre España y unas partes suyas que buscan la secesión.
Aquí nada tiene que hacer, por tanto, la “libertad”, la “democracia”, la “Constitución” o el “Estado de derecho”. Y por eso la cuestión es esta: ¿Por qué nadie nombra a España en este pleito?
Quien no quiera engañarse o engañar a los demás poniendo como objetivo principal de la izquierda la federalización o la balcanización de España, ha de reconocer que las diferencias positivas entre los partidos o coaliciones nacionales de “izquierda” y los partidos nacionales de “derechas” en el siglo XXI, se mantienen, en este lado, mucho más importante que las diferencias de programas sociales donde se ha producido un cruce o intersección de corrientes de derecha con corrientes tradicionalmente consideradas de izquierda.
Pero me limitaré, con Gustavo Bueno, a formular la siguiente interrogación: ¿No es cierto que la izquierda, si bien encuentra serias dificultades para fijar una definición de la unidad política de España en premisas doctrinales firmes, según los valores de la función izquierda que considere, los encontrará insuperables para defender la posibilidad o la conveniencia de una “balcanización” o incluso de una federalización de España desde premisas doctrinales de izquierda más o menos firmes?
Enrique Area Sacristán.
Teniente coronel de Infantería
Doctor por la Universidad de Salamanca
