El Servicio Militar obligatorio nace como consecuencia y causa de las Naciones-Estado modernos en el siglo XIX, siendo su característica más importante la obligatoriedad de realizar este servicio durante un determinado periodo de tiempo y en la inexistencia de profesionales entre las clases de tropa. Hoy en día este modelo ha entrado en crisis, adoptándose un modelo mixto de reclutamiento que incorpora contingentes de soldados profesionales. En el caso de España, ya existían en la década de los 90, en determinadas Unidades, soldados profesionales.
En la Constitución española se parte del concepto jurídico de que el servicio militar es un derecho y un deber u obligación de todo ciudadano, donde estaban excluidas las mujeres; situación que se modificó de facto y realmente con la entrada en vigor de la profesionalización de este en el año 2000.
En la práctica ha existido un distanciamiento entre el espíritu del principio y la realidad social que tiende a verlo como una imposición. Este distanciamiento no se eliminó ni con la reducción de efectivos en los Ejércitos ni con las asignaciones presupuestarias del Ministerio dedicadas a la remuneración de las clases de tropa; lo que puede indicar un distanciamiento entre la Sociedad Civil y Militar, bien sea por las escasas remuneraciones que percibe el personal de tropa, bien por causas históricas no superadas.
Acogerse al derecho de objeción de conciencia con la realización, en lugar del Servicio Militar, de la Prestación Social Sustitutoria agravó el problema de reclutamiento forzoso en esta década de los 90 debido al incumplimiento de la citada prestación por motivos de una mala gestión de estos recursos humanos que carecían, a fin y a la postre de toda obligación de servir a la Patria en cualquiera de sus modalidades. No existían trabas administrativas o gravámenes descentivizadores que sometieran a los objetores y quien se declaraba como tal quedaba exento de realizar el Servicio Militar u otro de diferentes características.
Este Servicio Militar obligatorio cumplía, al menos, una triple función: formar un Ejército con unidades permanentes, capacitar a la totalidad de la población a participar en la Defensa común e integrar y adoctrinar al personal que pasa por filas en determinados valores comunes.
En relación con los medios, los ahorros que se consiguen en la remuneración de personal con respecto al reclutamiento estrictamente voluntario permiten equipar a un mayor número de hombres con un equipo aceptable. Frente a esta argumentación, los defensores del Servicio Militar voluntario, argumentan que resulta imposible hoy en día armar adecuadamente a grandes Ejércitos de masas.
Breve historia de la traición
La supresión del Servicio Militar Obligatorio (SMO)[1] en tiempo de paz fue pactada por el Partido Popular (PP) y Convergència i Unió (CiU) en abril de 1996, aunque los miembros del primer partido suelen obviar este origen de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, trasladándolo al discurso de investidura pronunciado por José María Aznar en el Congreso de los Diputados en el mes de mayo del mismo año[2]. No obstante, en su programa electoral el PP se mostraba favorable al modelo mixto de Fuerzas Armadas (establecido en 1991), si bien proponía incrementar el número de soldados y marineros profesionales hasta alcanzar los 70.000 en el plazo máximo de dos legislaturas y profesionalizar completamente la Armada, el Ejército del Aire y la Fuerza de Acción Rápida. Asimismo, pretendía reducir la duración del SMO hasta los seis meses e incrementar la retribución de la tropa de reemplazo hasta alcanzar gradualmente el 50% del salario mínimo interprofesional. A la inversa, CiU proponía efectivamente la supresión del SMO en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones legislativas del 3 de marzo de 1996 y el establecimiento de unas Fuerzas Armadas profesionales de 90.000 efectivos como máximo. Por su parte, el entonces partido en el gobierno, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), seguía defendiendo el modelo mixto de Fuerzas Armadas, que en el año 2000 estarían constituidas por 180.000 efectivos, de los cuales el 50% serían profesionales[3]. Sin embargo, los resultados de las elecciones legislativas del 3 de marzo de 1996 trastocaron las previsiones de unos y otros, en particular del Partido Popular[4].
Un mes y medio después de la celebración de las elecciones legislativas, concretamente el 17 de abril, la prensa publicó que el PP y CiU habían acordado profesionalizar totalmente las Fuerzas Armadas y, por lo tanto, suprimir el SMO. Aunque ambos partidos no establecieron inicialmente un plazo fijo para alcanzar dicho objetivo, entendían que se necesitarían seis años para ponerlo en práctica. Por su parte, el PP quería que la transformación del modelo mixto en otro profesional fuera el resultado del acuerdo de todos los partidos políticos y no sólo de los que apoyaran al previsible Gobierno popular[5]. Pero, el mismo día, José María Aznar estableció una condición para la profesionalización de las Fuerzas Armadas: las disponibilidades económicas y financieras, que no van a dar para mucho[6]. El 24 de abril, el PP y CiU llegaron a un preacuerdo de investidura que, en uno de sus puntos, establecía la supresión del SMO en el año 2001[7]. El Acuerdo de investidura y gobernabilidad suscrito por ambos partidos políticos perseguía entre otros un objetivo específico relacionado con el servicio militar: El objetivo en el ámbito de la Defensa es conseguir unas fuerzas armadas que otorguen al Estado en el contexto de la Alianza Atlántica y de la Unión Europea una auténtica capacidad disuasoria y, llegado el caso, la posibilidad de defenderse frente a una agresión. Las fuerzas armadas que España necesita deben ser flexibles, polivalentes, móviles, operativas y eficaces. En este planteamiento se enmarca el proceso de adaptación del servicio militar a estas exigencias de seguridad que se traduce, necesariamente, en una profesionalización progresiva hasta completar un modelo de fuerzas armadas totalmente profesional. El apartado 11.9, Servicio militar, del acuerdo proseguía afirmando: El actual modelo mixto se transformaría así gradualmente en uno profesional que ya no exigiría la prestación del servicio militar obligatorio. Por último, el PP y CiU aseveraban en el último párrafo del apartado citado: A tal efecto, PP y CiU acuerdan proponer la creación de una ponencia en el seno de la Comisión de Defensa para que, en un plazo no superior a un año, establezca la fórmula y plazos para conseguir la supresión del servicio militar obligatorio teniendo muy presentes las razones económicas y presupuestarias que lleva aparejada esta medida. En este proceso de modernización de las fuerzas armadas, similar al emprendido en otros países de la Unión Europea, se intentará buscar el máximo apoyo parlamentario posible. El plazo de consecución de este modelo profesional será el del año 2001, siempre y cuando lo permitan las necesidades presupuestarias y las exigencias de la Defensa [8]. Como se puede observar, en el apartado sobre el servicio militar del acuerdo se afirmaba implícitamente que las Fuerzas Armadas españolas carecían de una capacidad disuasoria efectiva. Además, seguían estando muy presentes las necesidades presupuestarias (más que económicas) en el proceso de profesionalización de los Ejércitos. Precisamente, el hecho de que la política de defensa sea una política de Estado y que el paso del modelo mixto al profesional vaya a durar más de una legislatura – finalizaba teóricamente en el año 2000- exigen que la profesionalización de las Fuerzas Armadas sea el resultado del acuerdo de al menos los dos mayores partidos políticos del país [9]. Por último, en el texto del acuerdo no se decía nada de un aspecto fundamental del problema: los efectivos de las futuras Fuerzas Armadas profesionales, de cuyo número dependerá lógicamente el coste del nuevo modelo. Este silencio es especialmente llamativo porque, como hemos visto más arriba, CiU proponía en su programa electoral que el Ejército profesional tuviera como máximo 90.000 miembros. Por el contrario, el Gobierno contempló en un principio unas Fuerzas Armadas profesionales integradas por 150.000 hombres y mujeres.
A pesar de la firma de este acuerdo, en la declaración programática leída por el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, tras la primera reunión del Consejo de ministros, se afirmaba: El Gobierno fortalecerá la defensa nacional en sus distintas dimensiones e impulsará la sustitución del actual modelo mixto de las Fuerzas Armadas por otro estrictamente profesional. Favorecerá asimismo la participación de las Fuerzas Armadas en misiones de paz y expresa su pleno apoyo a las actualmente presentes en Bosnia [10]. La utilización de algunas expresiones dotadas de una cierta vaguedad (fortalecer, impulsar, favorecer) en esta declaración arrojaban, y siguen haciéndolo en la actualidad, sombras acerca de las intenciones reales y sobre todo de los resultados finales de la política de defensa del nuevo Gobierno, que, unidas a las limitaciones presupuestarias, podrían dar como resultado un Ejército profesional, pero relativamente ineficaz, como así ha sido, además de suponer causa y efecto, despué de 24 años, de la desaparición del Estado-Nación, España, en la actualidad por no haberse cumplido por parte de las Instituciones nada de la Declaración Programática tras la primera reunión del Consejo de Ministros.
Si el Servicio Militar obligatorio nace como consecuencia y causa de las Naciones-Estado modernos en el siglo XIX, podemos afirmar que su suspensión es consecuencia y causa de la desaparición del Estado Nación, en el siglo XXI.
NOTAS
[1] Sobre la historia del servicio militar durante los siglos XVIII, XIX y principios del XX, véase PUELL DE LA VILLA, Fernando, El soldado desconocido. De la leva a la «mili» (1700-1912), Madrid, Biblioteca Nueva, 1996. Acerca del período inmediatamente posterior, véase GARCÍA MORENO, José Fernando, Servicio militar en España (1913-1935), Madrid, Servicio de Publicaciones del Estado Mayor del Ejército, 1988. Por otro lado, desde finales de los años ochenta y, tal vez, como reflejo de la crisis del SMO, se han publicado un buen número de obras sobre la que es conocida popularmente como la mili. Entre ellas y sin ánimo de querer ser exhaustivo, se podrían citar las siguientes: HERRERO-BRASAS, Juan A., Informe crítico sobre el servicio militar, Madrid, Ars Media Ediciones, 1989, segunda edición (corregida y ampliada); COSIDÓ, Ignacio, El Servicio Militar en los 90: perspectivas de cambio, Madrid, Fundación «José Canalejas», 1990; BARROSO RIBAL, Cristino, ¿Para qué sirve la «mili»? Funciones del servicio militar obligatorio en España, Madrid, Siglo XXI, 1991; AGUILAR, Miguel Ángel y BARDAJÍ, Rafael L., El servicio militar: ¿obligatorio o voluntario?, Madrid, Tecnos, 1992; el número monográfico de la revista Política Exterior (26, 1992) sobre La reforma de las Fuerzas Armadas y el servicio militar; FERNÁNDEZ SEGADO, Francisco (editor), El servicio militar: aspectos jurídicos y socio-económicos, Madrid, Editorial Dykinson, 1994; FERNÁNDEZ VARGAS, Valentina y COSIDÓ GUTIÉRREZ, Ignacio, El servicio militar en España. Argumentos a favor y en contra del servicio militar obligatorio, Madrid, Instituto de Cuestiones Internacionales y Política Exterior (INCIPE), 1996. Sobre la profesionalización de las Fuerzas Armadas españolas, la bibliografía es lógicamente escasa: HERRERO BRASAS, Juan Antonio, «El ejército profesional. Una propuesta de reforma», Claves de Razón Práctica, nº 66, octubre 1996, pp. 38-50; LABATUT, Bernard y MARTÍNEZ PARICIO, Jesús, «Espagne: vers l’armée de métier», Défense Nationale, novembre 1996, pp. 61-68; ALEÑAR GINARD, Martín (coordinador), La profesionalización en los Ejércitos. Un cambio radical de mentalidad para un Estado moderno, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1996; SÁNCHEZ-GIJÓN, Antonio, «La Defensa se defiende en las Cortes», Política Exterior, nº 56, marzo/abril 1997, pp. 73-85; FISAS, Vicenç, «Los presupuestos de defensa para 1997 y el coste de la profesionalización de las Fuerzas Armadas», en AGUIRRE, Mariano (ed.), Anuario CIP 1996-1997. Las guerras modernas: pobreza, recursos, religión, Barcelona. Madrid, Icaria. Centro de Investigación para la Paz, 1997, pp. 317-330; y GARCÍA DE LA CRUZ, Juan José, «La seudoprofesionalización de la tropa», Claves de Razón Práctica, nº 82, mayo 1998, pp. 59-65.
[2] Véase Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Pleno y Diputación Permanente, Año 1996, VI Legislatura, nº 2, p. 36.
[3] «La defensa en los programas electorales», Revista Española de Defensa, nº 96, febrero 1996, pp. 22-25.
[4] El PP consiguió el 38,79% de los votos (156 escaños de un total de 350); el PSOE, el 37,63% (141 escaños); y CiU, el 4,60% (16 escaños) (Anuario El País, Madrid, Ediciones El País, 1997, p. 62).
[5] «PP y CiU se comprometen a abolir la mili», El País, 17/4/1996, p. 13.
[6] «Aznar condiciona la supresión del servicio militar a los presupuestos», El País, 18/4/1996, p. 15. La cursiva es mía. En su discurso de investidura, Aznar reiteró el argumento de que el Gobierno tenía la intención de «llegar a la plena profesionalización en el plazo de seis años, si las disponibilidades económicas lo permiten» («El Parlamento estudiará la profesionalización de las FAS», Revista Española de Defensa, nº 100, junio 1996, p. 21).
[7] «Los contenidos del pacto», El País, 26/4/1996, p. 18.
[8] «Acuerdo de investidura y gobernabilidad. Texto íntegro del pacto de legislatura firmado por el PP y CiU», El País, 29/4/1996, pp. 18 y 19. La cursiva es mía. Aunque en este acuerdo se hablaba de la constitución de una ponencia, finalmente se formó una comisión mixta de diputados y senadores, en la que se constituyó posteriormente dicha ponencia («La comisión para suprimir la mili se constituirá antes del verano», El País, 1/6/1996, p. 22). A pesar de que la fecha de 2001 aparece citada expresamente en el acuerdo de investidura y gobernabilidad, con posterioridad se habló también del año 2003 («Defensa prevé que los nacidos a partir del 1 de enero de 1984 no tengan que hacer ya la mili», El País, 10/6/1996, p. 15) e incluso del 2002 («El ejército de Aznar», El País Domingo, 16/6/1996, pp. 1-3). A pesar de este baile de fechas, el SMO será suprimido antes del 1 de enero de 2003.
[9] Véase la opinión de Julián Arévalo Arias, ex secretario de Estado de Administración Militar del Gobierno socialista, sobre el futuro inmediato de las Fuerzas Armadas españolas en su artículo «Un modelo de Fuerzas Armadas para el siglo XXI», El País, 7/12/1996, p. 16. El principal partido de la oposición, el PSOE, ha asumido la implantación de unas Fuerzas Armadas profesionales, pero vigilarán su coste, con el objeto de que la financiación de la profesionalización de las mismas no afecte a las políticas de bienestar social, y «el número y la composición de sus efectivos, con el fin de luchar contra su configuración como reducto de la marginación social» («El PSOE teme que el Ejército profesional se torne un reducto de marginación social», El País, 12/2/1997, p. 21). Sobre la posición del PSOE acerca de la profesionalización de las Fuerzas Armadas, véase más adelante.
[10] «Declaración programática del Consejo de Ministros. El Gobierno promete austeridad, diálogo y transparencia», El País, 8/5/1996, p. 18.
