LA POBLACIÓN Y EL NACIONALISMO VASCO. (VI). La reconciliación y el perdón.
POPULATION AND BASQUE NATIONALISM.
Enrique Area Sacristán.
Teniente coronel de Infantería y Doctor por la Universidad de Salamanca
RESUMEN: En este artículo propongo una aproximación a la naturaleza de la reconciliación y el perdón en el contexto de los recientes acontecimientos históricos ocurridos en los últimos 50 años, como la conditio sine qua non de la transición entre situaciones de conflicto social y político y de reconciliación, y por ende como un presupuesto esencial e instrumento concomitante para la aplicación de los denominados períodos de «justicia transicional» basados en la premisa de que, cuando en un Estado se están desarrollando negociaciones de poder significativas, es posible introducir cambios sociales, económicos y políticos, recomendados por la experiencia y el análisis del conflicto vasco.
El conflicto armado, violento, llegó a su fin, pero el conflicto social y político sigue latente mientras no se den las condiciones para la justicia y la reconciliación —de la sociedad vasconavarra consigo misma y de las múltiples identidades españolas entre sí— esto es, de una reconciliación intercultural. Estas condiciones requieren, como su conditio sine qua non, de un combate contra el olvido, esto es, de un rescate de la verdad de lo sucedido, frente a la “verdad oficial” que, también ha sido mediática, construida durante cuatro décadas en estas Comunidades. Veamos brevemente el tema de la reconciliación.
PALABRAS CLAVE: ETA, MVLN, Jóvenes, Violencias, Religión de reemplazo
ABSTRACT: By means of this article I suggest an approximation to reconciliation and forgiveness referring to recent historial events which happened during the last 50 years, as the «sine qua non » condition in situations such as social and political conflict as well as reconciliation and therefore as an instrument to apply the period of » transitional justice» basesd in the premise that, when significant negociations of powers are taking place in a country, it is possible to introduce social, economical and political changes , recommednded by the analysis and experience in the basque conflict.
The armed and violent conflict came to an end, but the social and political conflict is still latent while the conditions for justice and reconciliation are not real in the basquenavarro society with itself and among the multiple identities of the spanish nation that means an intercultural reconciliation. These conditions require a combat against oblivion, that means a rescue of the truth of what happened, facing the «oficial truth» which has also been a media phenomenon built during four decides in these Communities.
Let’s briefly comment the reconciliation.
KEY WORDS:ETA, MVLN, Youth, Types of violence, Religions of replacement
La reflexión que sigue en torno a la “reconciliación” es menos “objetivo” de todo lo que hemos tratado en artículos precedentes y da un paso hacia la interrogación retrospectiva de las experiencias constitutivas correspondientes. Partimos, sin embargo, todavía, de nuestro “hilo conductor” fáctico: el caso del conflicto interno armado de carácter sociopolítico que afligió a España/Basconia las tres últimas décadas del siglo XX y primera del XXI, de donde extraemos tres términos que componen una suerte de “ecuación”, o incluso “silogismo”, — aunque luego se revele que ellos se inscriben en un contexto más vasto de la experiencia, descriptible fenomenológicamente. Así, partimos de la convicción de que la “reconciliación” es el término final de una ecuación cuyo término mayor es la verdad y el término medio (tácito) es la justicia. Pero como Husserl observa en sus “Meditaciones cartesianas”, aunque un juicio obtenga su validez de otro, llegará un momento en que la cadena argumentativa deba finalmente extraer su validez de una experiencia evidente originaria. La ecuación como un todo, por ende, se entiende dentro de un contexto que, a su vez, es un proceso, esto es, un flujo temporal humano, ergo, histórico.
En el caso vasco-español, el proceso histórico sobre el que nos parece se funda la ecuación “verdad-justicia-reconciliación”, tiene fundamentalmente dos elementos: (a) un cuerpo social complejo, y (b) un conflicto. El cuerpo social complejo es la sociedad vasco navarra, de múltiples componentes que difieren entre sí, en sus etnias, lenguas, tradiciones y costumbres reales, ficticias o imaginarias. Él se auto reconoce a través de un “acto fundacional” o constituyente, originario, históricamente datable en el siglo XIX, en el que, suprimidos los fueros vascos en el XIX, apareciendo una deformación ideológica del carlismo tradicional, perdida la guerra civil del 1936-39, posteriormente derogadas las Leyes Orgánicas del régimen del Generalísimo y aprobada la Constitución de 1978 con acceso a las nacionalidades y derechos históricos de ciertas Comunidades, inventa su “identidad nacional” imponiendo el uso de una lengua, tradiciones, religión y costumbres “oficiales” sancionadas por una Constitución. La “ley de leyes”, a su vez, no es sino el fruto, abstracto y formal, de un acuerdo entre las partes o componentes del cuerpo social. En ella se establecen, igualmente de modo abstracto y formal, las condiciones de las “relaciones armónicas y justas” entre sus componentes. Dichas condiciones —insisto: abstractas y formales— respondieron, a su vez, en gran medida a la perspectiva parcial de una parte o componente hegemónico del cuerpo social que, por pertenecer a la fracción vencedora y lengua dominantes, ocupa durante un largo período los cargos oficiales de gobierno. Esta ocupación —no compartida— conduce a la confusión interesada de “gobierno” y “estado” en tanto tal. En cuanto al conflicto, éste anida de modo latente en el cuerpo social desde la derrota en la guerra civil y la denominación de provincias traidoras con la anulación de todos sus privilegios forales de Vizcaya y Guipuzcoa, los de Alava se respetaron, y se expresa intermitentemente a lo largo de su proceso histórico de distintas maneras. En verdad, buena parte del conflicto se genera de facto a partir de continuas violaciones que contravienen a los “derechos de los ciudadanos”, reales o ficticios, los fueros, y a la condición misma de ciudadanía, estipulados en las diferentes Constituciones del siglo XIX y principios del XX, fundamentalmente en relación con un sector de la población. El conflicto se expresa, pues, según una de las facciones en lid, en la exclusión, marginación y discriminación de facto de la cultura, leyes o fuero y tradiciones rurales, fundamentalmente la vasca. El cuerpo social, sin embargo, continúa reformulando su Constitución a lo largo de su historia democrática, intentando reconstruir “en la letra”, formal, los derechos que se conculcan imaginariamente en la praxis de las relaciones sociales mismas. Esta forma velada —o “estructural”— de violencia “sentida” se expresa en el daño moral perpetrado a la Comunidad entera, siendo plenamente responsable de él el componente del cuerpo social que continuamente ejerció la conducción gubernamental del mismo desde el siglo XIX. El conflicto finalmente estalla de nuevo en un proceso manifiesto de violencia —entre 1970 y 2010— que enfrenta brutalmente las partes del cuerpo social y saca a la luz la incongruencia entre el marco justo y armónico, abstracto y formal, de sus relaciones sociales, por un lado, y las condiciones injustas y tensas, concretas y materiales, según los nacionalistas, efectivas, por el otro pero que datan de antaño con las guerras carlistas, la guerra civil y el largo régimen del Generalísimo.
Estas premisas extraídas de la experiencia histórica constituyen el trasfondo de la ecuación “verdad – justicia – reconciliación” en el País Vasco. La verdad conduce a la reconciliación por la mediación de la justicia. Pero la verdad como término mayor —cuyas posibilidades y límites se hallan en la constitución de la evidencia moral— sólo puede entenderse provisionalmente como un desvelamiento de las perspectivas del cuerpo social en su totalidad, y no sólo de aquéllas de personas o grupos con intereses particulares en él, cosa que sólo perpetuaría el conflicto como está ocurriendo.
Término medio de la ecuación que tiene a la reconciliación como conclusión es la justicia. Consiste en el reconocimiento público e institucional por las partes de su responsabilidad ante el daño. La justicia es realización parcial de la reconciliación, pues pone en marcha —a nivel político— una de sus dimensiones: la síntesis de coincidencia requerida entre el estado, expresado por la Constitución, y la sociedad. La justicia es, asimismo, la instancia a través de la cual el Estado se compromete con otro aspecto inseparable de la reconciliación, puesto que va ligado al reconocimiento del daño ocasionado real o imaginariamente: aquél de las reparaciones diversas, materiales, jurídicas, morales y psicológicas a las víctimas sobrevivientes o sus familiares.
La reconciliación, en conclusión, puede abordarse como término final de la ecuación que tiene a la verdad como término mayor y a la justicia como término medio. La reconciliación es también una experiencia que, descrita fenomenológicamente, exhibe una estructura temporal. En tanto tal, es un proceso, por lo que la ecuación de la que forma parte debe entenderse también como un proceso. Se sostiene con frecuencia que la reconciliación ha de entenderse como la fundación renovada del “acuerdo” social, a nivel político —entre el estado, sus instituciones y la sociedad, o entre los partidos políticos, el estado y la sociedad; a nivel propiamente social —entre los espacios públicos y las instituciones de la sociedad civil; y, a nivel interpersonal —entre todos los miembros del cuerpo social, y especialmente entre los miembros de aquellos grupos o instituciones enfrentados en el conflicto armado. Este acuerdo debe poder reflejarse en la educación, en la familia, en los medios de comunicación y en la vida cotidiana de todos los ciudadanos. Pero condición fenomenológica de la constitución de este acuerdo es la temporalidad, en el sentido de un proceso que por principio no termina y siempre se renueva mientras perdura el cuerpo social. Así, el horizonte propio de la reconciliación no se encuentra en el pasado; es más bien su apertura al presente y su orientación al futuro. De ese modo, la reconciliación se constituye como el objetivo siempre renovado de una praxis social, histórica y ética. Mas, como sostenía también Hannah Arendt al analizar los fenómenos del mal banal y de la violencia, la reconciliación debe distinguirse netamente del perdón, experiencia estructuralmente distinta, así como de sus fenómenos concomitantes, la culpa y el arrepentimiento, sin negar por cierto que éstos puedan, y deban eventualmente, acompañar y enriquecer las dimensiones interpersonales de la reconciliación, o incluso consolidarla (“La condición humana”, Ana Harendt). El perdón y el arrepentimiento son actos personales e individuales por excelencia, esencialmente asimétricos y orientados hacia el horizonte del pasado, vale decir, a la “liberación del peso” del remordimiento y la culpa —por parte del perpetrador del daño— y al auto-reconocimiento de la “superioridad moral” —por parte de la víctima— que con dicho acto gratuito del perdón se libera él mismo de la fuerza moral de los hechos, irreversibles, del daño.
Posible solución:
Los vascos llevamos algo más de dos siglos enfrentándonos por nuestra forma de relación con España y, desde que Sabino Arana enunció su proyecto nacional, sobre como dotarnos de un marco de convivencia que reconcilie la construcción de la nación-nacionalidad con el reconocimiento de la pluralidad social, cultural y política de la Euskadi real. La Constitución de 1978 obtuvo en Euskadi más votos afirmativos que negativos (incluso añadiendo a éstos la abstención diferencial con la media española); es decir, la mayoría de los vascos sancionamos entonces el sistema constitucional vigente, dotándonos de un marco democrático compatible con una autonomía amplia como la que hoy disfrutamos. No es por lo tanto la vigencia de un marco institucional impuesto lo que nos enfrenta, sino nuestras diferencias ideológicas y políticas: carlistas y liberales ayer, constitucionalistas e independentistas hoy.
Según Jon Larrinaga, ex secretario general de Euskadiko Ezkerra, «se trataría de explorar nuevos caminos para ir trabajando un proyecto de reconciliación de los vascos, poniendo al servicio del mismo todas las energías políticas e intelectuales que estos últimos años hemos invertido al servicio del desencuentro y la confrontación. Estamos ante una labor que requiere de una revisión tanto del concepto de nación-nacionalidad, como del concepto de soberanía, del ámbito de la Euskadi posible, de los contenidos de la cultura nacional, del marco institucional y, todo ello, teniendo presente nuestra pertenencia a una Unión Europea.
En primer lugar, una labor de esta naturaleza requiere de una actitud de los partidos democráticos diferente a la manifestada desde el fin del Pacto de Ajuria-Enea, pero también diferente a la vigente anteriormente. En esta línea de reflexión parece inmediato entender que la construcción de la nación-nacionalidad en sus componentes básicos debiera de continuar como una labor compartida entre nacionalistas y no nacionalista, y no como una tarea de los primeros frente a la resistencia de los segundos. De hecho, nuestra autonomía se ha constituido, en parte, sobre bases compartidas, pero se ha interiorizado desde el nacionalismo como una conquista propia, y desde el no nacionalismo, como una cesión, a cambio de nada, a favor de los nacionalistas.
En segundo lugar, deben de establecerse los cauces para llevar adelante la iniciativa de reconciliación. En una sociedad democrática instalada, el primer cauce es el Parlamento vasco y el Parlamento de la Nación y a ellos les corresponde el protagonismo en esta tarea. La utilidad de otros foros es, sin duda, indiscutible en un ambiente social tan deteriorado, pero aquéllos nunca pueden sustituir y menos superar la legitimidad que reside en los Parlamentos pero teniendo en cuenta que el más importante en este caso es el Parlamento Vasco.
En mi opinión, en el Parlamento vasco debería constituirse una comisión de todos los partidos en él presentes que hiciera una valoración con conclusiones positivas: primero, de los desacuerdos conceptuales que hoy nos siguen enfrentando e impiden que tengamos un proyecto común de nación-nacionalidad, y segundo, de los resultados del proceso autonómico para su divulgación en la sociedad vasca. Posteriormente, se procedería a la apertura de un debate sobre la reforma institucional necesaria para una construcción nacional compartida, respetando siempre el marco constitucional vigente y la democracia.
Para resolver nuestro problema no hay más que dos recetas: compartir la construcción nacional y respetar la democracia. En el siglo XIX los vascos no fuimos capaces de definir un proyecto nacional; hasta Sabino Arana llegó tarde. De hecho, nuestras voluntades habían estado divididas y enfrentadas desde tiempos atrás y la idea de Arana surgió como un proyecto de resistencia ante la iniciativa de otros vascos de participar activamente en la conformación de la nación española.
Hoy, en el marco de la construcción europea en pleno siglo XXI, podemos sacar de dicho proceso dos enseñanzas prácticas: la necesidad de compartir un proyecto y la de establecer unos cauces de decisión a los que todas las partes reconozcan su validez. Y también, en dicho marco, nos toca entender que el espíritu dominante en esta Europa es el de la unión y no el de la separación. No sería bueno para los vascos que nuestros retrasos del siglo XIX lo paguen los europeos del siglo XXI, contemplando un proceso de tensión separadora opuesto a su esfuerzo de unión, con el riesgo añadido de las posibilidades de contagio en otras regiones europeas.
Sin duda, tiene más sentido histórico que los vascos nos apliquemos en lograr la reconciliación en torno a un proyecto nacional compartido y en un marco institucional en el que prime la aplicación del principio de democracia para el logro de cualquier objetivo político. Si hoy no somos un modelo nacional para nadie es sencillamente porque no nos lo hemos propuesto como tarea compartida, y así podemos continuar, fracaso tras fracaso. Eso sí, echándole la culpa a España, unos, y al nacionalismo étnico otros».
Bajo las propuestas de los distintos Acuerdos y Pactos desarrollados por las partes en lid, de los que se extrae lo más importante, y teniendo en cuenta que los tres no son coincidentes en la orientación que tienen para conseguir la reconciliación que se pretende, creo firmemente que para conseguirla es necesario, como dije en el artículo de ayer, «dicutir» sin dejar a ningúna de las fracciones de las partes fuera de ella y sin negar a priori cualquier propuesta de las partes, con la finalidad, cuesten las horas que cueste, de reconciliar a la Sociedad Vasco-Navarra y esta con el resto de España:
1.- El Acuerdo de Madrid sobre Terrorismo fue firmado el 5 de noviembre de 1987 en el Congreso de los Diputados por el PSOE, AP, CDS, CIU, PNV, PDP, PL, PCE y EE.
Los partidos políticos, PSOE, AP, CDS, CIU, PNV, PDP, PL, PCE y EE asistentes a la reunión celebrada en el Congreso de los Diputados el día 5 de Noviembre de 1987, después de un proceso de conversaciones y reflexiones conjuntas, partiendo de la consideración de que el terrorismo es un problema de Estado, acuerdan:
1.- Asumir los principios contenidos en la resolución sobre la violencia aprobados por el Parlamento Vasco el 14 de marzo de 1985 por lo que en virtud de los mismos:
- 1.2.- Manifestamos nuestro común empeño en continuar fieles a la voluntad expresada por los habitantes del País Vasco al aprobar mayoritariamente el Estatuto de Autonomía, cuyo pleno desarrollo debe constituir el marco de resolución de los conflictos y de la convivencia democrática en el País Vasco.
- 4.- Establecer mecanismos de información entre los Partidos y el Gobierno así como ámbitos de discusión entre las organizaciones políticas para continuar reflexionando conjuntamente sobre los problemas que dan origen y se derivan del terrorismo y la forma más eficaz para conseguir su definitiva erradicación de nuestra sociedad.
- 1.6.- Llamamos a todos los ciudadanos para que individualmente y a través de las asociaciones y agrupaciones de la sociedad civil en que se integran, asuman sus responsabilidades y trabajen por la desaparición del fanatismo y la intolerancia en nuestra convivencia, y por la consolidación de la libertad como elementos básicos de la sociedad que, entre todos, debemos construir.
- 1.7.- Pedimos a los responsables de los medios de comunicación que -desde el respeto a la libertad de expresión- colaboren con las Instituciones representativas de la voluntad popular y a través de los medios a su alcance, en desarrollar el ambiente social necesario para la generalización de los valores del respeto mutuo, la tolerancia y el rechazo de la violencia y el terrorismo.
- 5.-Mantener un proceso abierto de cooperación interpartidaria que permita estudiar la consecución de futuros acuerdos que se deriven de los mecanismos de información y discusión que se establecen.Entender que el acuerdo a alcanzar en la Comunidad Autónoma Vasca por los partidos políticos es elemento fundamental para el logro de la Paz en Euskadi y en el conjunto del Estado. Por ello valoramos positivamente la iniciativa del Lehendakari del Gobierno Vasco, animamos a dichos partidos políticos en su empeño por alcanzar un acuerdo definitivo y unánime frente a la violencia, y, en tal supuesto, anunciamos nuestra voluntad de compartir, en su día, dicho acuerdo.
2.- El Acuerdo para la Normalización y Pacificación de Euskadi, más conocido como Pacto de Ajuria Enea por haber sido firmado en el Palacio de Ajuria Enea, sede de la Presidencia del Gobierno Vasco, en Vitoria, fue suscrito el 12 de enero de 1988 por Alianza Popular (AP), Centro Democrático y Social (CDS), Euzko Alderdi Jeltzalea-Partido Nacionalista Vasco (EAJ-PNV), Euskadiko Ezkerra (EE), Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE), Eusko Alkartasuna (EA) y el lendakari del Gobierno Vasco con la intención de trabajar por la erradicación del terrorismo de ETA. Los firmantes compartían la necesidad e importancia de la acción policial que contribuyera a la erradicación del terrorismo, a la protección de los principios que conforman la convivencia democrática y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores.
«Así pues, los partidos abajo firmantes aprobamos el siguiente ACUERDO PARA LA NORMALIZACIÓN Y PACIFICACIÓN DE EUSKADI, del que se extraen los puntos más importantes en relación con la voluntad de reconciliación y perdón:
- 3. El Gobierno de la Comunidad Autónoma, contando con el apoyo activo de los representantes del pueblo vasco, está llamado a encabezar toda acción política y social frente a la violencia de cara a la consecución de la paz. Entendemos necesario y urgente el establecimiento de un acuerdo estable y definitivo entre el Gobierno de la Comunidad Autónoma y el Gobierno de Estado del que se derive una acción coordinada para combatir el terrorismo, en la que se contemple la asunción progresiva de responsabilidades en la materia por parte del Gobierno Vasco en consonancia con el Acuerdo unánime del Parlamento Vasco del 16 de octubre de 1987, y en desarrollo del Artículo 17 del Estatuto de Autonomía.
- 4. Ante la violación sistemática de los principios que conforman la convivencia democrática y especialmente el derecho a la vida, abogando por una solución democrática y respetuosa de los derechos humanos frente al problema de la violencia, compartimos la necesidad e importancia de la acción policial que contribuya a la erradicación del terrorismo, a la protección de dichos principios y a la prevención de atentados y la persecución de sus autores.
- 5. Expresamos nuestra convicción de que la colaboración internacional entre los gobiernos y los distintos poderes judiciales es indispensable para la erradicación de la violencia, a fin de prevenir la comisión de nuevos atentados y evitar la impunidad de quienes los han cometido o los pudieran todavía cometer, colaboración que debe producirse acorde con los principios que rigen las relaciones internacionales y el respeto a los derechos humanos.
- 8. Hacemos, igualmente, un llamamiento a quienes, aun ostentado representación parlamentaria, no ejercen sus derechos y obligaciones inherentes a la misma, para que, al igual que el resto de las fuerzas políticas, asuman las responsabilidades institucionales y defiendan desde ellas sus propios planteamientos políticos. En tal sentido, la legitimidad de todas las ideas políticas, expresadas democráticamente, tiene en el marco parlamentario, la vía de defensa y, en su caso, de incorporación al ordenamiento jurídico de cualquier reivindicación.
- 12. Reiteramos nuestro apoyo al texto consensuado en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco en relación con las ayudas a víctimas de atentados terroristas y sus familiares, en sesión celebrada el 13 de mayo de 1987.
- 14. Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos vascos para que, individualmente y a través de las asociaciones ciudadanas, sindicales, empresariales y profesionales en que se integran, trabajen activamente en favor de la tolerancia, del respeto recíproco y de la libertad personal y colectiva como elementos básicos de la convivencia pacífica y constructiva de la sociedad. Dirigimos muy especialmente este llamamiento a los responsables políticos, a los educadores, a los profesionales de la información, quienes están llamados a desempeñar, por su indudable influencia en los comportamientos sociales, un papel importante en el proceso de pacificación de nuestra sociedad.
- 15. Invitamos a todas las instituciones vascas -Juntas Generales, Diputaciones Forales, Ayuntamientos y demás entidades públicas- a que, asumiendo el sentir de este Parlamento, se sumen a este acuerdo para la Normalización y la Pacificación y trabajen en sus respectivos ámbitos para lograr la plena instauración de la convivencia democrática en Euskadi. Por ello y a través de nuestros representantes, nos comprometemos a adherirnos a este acuerdo en la próxima reunión de las respectivas instituciones.
- 16. El contenido de este acuerdo se trasladará al Gobierno del Estado y a los partidos firmantes del Acuerdo de Madrid, de 5 de noviembre de 1987.
- 17. Al objeto de propiciar el diálogo permanente entre las distintas fuerzas políticas, profundizar en las vías que posibiliten la incorporación de quienes hoy no aceptan la voluntad mayoritaria del Pueblo Vasco y garantizar el cumplimiento del presente acuerdo, solicitamos al lehendakari continúe liderando el proceso en aras de la total normalización del país».
- Y, en prueba de conformidad con el Acuerdo que antecede, lo firman, en Ajuria Enea, sede de la Presidencia del Gobierno. Vitoria-Gasteiz, a 12 de enero de 1988
- Por AP: Julen Guimón Ugartechea Por el CDS: Alfredo Marco Tabar Por EE: Kepa Aulestia Urrutia Por EAJ-PNV: Xabier Arzalluz Antía Por el PSE-PSOE: José María Benegas Haddad Lehendakari: José Antonio Ardanza Garro
3.- El Pacto de Estella (Lizarrako Akordioa en euskera), también conocido como Acuerdos de Estella, Pactos o Acuerdos de Lizarra y, posteriormente, Acuerdos de Lizarra-Garazi, fue un acuerdo político suscrito el 12 de septiembre de 1998 en la localidad navarra de Estella (Lizarra en euskera), en la Casa de Fray Diego de Estella, durante la tercera reunión del Foro de Irlanda. Este pacto fue firmado por todos los partidos políticos nacionalistas vascos, así como por Ezker Batua, Zutik, Batzarre, EKA y distintos sindicatos y asociaciones, para buscar un «proceso de diálogo y negociación» que lograra el cese del terrorismo de ETA.
La firma de este pacto fomentó la tregua de ETA de 1998, que inició el 16 de septiembre con el anuncio de un «alto el fuego total e indefinido». Durante la tregua el Gobierno de José María Aznar tuvo reuniones con la banda terrorista y modificó su política de dispersión, acercando a cárceles del País Vasco a 135 presos de ETA. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y ETA anunció el fin de la tregua el 28 de noviembre de 1999 mediante un comunicado que responsabilizaba a PNV y EA de esta decisión, acusándolos de haber mostrado más interés por la paz que por la soberanía y de no haber roto con las «fuerzas enemigas de Euskal Herria». El 21 de enero de 2000 ETA volvió a atentar, asesinando al teniente coronel Pedro Antonio Blanco. A pesar de que las principales fuerzas del pacto condenaron el atentado, no hubo condena por parte de Herri Batasuna, lo cual produjo la extinción de la colaboración propiciada por el Pacto de Estella y una crítica de ETA a los firmantes.
El pacto de Estella también propició que en febrero de 1999 una asamblea de electos municipales formada por los ediles de PNV, EA, AB y EH, partidos que en conjunto constituían la mayoría de los cargos municipales vascos, creara Udalbiltza, una nueva institución que aspiraba a integrar a los electos de Euskal Herria. La ruptura del alto el fuego de ETA dividió a los partidos y se paralizaron las actividades de Udalbiltza durante el año 2000, retomándolas posteriormente en dos entidades diferenciadas.
4.-El Acuerdo por las Libertades y contra el Terrorismo, conocido también como Pacto Antiterrorista, fue un acuerdo firmado en España por el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) el 8 de diciembre de 2000.
En 2000, y después de varios atentados por parte de la organización terrorista vasca ETA, el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero propuso el «Pacto de las Libertades y contra el Terrorismo». Al principio, algunos dirigentes del PP, como Mariano Rajoy, se opusieron a la oferta de Zapatero, pero el acuerdo se firmó finalmente en diciembre de 2000.
A pesar de los atentados del 11 de marzo de 2004, a raíz de los cuales el PSOE y el PP se acusaron mutuamente de mentir y manipular acerca de los autores, el pacto antiterrorista, lejos de darse por roto, entró en una nueva fase de conversaciones con el propósito de incluir al terrorismo de corte islamista como una posible amenaza. Dos meses después de los atentados de Madrid, el nuevo gobierno socialista y la ahora oposición popular volvieron a reunirse el 12 de mayo de 2004.
El Pacto Antiterrorista no ha dejado de estar presente en la vida política española durante la VIII Legislatura de España, si bien más como un argumento contra el gobierno o la oposición, según el caso, que como una herramienta para mejorar la eficacia de la lucha contra el terrorismo en el terreno político.
Enrique Area Sacristán.
Teniente Coronel. (R)
Doctor por la Universidad de Salamanca.
