Independientemente de las dificultades a la hora de asignar responsabilidades en materia terrorista, y de si se hace o no correctamente, existen otras formas en las que el terrorismo puede actuar como factor de distorsión de la rendición de cuentas o accountability vertical. Con el agravante, en este caso, de que serían los actores políticos elegidos democráticamente los que estarían haciendo un uso intencionado e instrumental del mismo. Así planteado podría pensarse que nos estamos refiriendo a los partidos, o coaliciones, que han aparecido tradicionalmente ligados a determinados grupos terroristas (el Sin Fein al IRA, o Batasuna a ETA). Pero lo cierto es que éstos comparten los objetivos, al menos los políticos, con los grupos terroristas con los que tienen vinculación, y, por lo tanto, hasta cierto punto, sus efectos estarían englobados en los planteados anteriormente. En este caso, al contrario, nos referimos a la utilización del terrorismo por determinados partidos o líderes políticos sin vinculación alguna con la organización terrorista, con el objetivo de manipular el proceso de rendición de cuentas en su propio beneficio.
Los políticos pueden utilizar distintas estrategias para manipular la opinión pública, consiguiendo escapar así de un posible juicio retrospectivo emitido por los ciudadanos a la hora de votar. Esto es habitual cuando el partido en el gobierno ha aplicado políticas impopulares, o cuando ha roto las promesas efectuadas durante la campaña electoral anterior. En estos casos, lo más frecuente es intentar responsabilizar de los malos resultados de la gestión a agentes exógenos que escapan al control del gobierno. Por ejemplo, atribuir una mala situación económica a una crisis internacional, o afirmar que es consecuencia de la situación heredada del gobierno anterior. Otra estrategia es evitar que las dimensiones críticas de determinadas políticas salgan a la esfera pública, hacerlas opacas a la opinión pública, protegiéndolas bajo la etiqueta de “razones de Estado”. Éste podría ser el caso de la política antiterrorista en España, que ha sido catalogada en diversas ocasiones como una “política o cuestión de Estado. Pero dichas políticas, o “razones de Estado”, pueden ser también introducidas dentro del debate político como posible dimensión ganadora. Cuando ello sucede, esta política se convierte en el objeto de una batalla por la opinión. Algo que puede ser utilizado también como un intento de que el votante decida su voto más por criterios prospectivos (decisión a futuro) que retrospectivos (evaluación de las políticas llevadas a cabo). Se trataría de lo que Riker (1982, 1986) definió como maniobras herestéticas, por las que un actor político actúa mediante la adición de dimensiones al espacio competitivo, que considera le son favorables, y/o controlando la agenda.
Inspirado en los modelos espaciales de voto, Budge y Farlie (1977 y 1983) desarrollaron un modelo de interpretación y predicción de resultados electorales basado en una evaluación de los impactos de los temas de campaña sobre la decisión de los electores. Su modelo parte de dos premisas: (a) en el sistema político existe una división ideológica básica de los partidos en dos bloques: burgueses y socialistas (o derecha e izquierda); (b) existen unas áreas temáticas, aproximadamente equivalentes a las dimensiones político-ideológicas de los modelos espaciales, en cada una de las cuales se distinguen, no un continuo, sino sólo dos posiciones que son “apropiadas” por cada uno de los bloques de partidos. Así, el área temática de la redistribución socioeconómica beneficiaría a los partidos de izquierdas, mientras que las áreas temáticas de orden público, régimen constitucional, defensa, moral- religión, étnica, regional, urbano-rural, intervención del Estado, derechos individuales e iniciativa y libertad beneficiarían a la derecha. Esta vinculación entre determinados issues y posiciones ideológicas ha sido destacada también por otros autores al examinar qué características definían a la izquierda y la derecha según los ciudadanos (Sani y Sartori 1983; Sani y Montero 1986; Huber 1989; Klingemann y Fuchs 1990; Baldassari y Gelman 2008; Lachat 2008). Buena parte de estos estudios han señalado también que las cuestiones relativas al orden, el control social, y la defensa, aparecen normalmente asociadas a la derecha.
Por otro lado, no todos los temas políticos son posicionales. Existen determinadas cuestiones en las que se da un acuerdo más o menos general sobre los objetivos que se deben alcanzar (una administración eficiente, un gobierno sin corrupción, una economía sin desempleo, o, en este caso, la necesidad de acabar con el terrorismo). Es lo que Stokes denomina valence issues (temas transversales) para diferenciarlos de los position issues (temas posicionales), situados en el ámbito de las disputas ideológicas. En las cuestiones de tipo transversal los votantes elegirán a aquellos partidos que tengan más credibilidad y/o competencia a la hora de defenderlas, ya que, aunque los objetivos sean compartidos por todos, no son temas ideológicamente neutros (Van der Brug 2004). Algunos partidos pueden ser percibidos como más competentes en determinadas materias. Esta idea sería la que recoge Pretocik (1996) cuando habla de issue ownership para referirse a aquellos temas en los que un determinado partido tiene mayor credibilidad que el resto y que por tanto son percibidos como propios de dicha formación. Según esta teoría, los partidos pondrán énfasis en las cuestiones de las que son propietarios, para resultar creíbles a los ojos de los electores. Así, por ejemplo, teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, los partidos de izquierda recurrirán a cuestiones relacionadas con la redistribución socioeconómica, y los de derechas con temas relativos a orden público y la defensa.
Otros autores (Robertson 1976; Budge y Farlie 1983; Budge 2001) han hecho referencia a la llamada teoría del énfasis selectivo (saliency theory), según la cual la competencia electoral entre los partidos se produce mediante el énfasis selectivo de algunas cuestiones que, independientemente del partido que las introduzca, favorecerá a uno u otro bloque. Estas cuestiones no tienen por qué estar circunscritas a temas posicionales o position issues, sino que puede tratarse también de temas transversales o valence issues. Con la ventaja añadida de que este tipo de temas, al contrario que los posicionales, pueden servir para atraer a electorados situados fuera del área ideológica del partido en cuestión. Cada partido, por lo tanto, enfatizará aquel tema o dimensión (transversal o posicional) que le resulte más favorable aquella en los que tenga más credibilidad y competencia, intentando además apropiarse de él, es decir, presentándose como única opción válida en ese campo (Meguid).
Existe abundante literatura acerca de las estrategias de campaña de los partidos y los candidatos. Buena parte de ella ha señalado que el manejo más habitual de una agenda de campaña consiste en que los candidatos centren su discurso en los temas que tienen mayor consenso, se alejen de aquellos controvertidos y enmarquen sus posiciones sobre las cuestiones que son eje de campaña en términos muy generales o ambiguos (Page 1976, Shepsle 1972). A este respecto, los medios de comunicación juegan un papel fundamental mediante del efecto de agenda setting (McCombs y Shaw 1972), que resalta su capacidad para graduar la importancia que se le da a cada uno de los temas incluidos en la agenda política. De forma que la imagen de la opinión pública sobre un determinado tema viene mediada por la importancia que le otorgan dichos medios. Miller y Niemi (2002) señalan además que cuando dicho efecto se combina con el de temas propios (issue-ownership), es decir, la transmisión de la idea de que ciertos partidos políticos son los más –o los únicos- capaces de lidiar con determinadas cuestiones, se producen consecuencias muy poderosas.
España ha sufrido uno de los grupos terroristas más duraderos y letales del mundo occidental: Euskadi Ta Askatasuna (ETA). Aunque fue creada en 1959, cuando España se encontraba aún bajo la dictadura del Generalísimo, no cometió hasta 1968 su primer atentado mortal. Desde entonces y hasta el 20 de octubre de 2011, en que anunció el «cese definitivo de su actividad armada», alrededor de 850 personas han perdido la vida a manos de ETA. Su actividad terrorista ha sido descrita como la principal anomalía de la democracia española (Sánchez Cuenca), incluso como un signo coyuntural de ésta (Llera). Al igual que en otros casos, se ha tratado de un terrorismo que ha actuado dentro de un contexto político complejo, donde intervenían de forma interdependiente muchos otros actores -los Gobiernos español y vasco, los partidos políticos, los ciudadanos, los medios de comunicación, etc. (Sánchez Cuenca 2001). Un contexto en el que ETA, al igual que otros grupos terroristas, ha utilizado la violencia como un tipo de estrategia política, para conseguir sus objetivos (Crenshaw 1998). Con el añadido de que, en este caso, al tratarse de un terrorismo nacionalista, el fin no ha sido la búsqueda de seguidores (algo que ocurre en el caso del terrorismo revolucionario, y hasta cierto punto en el de carácter religioso), sino ejercer presión sobre el Estado para que realizara concesiones territoriales (Sánchez Cuenca 2007).
Francisco Llera ha recalcado que el terrorismo ha sido un elemento presente en el comportamiento político español desde mucho antes y que siempre había influido, tanto en el comportamiento electoral como en los programas y campañas de los partidos. Pero, como se señalará a continuación, de forma similar a lo que ha ocurrido a nivel internacional, los efectos del terrorismo etarra sobre la sociedad española no han sido suficientemente estudiados. En 2001, Sánchez Cuenca señaló que, a pesar de la importancia atribuida al terrorismo, el fenómeno de ETA seguía siendo, sorprendentemente, muy poco estudiado. Hoy en día, aunque ha habido algunas mejoras, la literatura sobre ETA sigue siendo un claro ejemplo de lo que se ha mencionado. Existen infinidad de trabajos sobre este fenómeno, pero la mayoría de estas obras, muchas de ellas escritas por periodistas, aborda el fenómeno desde una perspectiva puramente descriptiva, mucho más preocupada por la difusión de datos que por hacer un análisis político apropiado.
Por supuesto, también hay excelentes trabajos académicos. A pesar de que algunos de ellos se han llevado a cabo desde un enfoque descriptivo, podemos encontrar otros con una gran calidad analítica. Muchas de estas obras se centran en la historia de ETA y su evolución estratégica (Barbería y Unzueta 2003, Clark 1984 y 1990, Linz et al. 1986, Domínguez 1988, 1988 y 2000, Elorza et al. 2000, Fernández Soldevilla et al. 2012, Garmendia 1995 y 2000, Ibarra 1997, Jauregui 1981 y 2000, LaFree et al. 2012, Letamendia 1994, Moran 1982, Sánchez Cuenca 2001 y 2009, Shabad y Llera 1995, Sullivan 1988a, Unzueta 1987, 1988 y 1997, entre otros). También se han estudiado sus miembros, sus motivaciones y sus orígenes (Alcedo 1996; Alonso 2011; Reinares 2001 y 2004 ; entre otros); el marco complejo que rodea a ETA y sus redes de apoyo social (De la Calle 2007, Letamendia 1998, Linz 1986, Llera 1992, 1992 y 2003, Mata 1993, Tejerina 1997, entre otros); los patrones de selección de las víctimas ((Sánchez-Cuenca 2009; Calleja y Sánchez Cuenca 2006, De la Calle y Sánchez 2004, Llera 1992, entre otros); las medidas antiterroristas o la relación de ETA con el gobierno (Colomer 1990, Egaña y Giacopucci 1992, Escrivá 1998, Fonseca 1996, Martínez Herrera 2002 y 2007, Pozas 1992, Reinares y Jaime 2000, Reinares 2003, Woodworth 2001 y 2007, entre otros); o las consecuencias económicas de los atentados (Enders y Sandler 1991 y 1996, Abadie y Gardeazabal 2001 y 2003), así como estudios pioneros sobre la participación de las mujeres en el movimiento (Hamilton, 2007).
La repercusión internacional de algunas de estas obras ha sido, por lo general, bastante pobre. En el ranking de Silke sobre los países más estudiados, Estados Unidos está en el primer lugar, aunque antes del 11 de septiembre el terrorismo interno en el país era muy limitado. Irlanda del Norte es el segundo lugar más discutido en el planeta de la literatura e investigación terrorista en los años noventa. Pero, en términos relativos, hay otras naciones que han sufrido destinos comparables o incluso peores y, sin embargo, la literatura publicada sobre ellos ha sido mucho menor. Los casos de España y Córcega son buenos ejemplos. En los años noventa, por ejemplo, se estudió mucho lo que sucedía en Irlanda del Norte, mientras que la experiencia española se examinó en mucha menor medida. Una de las razones que Silke da es que, como parte del Reino Unido, el conflicto de Irlanda del Norte es un conflicto del mundo angloparlante, y por lo tanto es más accesible a los investigadores de habla inglesa. Además, la cuestión irlandesa siempre ha tenido un interés especial para los Estados Unidos, y los investigadores estadounidenses la tomaron como su principal tema de investigación en materia terrorista, hasta que ocurrieron los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Independientemente de la repercusión internacional, el problema más relevante ha sido y sigue siendo la existencia de importantes lagunas, en concreto la falta de trabajos sobre las consecuencias políticas del terrorismo a nivel de partidos y votantes. Hasta ahora, la mayor parte de trabajos que han abordado esta materia se han circunscrito al entorno de la autodenominada izquierda abertzale, bien analizando el vínculo entre ETA y su brazo político, bien estudiando los posibles efectos de los atentados en el apoyo que éste ha recibido (Ludger 2001; De la Calle y Sánchez Cuenca 2012). Es cierto que, al igual que ocurrió a nivel internacional tras los atentados del 11S, tras los perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004, también por la red yihadista Al Qaeda, se produjo en España un gran aumento de las publicaciones sobre terrorismo, y hasta cierto punto un cambio en el enfoque de estas. Mucho de lo que se publicó analizaba los posibles efectos del terrorismo en el comportamiento electoral. Pero todos estos trabajos estaban centrados en los ataques del 11 de marzo, y por tanto no analizaban los efectos del terrorismo ETA, sino los del terrorismo internacional (Porras Nadales 2004, Santamaría 2004, Torcal 2004, Duran Muñoz 2005, Michavila 2005, Olmeda 2005, Sanz y Sierra 2005, Montero y Lago 2006, Alonso y Reinares 2006, Bali 2007, Gassebner et al. 2008, Montalvo 2011, etc.). Sus resultados y conclusiones no eran, pues, extrapolables.
El terrorismo nacional e internacional presentan enormes diferencias (Wilkinson 1987), a las que en este caso hay que sumar el contexto que rodeó a dichos atentados, por la conmoción producida y por el clima de crispación política generado en torno a la autoría de estos. El hecho de que los atentados fueran obra de terroristas islamistas era un elemento inédito para la sociedad española y europea, con implicaciones electorales muy diferentes de las que hubiera tenido un atentado “etarra”. La autoría de ETA podría en principio haber beneficiado al partido en el Gobierno por la lucha antiterrorista que había llevada a cabo; pero, si el atentado era obra de grupos islamistas, la responsabilidad de las muertes recaería sobre el Partido Popular por el apoyo a Estados Unidos en la guerra de Irak con la más que mayoritaria oposición de la opinión pública española (Michavila 2005, Montero y Lago 2006).
Montero y Lago (2006) han apuntado que no todos los tipos de terrorismo tienen las mismas implicaciones electorales. En el caso del terrorismo de ETA y del islamista de Al Qaeda, se plantean dos diferencias fundamentales: (1) No cabe establecer causalidad alguna entre las decisiones de los gobiernos españoles y las acciones de ETA ya que todos los gobiernos democráticos españoles han tenido que enfrentarse a la misma amenaza. En cambio, muchos españoles dieron por sentada la relación entre la política exterior del Gobierno del PP y los atentados de Al Qaeda; (2) salvo los años anteriores a la llegada del PP al Gobierno, en 1996, la actuación de los Gobiernos ante el terrorismo de ETA no había sido cuestionada ni por los dirigentes partidistas ni por los ciudadanos, mientras que parecía obvio que los españoles habían disentido frontal y masivamente de las justificaciones aducidas por el gobierno del PP para apoyar la invasión de Irak. Por lo tanto, si el terrorismo de ETA podría caracterizarse como un valence issue (un tema –transversal- en el que todo el mundo comparte la misma visión), la participación en la guerra de Irak se habría convertido en un position issue (un tema posicional- en el que la visión que se maneja depende de la ideología de cada uno) (Montero y Lago, 2006).
Por otro lado, aunque la bibliografía sobre al terrorismo etarra y sus posibles efectos en el comportamiento electoral de los votantes es escasa, existen algunas aportaciones interesantes. Belén Barreiro, en un artículo publicado en El País el 16 de marzo del 2004, afirmaba que en España el voto a los partidos en el Gobierno no había dependido nunca del número de víctimas de ETA. Según dicha autora, en este caso los votantes no castigaban los atentados, sino la gestión que los gobiernos hacen de éstos. Cuatro años antes, Sánchez Cuenca y Barreiro (2000), al explicar que a todas las políticas no se les asigna la misma responsabilidad, señalaban que hay algunas que se escapan al control gubernamental; ponían como uno de los ejemplos más claros la política antiterrorista. Al estudiar las reacciones de los ciudadanos a la labor de los gobiernos socialistas entre 1982 y 1996, observaron que en la valoración de la gestión de Gobierno la opinión sobre si las cosas habían mejorado o habían empeorado con relación al terrorismo no solía tener ningún efecto. Parecía, pues, que los ciudadanos no juzgaban a los gobiernos por los resultados en materia antiterrorista, quizás porque, en última instancia, se consideraba que el Gobierno controlaba en pequeña medida que hubiera o no atentados. Por su parte, Montero y Lago (2006) apuntaron que, a pesar de que ETA había intervenido en varias campañas electorales, tanto nacionales como autonómicas, los votantes no habían cambiado su comportamiento ante las urnas por ello.
En cuanto al posible uso instrumental del terrorismo de ETA por parte de algunos partidos, existen varios trabajos enfocados especialmente sobre el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2008) en los que se pone de manifiesto que durante estos años el Partido Popular utilizó el terrorismo de ETA y la política antiterrorista del Gobierno como dos de los principales frentes de ataque para desgastar al Ejecutivo, rompiendo así la supuesta regla de mantenerlos como razones de Estado (Barreiro y Urquizu 2007, Chari 2008, Maravall 2008, Lago y Torcal 2008, Bosco y Sánchez Cuenca 2009, Sánchez Cuenca 2009, Sánchez Cuenca 2009, Bonet et al. 2010, Montero y Lago 2010, Gunther y Montero 2012 entre otros). En esta línea estarían también aquellos trabajos que plantean esta posibilidad respecto de las elecciones municipales y autonómicas del 2007, en las que el PP podría haber introducido el terrorismo de ETA dentro del debate político para recabar apoyos de los votantes situados en el centro ideológico (Informe sobre la democracia en España 2008; Santamaría y Criado 2008). Por último, estaría también el trabajo de Criado (2017), en el que la autora demuestra que la relevancia que el terrorismo cobra para lo opinión pública no sólo depende de la intensidad y del tipo de atentados sino de otras variables relativas a la competición partidista.
La investigación de Teresa Mata López, “Terrorismo y comportamiento político: España y el caso de ETA”, ha tenido lugar en dos fases, una primera centrada en el comportamiento de los partidos en relación con el terrorismo y una segunda a nivel individual, enfocada en el comportamiento de los votantes. En cada una ellas ha trabajado con un conjunto de hipótesis diferentes. Respecto a la primera fase, las hipótesis pueden agruparse en bloques, las relativas a la política antiterrorista y las relacionadas con el uso instrumental del terrorismo para obtener réditos electorales. A continuación, se detallan las correspondientes a cada bloque:
Políticas antiterroristas:
Dado que los partidos de derechas dan mayor importancia a las problemas relacionados con la seguridad y suelen priorizar dicha cuestión con respecto a otros temas como las libertades individuales (Kiewiet 1981, Berrebi y Klor 2006 y 2008, Kibris 2011), se espera que las políticas desarrolladas por el PP, cuando ocupe el Gobierno, sean más restrictivas que las implementadas por el PSOE en circunstancias similares.
Uso instrumental del terrorismo:
Si el terrorismo y la lucha antiterrorista han sido tradicionalmente considerados como una “cuestión de Estado” (Sánchez Cuenca y Barreiro 2000, Montero y Lago 2006, Bosco y Sánchez Cuenca 2009, Sánchez Cuenca 2009, y 2009, Balaguer y Sanz 2010) que debe quedar fuera del debate político, el desacuerdo en esta materia y los enfrentamientos al respecto deberían ser la excepción y no la norma.
Si tenemos en cuenta que hay ciertos temas que aparecen normalmente vinculados a una determinada posición ideológica (Sani y Sartori 1983; Sani y Montero 1986; Huber 1989; Klingemann y Fuchs 1990; Baldassari Y Gelman 2008; Lachat 2008), y que, aquéllos que están relacionados con el orden público o la defensa, una vez en el debate político, tienden a beneficiar a los partidos de derechas (Budge y Farlie 1977 y 1983), la probabilidad de que sea el PP el que introduzca el terrorismo dentro del debate político será mucho mayor que la de que lo introduzca el PSOE.
Si la inclusión de un tema transversal como el terrorismo es una de las vías de las que disponen los partidos para intentar escapar a los mecanismos de accountability vertical (Riker 1982, 1986; Lang y Lang 1983; Maravall 1999), la probabilidad de que sea introducido por el partido en el Gobierno aumentará cuando las valoraciones del Ejecutivo hayan decaído respecto a fechas anteriores, bien porque haya aplicado políticas impopulares, haya roto las promesas de campaña o haya tenido que enfrentarse a algún suceso o escándalo que afecte gravemente su popularidad. Por otro lado, también se producirá la situación inversa. La probabilidad de que sea introducido por el partido en la oposición aumentará cuando las valoraciones del Gobierno sean positivas en otros campos.
Centrada en el comportamiento de los votantes, también podemos agrupar las distintas hipótesis planteadas en varios bloques. En primer lugar, las relativas a los análisis preliminares en los que se estudia la importancia concedida al terrorismo y las existencia de posibles condicionantes al respecto; en segundo lugar, las referentes a la valoración de la política antiterrorista del Gobierno y, por último, las relativas a los potenciales efectos del terrorismo en el voto, bien sean éstos directos o a través de las posiciones adoptadas por los principales partidos al respecto. A continuación se detallan las correspondientes a cada bloque:
Importancia dada al terrorismo y posibles determinantes
Normalmente se asume que la relevancia dada al terrorismo aumenta inmediatamente después de un ataque terrorista (Criado 2017); por lo tanto, deberíamos esperar que la importancia dada al terrorismo varíe principalmente en función del nivel de amenaza existentea. Pero, si tenemos en cuenta que la gente tiende a sobre-reaccionar ante nuevas amenazas (Blalock et al. 2008, Sivak y Flannagan 2003, Sunstein 2003), podríamos pensar que esta relación se debilitará a medida que la amenaza y el riesgo se vuelvan cada vez más familiares, pudiendo entrar en juego otros factores, por ejemplo, los relativos a la competición partidista (Criado 2017).
Si a la hipótesis anterior le añadimos que no todas las Comunidades Autónomas han sufrido por igual el terrorismo de ETA, lo lógico sería pensar que la residencia en una de las comunidades más castigadas por el fenómeno terrorista aumentará las probabilidades de que la preocupación por el mismo sea mayor.
Aunque la pertenencia a un determinado colectivo de la sociedad puede que aumente la probabilidad de convertirse en víctima del terrorismo, si hay algo que define a este fenómeno es su carácter indiscriminado (Wilkinson, 1987) y la pretensión de extender sus efectos más allá de las víctimas inmediatas, provocando una sensación de miedo generalizada (Waldmann 2006). Por lo tanto, no se prevé que existan condicionantes sociodemográficos (a excepción del lugar de residencia) a la hora de dar una mayor o menor importancia dicho fenómeno.
En cuanto a los posibles condicionantes ideológicos, si tenemos en cuenta que, como se ha señalado, hay ciertos temas que aparecen normalmente vinculados a una determinada posición ideológica (Sani y Sartori 1983; Sani y Montero 1986; Huber 1989; Klingemann y Fuchs 1990; Baldassari y Gelman 2008; Lachat 2008), y el orden público o la defensa parecen asociarse con posiciones ideológicas de derecha, podemos esperar que la preocupación por el terrorismo será mayor entre los votantes del PP que entre los del PSOE, y que aumentará cuanto más a la derecha del espectro ideológico se sitúe el encuestado.
A este respecto, cabe añadir que cuando la importancia dada al terrorismo no dependa del nivel de amenaza existente, sino de la confrontación política creada al respecto por un determinado partido, sus votantes mostrarán mayor preocupación por el terrorismo.
Valoración de la política antiterrorista:
En cuanto a la valoración de la política antiterrorista, aunque se parte de la base de que será mejor entre los votantes del partido en el Gobierno, se espera que sus diferencias en función del voto sean mayores cuanto mayor sea la preocupación por el terrorismo, especialmente si también ha venido condicionada por los niveles de confrontación política.
En lo que se refiere al tipo de políticas aplicadas, y siguiendo la misma lógica que asociaba determinadas materias y posiciones, con la ubicación ideológica de los partidos (Kiewiet 1981, Berrebi y Klor 2006 y 2008, Kibris 2011), se espera que los votantes del Partido Popular sean más favorables a políticas antiterroristas más restrictivas que los del PSOE.
Por último, en relación con las negociaciones con ETA o su entorno, uno de los aspectos más conflictivos de la política antiterrorista, la posición oficial mantenida por el PP ha sido siempre de clara oposición a cualquier tipo de contacto. Por lo tanto, se espera no sólo que la valoración de dichos contactos sea peor entre los votantes del PP, sino que una actitud contraria a los mismos aumente las probabilidades de voto por este partido.
Efectos sobre el voto:
Si tenemos en cuenta estudios anteriores, que señalan que el terrorismo aumenta la probabilidad de que el Gobierno sea reemplazado en las siguientes elecciones (Gassebner 2007), lo lógico sería pensar que una mayor preocupación por dicho fenómeno aumenta la probabilidad de votar por el partido de la oposición independientemente de quien se encuentre en el Gobierno.
En cambio, si consideramos otros trabajos anteriores (Berrebi y Klor 2006 y 2008, Kibris 2011), que concluyen que, dado que los partidos conservadores ponen mayor énfasis en los temas relacionados con la seguridad y defienden, por norma, políticas más duras en esta materia, el terrorismo provoca un aumento en el apoyo relativo a este bloque de partidos independientemente de la afiliación política del Gobierno, lo lógico sería esperar que una mayor preocupación por el terrorismo condicionará un mayor probabilidad de votar al PP.
En relación con esta posibilidad, si consideramos que el voto en contra del Gobierno puede justificarse en su responsabilidad de no proveer el bien público “seguridad” (Holmes 2001, Gassebner et al. 2007; Indrahson 2008, Gassebner et al 2011), la relación entre la importancia dada al terrorismo y la probabilidad de votar en contra del Gobierno será más fuerte cuanto peor sea la valoración de la política antiterrorista.
A estas hipótesis se añade que se espera que todos estos efectos descritos serán mayores cuando la importancia concedida al terrorismo no dependa directamente del nivel de amenaza existente, sino de la confrontación política creada por los partidos.
Por último, en relación con la valoración de la política antiterrorista, se espera que una mala valoración de ésta aumente las posibilidades de emitir un voto de castigo contra el Gobierno. Un efecto que se verá incrementado en los momentos en los que la preocupación por el terrorismo sea mayor.
Conclusiones de hecho.:
En el caso español, la mayor parte de los estudios al respecto estaban centrados en los partidos políticos vascos, sobre todo en Herri Batasuna/Batasuna, coalición ligada, en mayor o menor medida, a la organización terrorista ETA. En este trabajo, en cambio, se ha centrado en la actuación de los dos partidos mayoritarios de ámbito nacional durante estos años, PP y PSOE. Teresa Mata López ha estudiado no sólo su comportamiento desde posiciones de Gobierno, sino también el seguido cuando han estado en la oposición. En lo que se refiere al PP, los resultados, aunque van en la línea de las teorías que afirman que los partidos del bloque conservador tienden a aplicar una política más dura y restrictiva en materias de seguridad y orden público, hacen necesarias algunas puntualizaciones. Esta premisa se cumple fundamentalmente en lo que se refiere al punto de partida de los planteamientos de ambos partidos. Pero, en lo que respecta a las políticas implementadas, los resultados, aunque no son idénticos, no difieren tanto. Entre otras cuestiones, porque el contexto en que esta legislación se ha ido desarrollando ha resultado ser uno de sus principales condicionantes. En donde sí se han encontrado grandes diferencias ha sido en el comportamiento mantenido cuando han estado en la oposición.
En contra de lo que cabría esperar, dada la gravedad del problema, los resultados muestran que no todos los partidos han considerado el terrorismo como una cuestión de Estado que, por tanto, debería quedar fuera del debate político. Tras la llegada de Aznar a la presidencia del PP, su estrategia en relación con el terrorismo cambió radicalmente y comenzó a emplearlo como elemento de ataque al Gobierno, durante los últimos años de González y durante los primeros de Zapatero, hasta la irrupción de la crisis económica en 2008. Estos resultados, encuadrados dentro de la literatura sobre rendición de cuentas, muestran que el PP utilizó en repetidas ocasiones el terrorismo como vía de distorsión de los mecanismos de accountability vertical. Mientras estuvo en la oposición lo hizo cuando creyó que los ítems posicionales no servían para inclinar la balanza electoral en su favor, o cuando comprobó que las valoraciones del Gobierno eran positivas en otras políticas públicas; y estando en el Gobierno, lo hizo cuando la evaluación de su gestión había caído con respecto a fechas anteriores, o como cortina de humo cuando tuvo que hacer frente a algún tipo de crisis puntual, como, por ejemplo, la del Prestige.
El análisis del comportamiento de los partidos en relación con el terrorismo y, luego, del impacto que este comportamiento ha tenido sobre las decisiones electorales de los ciudadanos ha permitido que, a este nivel, haya podido examinar tanto los efectos directos como indirectos del terrorismo sobre el comportamiento de los votantes. Considero a este análisis una de las aportaciones más importantes del trabajo. En línea con los estudios anteriores, creo haberse demostrado que, cuando el PP ha introducido el terrorismo en el debate político, esto se ha traducido en una mayor preocupación por este problema por parte de la opinión pública. Pero, gracias al estudio de datos individuales, la autora ha podido concluir que, a pesar de todo, el PP no consiguió las ventajas electorales que buscaba.
Los resultados de la tesis de Teresa Mata López deberían contribuir al debate sobre la utilización de un problema como el del terrorismo como un elemento de confrontación política, y sobre los efectos que ello implica para la democracia. Más allá de argumentos éticos o normativos, los resultados ilustran sobre su dudosa eficacia. Este trabajo de la doctorando ha demostrado que una de las cuestiones que más valoran los ciudadanos en este campo es la existencia de consenso, también a la hora de evaluar la gestión antiterrorista. Si a ello añadimos que la confrontación provocada por el PP en este campo no sólo se ha traducido en una mayor preocupación por el terrorismo, sino que además ha hecho imposible cualquier tipo de acuerdo, la estrategia conservadora debería plantear serias dudas sobre, no ya sólo su falta de ética, sino también sobre su eficacia. Al final, la consecuencia principal de este uso instrumental del terrorismo por parte del PP ha aumentado la publicidad que BILDU/BATASUNA/ETA recibía en esos momentos y, ahora, una publicidad que no habría sido capaz de conseguir por sí sola, lo que hace prever que este Movimiento saldrá fortalecido en las próximas elecciones del 28 de Mayo 2023.
Enrique Area Sacristán.
Teniente Coronel de Infantería. (R)
Doctor por la Universidad de Salamanca.
Diplomado en Mando de Unidades de Operaciones Especiales.
