De un superficial análisis de la justicia derivado de mi experiencia me ha parecido lo suyo reproducir un artículo de Francisco Rubiales dado que se ajusta, desgraciadamente, a la realidad del mundo de la magistratura.
Corría el año 1985 y en la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera presidía el Ayuntamiento un tal Pedro Pacheco, dirigente del Partido Socialista Andaluz, personaje peculiar a quien ahora se podría ubicar entre la autocracia cañí y el populismo. Ocurrió que el cantante Bertín Osborne, artista emergente patrocinado por señoritos y señoritas de la derechona andaluza, había edificado en la localidad un chalet sin tener para nada en cuenta las ordenanzas municipales y Pacheco emitió una orden de derribo, con toda la razón. Pues bien, cuando el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez ordenó suspender el derribo del casoplón, Pedro Pacheco montó en cólera y pronunció aquella frase que hoy hubiera resultado viral: “La gente dirá que la Justicia es un cachondeo, y yo tengo que darles la razón”. La Justicia, si no quieres taza taza y media, condenó al alcalde a seis años de inhabilitación por desacato.
Era el tiempo en que a la Justicia, como a la Iglesia, a la Monarquía y al Ejército, no se le podía ni tocar. Cualquier crítica a la Justicia ofendía a la autoridad competente, a los políticos y a los opinadores del establishment. Pedro Pacheco escandalizó y fue objeto de escarnio e ignominia. ¿La Justicia un cachondeo? Hasta ahí podíamos llegar.
“Nunca como ahora fue tan certera aquella sentencia que se hizo famosa en España, pronunciada por Pedro Pacheco, exalcalde de Jerez, cuando dijo que «la justicia española es un cachondeo»
Más que despolitizarla, la justicia española está tan podrida que necesita ser despiojada y lavada con ácido. Llena de comisarios políticos puestos por el gobierno y los partidos y de muchos jueces y magistrados adscritos a organizaciones que son un calco de los grandes partidos de derecha e izquierda, la justicia española está lastrada, tarada e infectada y necesita ser refundada para que sea independiente, democrática, eficaz y decente.
Los partidos políticos españoles han infectado también la justicia y han reproducido en su interior gran parte de las miserias y bajezas que adornan a esas agrupaciones, nacidas en teoría para potenciar la democracia, pero convertidas hoy en mafias organizadas, muchas veces inclinadas al delito, para gestionar el poder, el dinero y los privilegios.
Actualmente son seis las asociaciones judiciales existentes en España: Asociación Profesional de la Magistratura; Jueces para la Democracia; Asociación Judicial Francisco de Vitoria; Foro Judicial Independiente; Ágora Judicial; y Asociación Nacional de Jueces. Las tres primeras son las importantes y las que congregan a la inmensa mayoría.
Casi la mitad de los jueces están afiliados a la Asociación Profesional de la Magistratura, la Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, mientras que la progresista Juezas y Jueces para la Democracia acoge sólo al 8% de la carrera. A pesar de su escasa representación, los progresistas gestionan una parte del poder judicial más grande de lo que le corresponde gracias, sobre todo, a la brutal politización del sistema y al apoyo de los partidos de izquierda, sobre todo del PSOE, que es el más intervencionista e interesado en controlar férreamente el poder judicial español.
La contaminación introducida por los partidos en el sistema judicial español es indecente y antidemocrática. Las leyes dictadas por los partidos han convertido a la justicia en una especie de ejército infiltrado de comisarios políticos que necesita ser despiojada con urgencia.
Los partidos suelen utilizar la justicia con indecencia y bajeza. Entre otras fechorías, presentan sus recursos y denuncias cuando hay jueces amigos de guardia o cuando tienen mayoría en los tribunales que tienen que decidir. Además, controlan la carrera judicial de muchos profesionales y, como hacen en las Fuerzas Armadas, procuran que no progreses ni asciendan los jueces y magistrados independientes y decentes.
Casi la mitad de los jueces y magistrados del país no están afiliados a ninguna entidad. Entre los que sí lo están, una aplastante mayoría se inscribe en asociaciones que cubren el espacio ideológico de la derecha o la centroderecha. La Asociación Profesional de la Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente agrupan al 47% de los jueces, mientras que el 8% está afiliado a Jueces y Juezas para la Democracia.
La mayoría de los jueces se consideran independientes y rechazan el actual sistema politizado, donde los partidos políticos nombran a los miembros del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Durante la etapa sanchista, esa influencia de los partidos, que ya era obscena en el pasado reciente, se ha agudizado y traspasado todas las líneas rojas, con nombramientos impresentables de miembros del gobierno en los altos tribunales y al frente de la Fiscalía.
El PP acaba de registrar en el Congreso su propuesta para cambiar el sistema de elección del Poder Judicial, otorgando a los jueces gran protagonismo y la capacidad de nombrar a gran parte de los jueces en el CGPJ y en los grandes tribunales.
El partido de Feijóo insiste en que los vocales de procedencia judicial sean elegidos por jueces y magistrados, pero muchos jueces independientes consideran que esa propuesta, que realmente es un avance en la ruta de la despolitización, se queda corta y que los jueces, sin interferencia alguna, deben despolitizar la justicia nombrando en exclusiva a todos los cargos.
El PSOE, lógicamente, como corresponde a las dictaduras marxistas, quiere una justicia plenamente controlada por el partido.
La Unión Europea presiona a España para que despolitice la justicia, pero lo hace con suavidad y mostrando con el intervencionismo antidemocrático del PSOE una tolerancia incomprensible y olvidando que la separación de poderes y la existencia de una justicia independiente es una condición vital para que exista democracia.
Es cierto que, en estos momentos, el PP apuesta por una justicia más despolitizada que la que quiere el PSOE, pero miles de jueces y de españoles demócratas no se fían de la derecha porque en el pasado ha apostado con fuerza por la politización y el control del Poder Judicial y también porque, cuando pudo cambiar las reglas del juego, gracias a la mayoría absoluta que los españoles entregaron a Rajoy, no hizo absolutamente nada”.
Artículo publicado en “El Libre” por Francisco Rubiales.
