Hace ya tiempo que los partidos políticos han dejado de representar a los ciudadanos; su distanciamiento y falta de credibilidad social es algo tan preocupante como urgente de resolver, y la actual sensación general de corrupción política propicia la desconfianza y la indignación, ampliando el divorcio entre los partidos y la sociedad. Muchos ciudadanos se sienten incluso secuestrados en el ejercicio de sus derechos por unas organizaciones que monopolizan el poder, controlando tanto el poder legislativo como todos y cada uno de los niveles de gobierno, así como la composición de las más altas instituciones del Estado. Esta partitocracia limita sustantivamente el ejercicio real de la democracia, y los ciudadanos tienen poco margen en la práctica para decidir sobre la marcha de la sociedad. Se hace necesario, en definitiva, un mayor equilibrio de poder entre los partidos políticos y la sociedad.
Los ciudadanos comprueban cada día que están siendo gobernados por personas sin sensibilidad, sin altura moral y sin valores, una realidad que produce desconfianza, angustia y frustración porque los principales culpables de que eso ocurra es la misma ciudadanía, que elige en las urnas a indeseables.
No se puede blindar por completo la política para impedir la llegada al poder de rufianes, canallas y sinvergüenzas, pero si se les puede dificultar el acceso a las altas responsabilidades públicas. Bastaría con establecer exigencias para alcanzar altos puestos en el servicio público, como se hace en las empresas, donde a los directivos se les exigen títulos, valores, conocimientos y habilidades. Esas exigencias para convertirse en servidores públicos con altas representaciones en el Estado deberían ser notables y normales en una democracia, pero los partidos políticos españoles impedirían todos los filtros democráticos y exigencias porque a ellos les conviene más colocar a sumisos, mediocres y cretinos en el poder.
Con una clase política nutrida de gente preparada y decente, no resultaría tan fácil cobrar impuestos injustos, financiar ilegalmente a los partidos, robar, trucar concursos públicos, manipular las subvenciones para que las reciban los amigos y colocar a sueldo del Estado a miles de amigos, compañeros de partidos y familiares. Con gente limpia, decente, preparada y ética en el poder, el actual sistema político español saltaría por los aires y los partidos políticos españoles, habituados a nadar en el lodo, no podrían subsistir.
España esta plagada no sólo de corruptos, sino también de ineptos y tontos que ocupan altos cargos en los partidos, en las instituciones públicas y en el gobierno. Políticos sin idiomas, rectores de universidades que copian, diputados y senadores con pasado conflictivo y acusaciones ante la policía, decenas de miles de políticos incapaces de justificar sus patrimonios, membrillos y cenutrios con altas responsabilidades públicas y toda una legión de mediocres puestos por sus partidos en alcaldías, consejerías, concejalías, empresas públicas y otros sectores sensibles de la nación constituyen una masa negativa y un lastre profesional y ético que causa pérdidas de miles de millones de euros a la economía y gravísimos perjuicios a la nación y a los ciudadanos.
Tener título universitario o un brillante historial profesional no garantizan que tengamos un buen político, pero reduce las probablidades de tener a canallas y a imbéciles en el poder. Es urgente que los ciudadanos nos plantemos ante esos partidos insensibles y antidemocráticos que tenemos y les exijamos que aprueben en las Cortes exigencias mínimas obligatorias para acceder a cargos y responsabilidades públicas, los que cerraría el paso a muchos ineptos e indeseables.
Todo cargo público debería aportar certificado de penales, titulo universitario, certificado de experiencia laboral en el mundo empresarial o autónomo, conocimientos avanzados de idiomas y un historial ético y decente, incluyendo el pasado fiscal. Además, deberán someterse a controles antidrogas y antialcohol, como se les practican a los conductores y a los deportistas de élite porque un político drogado puede hacer cien veces más daño que un conductor borracho o un atleta dopado.
Todas estas medidas no garantizan tener buenos políticos, pero incrementan enormemente las posibilidades y expulsa de las cúpulas de los partidos y de la carrera hacia el poder a muchos sinvergüenzas, canallas, rufianes, cretinos y mediocres.
¿Por qué los partidos políticos se niegan a establecer exigencias a sus cuadros y a los candidatos a ocupar puestos de responsabilidad en el Estado? Porque los partidos políticos españoles se nutren de mediocres y personas con graves deficiencias profesionales y éticas, que no podrían superar un sencillo test de competencia y preparación. Es muy fácil demostrar que el sistema político español, aunque nadie lo admita, está diseñado para que mediocres, cretinos y rufianes tengan vía libre y prosperen. Basta con echar un vistazo a lo que hay y a sus obras para sentir lástima de España.
También en la Encuesta Social Europea, los ciudadanos españoles reprueban claramente tanto a los partidos como a los propios políticos, calificándoles a ambos con la valoración más baja —con diferencia— entre todas las instituciones: 1,9 sobre 10. Y en el Barómetro Global de la Corrupción, publicado por Transparencia Internacional, los partidos políticos obtienen en nuestro país la peor puntuación de todas las instituciones evaluadas, con una calificación de 4,4 sobre 5 (siendo 5 el máximo de corrupción). El mismo Consejo de Europa, a través del informe del GRECO, ha sacado los colores a los partidos españoles en cuanto a su manifiestamente mejorable transparencia financiera.
A la hora de decidir el voto en las próximas elecciones, los ciudadanos deberían exigir y valorar la actuación y el compromiso de cambio —si es que lo tienen— de unos y otros ante esta situación.
Basado en un artículo del blog de Francisco Rubiales.
