Son tantas las razones para pensar que la política que se desarrolla en España (especialmente Cataluña) es una política más propia de charlatanes que de personas que se presumen serias y preparadas para el cargo que ostentan, y no se pretende aludir con ello a aquella política de tecnócratas existente en un época de blanco y negro, porque al final se estaría limitando el derecho al sufragio pasivo que tenemos todos los ciudadanos o lo que es lo mismo, el derecho a ostentar cargos públicos que nuestra propia Constitución reconoce en su artículo 68.5 y que desarrolla el artículo 6 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Aparte que un gobierno tecnócrata evitaría el juego político necesario como una manifestación del pluralismo político que, en muchas ocasiones permite llegar a acuerdos mediante la negociación o pactos con fuerzas políticas diferentes o, al menos así debería ser y no la política del rodillo con las mayorías absolutas.
No es necesario, aunque sería deseable, que en algunas ocasiones quienes se dediquen a la política, al menos tuviesen, además de decencia, una preparación mínima que les permitiera desenvolverse en la arena política, pues existen condicionantes legales que en muchas ocasiones por su desconocimiento, les lleva a actuaciones al margen de la ley, cuyo cumplimiento se hace necesario por dos razones. La primera, y más importante, es la seguridad jurídica, consistente en que los ciudadanos hagamos descansar nuestros derechos y, también nuestros deberes, en un sistema jurídico con vocación de permanencia, al menos suficiente para que tales derechos y obligaciones no dependan del antojo del político de turno, lo que en este país viene siendo habitual propio de un sistema político populista, que tanto la derecha como la izquierda hacen en la mayoría de las ocasiones, no tanto por necesidad social, sino por rentabilidad política; dicho de otra manera para obtener votos.
Es cierto que el sistema jurídico debe ser acorde a la demanda social, ahora bien, esta demanda también debe sustentarse en una jerarquía normativa en cuya cúspide esta la Norma Magna que no es otra que la propia Constitución que hemos aludido, así como el sometimiento a una serie de principios jurídicos que sirven para interpretar las Normas, lo que se conoce como interpretación doctrinal que es realizada por los operadores del Derecho, es decir por personas que se dedican al estudio del fenómeno jurídico, entre los que encontramos: Magistrados, jueces, Jurisconsultos, Abogados, etc; porque de la misma forma que es necesario un médico para interpretar la patología de un enfermo cono conocedor de la ciencia médica también son necesarios los profesionales del Derecho, al objeto que no caigamos en la popular interpretación demagógica.
La segunda razón la constituye la necesidad de evitar la demagogia política antes aludida, tan presente en la forma de hacer política en este país; dicho de otra manera, el habitual lenguaje de nuestros políticos de ofrecer cosas que no se pueden conseguir, o para que se entienda mejor, vender humo que de manera inminente se disipa una vez que se apoltronan en el poder.
También, sería deseable que nuestro sistema democrático descansase en la honradez tanto de quienes ejercen el poder como por parte de los que están en la oposición, quienes habitualmente suelen dar lecciones de esta virtud careciendo de ella, o al menos, habiendo demostrado en un pasado próximo que son tan inútiles o corruptos como a los que critican. Siendo habitual que el cambio de fichas en el juego del ajedrez de la política, no entre blancas y negras, sino de las propias figuras, es decir de las personas que se presenta como nuevos líderes, no olvidasen los errores cometidos por sus predecesores, no siendo suficiente ni éticamente aceptable que se corra una cortina para no ver o no dejar ver a los ciudadanos la conducta reprobable de su propio partido.
«También, sería deseable que nuestro sistema democrático descansase en la honradez tanto de quienes ejercen el poder como por parte de los que están en la oposición, quienes habitualmente suelen dar lecciones de esta virtud careciendo de ella, «
Por ello, se hace necesario que los propios ciudadanos ante la falta de honradez de quienes ejercen la política, salvo excepciones que, por supuesto las hay, hagamos más frecuentemente un esfuerzo en ejercitar nuestra memoria histórica más reciente, entre otros motivos, porque depende de nuestra responsabilidad cuando ejercemos el derecho al voto no volver a votar a los mismos indeseables, aunque ya sabemos que en este país predomina más el pensar con las vísceras que con la cabeza, votando a los nuestros aunque sean los que peor huelen, propio más de un fanatismo político que de una responsable decisión de la cual va a depender que el cambio de fichas en el juego se produzca y, por consiguiente, dejar abierta la posibilidad de un cambio real o regeneración hacia una democracia seria y no propia de otros países que han llevado a bautizar al nuestro como “Españistan”, así como lograr la seriedad necesaria para que los países de nuestro entorno nos tomen más en serio; como las estructuras políticas superiores entre ellas la Unión Europea que, continuamente nos están sancionando por abusos políticos o incapacidad de hacer una política seria a todos los niveles.
Otra manifestación que evidencia la pobreza de nuestra forma de hacer política es la falta de responsabilidad de quienes la ejercen, protegidos en el momento actual por una inmunidad parlamentaria a consecuencia de unos aforamientos para nada comparables en número a otros países también de nuestro entorno, con cifras de aforados mucho más inferiores a la que nuestro sistema permite. Responsabilidad que no solamente debería ser más amplia o dura en el ámbito judicial, tanto penal como civil, sino también en el ámbito político, haciendo o permitiendo que el control parlamentario a través de las diferentes comisiones de investigación sirvieran no solo para evidenciar la falsedad de quienes son investigados, sino para que, una vez probada y demostrada la conducta irresponsable y la falsedad de los comparecientes sirviera de indicio suficiente para la actuación de oficio del ministerio fiscal, ya que en España, de forma habitual se desconoce la palabra dimisión.
Todo esto, nos llevaría a que evitar que la bola de inmundicia de tanto político pachanguero cada vez se haga más grande, pero sobre todo a que los ciudadanos alcanzásemos una confianza en un sistema democrático que hoy por hoy huele bastante mal.
Feliciano Morales
