La última vez que escuché decir que España va camino de ser un país “socialista”, me di cuenta de que existe una gran confusión sobre la naturaleza de un sistema socialista y que es necesario esclarecer el malentendido.
Socialismo es un sistema económico en el que los gobiernos controlan la mayor parte de la propiedad y/o las decisiones económicas de la sociedad. Es un sistema diametralmente opuesto al capitalismo, en el que los individuos -no los gobiernos- controlan la mayor parte de la propiedad y/o las decisiones económicas de la sociedad.
Por tanto, cuanto mayor sea la proporción de propiedad y/o de decisiones económicas que se encuentren en manos del Gobierno, más socialista es una economía. De ahí que Cuba o Corea del Norte son economías esencialmente socialistas, pues sus gobiernos controlan virtualmente toda la propiedad y las decisiones económicas. EE.UU., España o Australia son economías esencialmente capitalistas, pues una mayoritaria proporción de la propiedad y las decisiones económicas están en manos de los individuos y no en las de sus gobiernos.
Algunos erróneamente califican de comunistas a las naciones del primer grupo, sin tomar en cuenta que el comunismo es un sistema económico utópico que nunca ha sido aplicado en ninguna parte del mundo.
Vale aclarar también que socialismo y capitalismo son sistemas económicos, no sistemas políticos. Feudalismo, marxismo, fascismo, populismo, así como las teocracias de Oriente Medio y el recientemente inventado socialismo del siglo XXI, son sistemas políticos que tienen como propósito sostener sistemas económicos socialistas. Por otro lado, la social democracia -que promueve una intervención limitada del Gobierno en la economía y el desarrollo de programas sociales- es el sistema político que sostiene a la gran mayoría de naciones capitalistas del mundo.
Por tanto, el hecho de que España tenga un Gobierno socialdemócrata y programas sociales no convierte a su sistema económico en socialista. De hecho, España es un país capitalista, tal como lo refleja el lugar que ocupa en el índice mundial de libertad económica que elabora anualmente la Heritage Foundation, lo que muestra la muy limitada intervención de su Gobierno en la propiedad y decisiones económicas de los españoles, hasta ahora.
Heritage Foundation mide la libertad económica con base en 12 factores cuantitativos y cualitativos, agrupados en cuatro grandes categorías, o pilares, de libertad económica:
- Estado de derecho (derechos de propiedad, integridad del gobierno, eficacia judicial)
- Tamaño del gobierno (gasto público, carga fiscal, salud fiscal)
- Eficiencia Regulatoria (libertad comercial, libertad laboral, libertad monetaria)
- Mercados abiertos (libertad de comercio internacional, libertad de inversión, libertad financiera)
Cada una de las doce libertades económicas dentro de estas categorías se califica en una escala de 0 a 100. La puntuación general de un país se obtiene promediando estas doce libertades económicas, con el mismo peso para cada una. Se puede encontrar más información sobre la calificación y la metodología en el apéndice correspondiente de su sitio web.
El Índice de Libertad Económica considera que todos los componentes son igualmente importantes para lograr los beneficios positivos de la libertad económica. Cada libertad tiene el mismo peso para determinar las puntuaciones de los países. Los países que están considerando reformas económicas pueden encontrar oportunidades significativas para mejorar el desempeño económico en aquellos factores en los que obtienen la puntuación más baja. Estos factores pueden indicar importantes limitaciones vinculantes para el crecimiento económico y la prosperidad.
La puntuación de libertad económica de España es de 68,2, lo que convierte a su economía en la 41ª más libre del Índice 2022. España ocupa el puesto 26 entre 45 países de la región de Europa, y su puntuación general está por debajo de la media regional, pero por encima de la media mundial.
El marco legal protege los derechos de propiedad y el sistema de registro funciona de manera eficiente. El sistema judicial es independiente, abierto y transparente, pero a veces también está sobrecargado y es lento. La acumulación de casos a menudo es larga y la interferencia política es un problema creciente. España ocupa el puesto 32 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2020 de Transparency International, pero su puntaje general (62) es uno de los puntajes más bajos de Europa Occidental.
La tasa impositiva máxima sobre la renta individual es del 47 por ciento y la tasa impositiva corporativa máxima es del 25 por ciento. Otros impuestos incluyen un impuesto al valor agregado. La carga fiscal general equivale al 34,7 por ciento del ingreso nacional total. El gasto público ha ascendido al 45,3 por ciento de la producción total (PIB) en los últimos tres años, y los déficits presupuestarios han promediado el 5,6 por ciento del PIB. La deuda pública equivale al 117,1 por ciento del PIB.
Las regulaciones son relativamente transparentes. En 2014 se lanzó un sitio web de transparencia. Las pequeñas empresas tienen algunas dificultades para acceder al crédito. El aumento de los costos de las pensiones y la dualidad del mercado laboral, con trabajadores permanentes que reciben todos los beneficios y trabajadores temporales que reciben menos beneficios, interfiere con la libertad laboral. En 2021, el gobierno amplió los subsidios para vehículos eléctricos y proyectos de energía renovable.
Como miembro de la UE, España tiene en vigor 46 acuerdos preferenciales de comercio. La tasa arancelaria promedio ponderada por el comercio (común entre los miembros de la UE) es del 2,9 por ciento con 640 medidas no arancelarias exigidas por la UE en vigor. Casi todos los sectores están abiertos a la inversión extranjera y se han simplificado los procedimientos de aprobación. El sector financiero ha recuperado su estabilidad y los préstamos morosos continúan disminuyendo.
El crecimiento económico en España se desaceleró entre 2017 y 2019. La economía se contrajo en 2020 y el crecimiento se reanudó en 2021. Durante el mismo período de cinco años, la libertad económica mejoró. Con puntuaciones más altas en estado de derecho y libertad empresarial, España ha registrado un aumento general de 4,6 puntos en libertad económica desde 2017 y se encuentra en la mitad superior de la categoría «Mayormente libre». La libertad monetaria y la libertad de comercio internacional son sólidas, pero el fuerte gasto público y la mala salud fiscal pesan sobre la economía.
Los antiguos griegos despreciaban a los ciudadanos llamados idiotikós o privados. Egoístas e ignorantes, indiferentes a la actividad política, constituían un peligro para la democracia. Según muestran las encuestas, los ciudadanos actuales somos unos idiotas superlativos. Los políticos, ante esa circunstancia, cabecean con gesto grave y desaprobatorio. Como si les pareciera mal. Pero no nos engañemos. Componen el gesto. No les sorprenden ni, en el fondo, les desagradan los ciudadanos idiotas. Por eso recibieron con irritación, superada la perplejidad, los resultados de las últimas elecciones en determinadas Comunidades Autónomas, como los recibieron el 15-M en su momento. Su irritación en esta última no respondía, sin más, a la defensa de sus particulares intereses. Es injusta la contraposición entre unos políticos delincuentes, encarnación de todas las perversiones, y un pueblo angelical, irrebatiblemente excelso. Esa descripción es una autocomplaciente simplificación y, sobre todo, un error de diagnóstico. El problema no es de personas sino de reglas de juego. En realidad, para nuestras democracias, la desidia de los ciudadanos y el envilecimiento de la vida política no son patologías sino síntomas de salud. La patología es lo extravagante, lo que rompe el curso normal, y el curso normal de nuestros sistemas políticos no requiere de vocaciones públicas. Están pensados para prescindir de una ciudadanía vigilante e informada. La ignorancia y la mezquindad de los ciudadanos o la ambición personal y el medro de los políticos forman parte del guion de la competencia democrática, la prueba del buen funcionamiento de las instituciones.
Por ello, estimado lector, la próxima vez que alguien le hable de socialismo, piense en Cuba, no en España.
