Se observa con preocupación la cada vez mayor frecuencia con la que empresas del sector de la industria de defensa contratan o incluyen en sus consejos de administración a generales que hasta el día anterior se encontraban ejerciendo tareas directivas en las Fuerzas Armadas. Este personal es habitualmente contratado por las empresas para mediar en la consecución de contratos o para obtener beneficios especiales y no, salvo excepcionales ocasiones, por su conocimiento técnico en relación con los productos o servicios que dichas empresas ofrecen. Nada tenemos que objetar a que el personal militar, cualquiera que sea su empleo, se incorpore a amplios sectores de sociedad tras su pase a reserva o retiro, pues atesoran amplios conocimientos y, en muchos casos, valores encomiables. Sin embargo, el caso concreto del paso de generales a empresas de la industria de defensa, básicamente como comerciales, no nos parece ni ético ni estético. Es algo que la propia dignidad militar no debiera nunca haber permitido, pero que prolifera cada día con mayor descaro. Reprobamos dicha actuación, que pone en cuestión la ejemplaridad que se espera de altos mandos de los Ejércitos, modelo y espejo en el que todos los miembros de las FAS se miran.
La Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado establece que “quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo deberán efectuar, durante el período de dos años […] ante la Oficina de Conflictos de Intereses, declaración sobre las actividades que vayan a realizar, con carácter previo a su inicio”.
Esa oficina puede autorizar o denegar esas actividades privadas de los ex altos cargos, si considera que puede haber incompatibilidades: por ejemplo, si un alto cargo se marcha a trabajar a una empresa directamente beneficiada por decisiones que tomó cuando ostentaba responsabilidades en la administración pública.
La misma ley determina quiénes son altos cargos: ministros, secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales, delegados del Gobierno… Estas categorías de la Administración General del Estado tienen sus equivalencias en las Fuerzas Armadas.
Según el Real Decreto 372/2020, de 18 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Defensa, el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) tiene rango de secretario de Estado, y los Jefes de Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), de la Armada (AJEMA) y del Ejército del Aire (JEMA) tienen rango de subsecretario.
Otros oficiales generales que ocupan puestos destacados en el organigrama del Ministerio de Defensa, del Estado Mayor de la Defensa o de los ejércitos y la Armada también están considerados altos cargos, y por tanto cuando pasan a la reserva tienen la obligación de solicitar autorización para trabajar en empresas privadas.
Ante la pregunta de EH Bildu, el Gobierno de España recopiló en un listado las autorizaciones concedidas y denegadas a personal de las Fuerzas Armadas que fueron altos cargos.
Desde mayo de 2016, la Oficina de Conflictos de Intereses ha concedido 19 autorizaciones a doce altos mandos de las Fuerzas Armadas. Algunos han recibido más de una autorización, para trabajar en varias empresas del sector de la defensa, la seguridad y el armamento.
— Almirante Salvador Delgado Moreno: fue jefe de Apoyo Logístico de la Armada y pasó a la reserva en enero de 2020. Ha recibido cuatro autorizaciones: para trabajar como asesor en Petronor, en Advisory Experts, y en Proyectos de Economía Circular, y también se le ha permitido prestar sus servicios para Proyectos de Interés para la Defensa Argos.
— Teniente general César Miguel Simón López: llegó a jefe del Mando Aéreo de Combate, del Ejército del Aire. Hace unos meses pasó a ser asesor militar de Presidencia de Airbus España.
— General de Ejército Fernando Alejandre Martínez: fue Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD) entre abril de 2017 y enero de 2020). Como trabajador autónomo presta asesoramiento externo de consultor a Sener Aeroespacial (dedicada a la ingeniería y tecnología aeroespacial).
— Almirante José Luis Urcelay Verdugo: pasó a la reserva en 2019 y dejó el cargo de Segundo Jefe del Estado Mayor de la Armada. Desde entonces le han dado luz verde para trabajar en “consultoría y asesoramiento en Maxam”, una empresa de explosivos; para prestar “servicio de consultoría y asesoramiento” en Abengoa (infraestructuras, energía y agua); “servicios de consultoría y asesoramiento” en Oesia (aeronáutica, comunicaciones seguras…); así como en Everis Aeroespacial Defensa y Seguridad.
— Teniente general Miguel Alcañiz Comas: el anterior jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fichó como asesor de dirección y del consejo de administración de General Dynamics Santa Bárbara Sistemas, una de las empresas del consorcio que fabrica el Vehículo de Combate sobre Ruedas (VCR) 8×8 para el Ejército de Tierra.
— Teniente general José Carrasco Gabaldón: ocupó el puesto de jefe del Mando de Adiestramiento y Doctrina del Ejército de Tierra, en 2019 se le permitió empezar a trabajar como asesor estratégico en Everis Aeroespacial.
— Teniente general Ignacio Azqueta Ortiz: tras ser director del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) del Ministerio de Defensa, recibió autorización para trabajar en una empresa de consultoría tecnológica. Habría sido también Segundo Jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire.
— Teniente general Juan Antonio Carrasco Juan: este oficial general del Ejército del Aire fichó por Airbus Defence and Space después de dejar el cargo de Jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON).
— Teniente general Eduardo Gil Rosella: tras pasar a la reserva como Segundo Jefe del Estado Mayor del Aire, empezó a trabajar para Oesia Networks.
— General del Aire Francisco Javier García Arnáiz: el Jefe del Estado Mayor del Aire (JEMA) entre 2012 y 2017 solicitó y recibió autorización para ser asesor externo para Global Training Aviation, una empresa de formación aeronáutica y simuladores de vuelo.
— Teniente general Eugenio Pérez Ferrer: llegó a ser Jefe del Mando Aéreo de Combate del Ejército del Aire. Tras pasar a la reserva pasó a trabajar para Indra Sistemas.
— Teniente general Rafael Comas Abad: este oficial general del Ejército de Tierra dirigió el Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Una vez fuera del servicio activo empezó a trabajar como asesor para TRC (ingeniería e infraestructuras de comunicaciones, ciberseguridad, software…) y para Suricatta Systems (fabrica alojamientos para situaciones de emergencia).
ECD ha repasado la información sobre autorizaciones de compatibilidades de ex altos cargos que ofrece el Portal de Transparencia. Aparecen también otras autorizaciones a altos mandos de las Fuerzas Armadas, no citadas en la respuesta del Gobierno.
El Ejecutivo no cita al almirante general retirado Fernando García Sánchez, que fue Jefe del Estado Mayor de la Defensa de 2012 a 2017. García Sánchez es presidente de la Fundación Iberdrola, y por tanto no encaja en las preguntas de EH Bildu sobre militares que han pasado a trabajar en el sector de la defensa, la seguridad y el armamento.
Además, el listado facilitado por el Gobierno se remonta a 2016, pero hubo algunas autorizaciones previas a la ley de 2015.
El teniente general Fernando Sacristán Ruano, ex jefe del Mando de Apoyo Logístico del Ejército del Aire, recibió autorización para trabajar para Tecnobit (aeroespacial, seguridad y defensa), Horning Consulting, y Bess-Beyond Soluciones y Servicios (empresa de servicios en la cadena logística).
Para Lapid Consultores trabajó a partir de 2013 el teniente general de Tierra José Manuel García Sieiro, director general del INTA y director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa.
Cabe añadir que el Gobierno de España informa que también hubo un alto mando militar al que se le denegó una solicitud de compatibilidad: un ex director del INTA.
