Una objeción que normalmente se plantea al principio de autodeterminación mismo es que no puede ser aplicado al mundo real: no hay forma posible de trazar los límites del Estado que satisfaga simultáneamente todas las demandas de autodeterminación nacional (Véase el caso Vasco con Navarra y el País Vasco-Francés y el catalán con los Países catalanes). Por tanto, los intentos serios de aplicar el principio de autodeterminación conducen inevitablemente al caos político. Esta acusación aparece a lo largo de E. Kedourie (1966). Es planteada de forma sucinta en Gellner que afirma que los problemas políticos por mostrar que la inclinación a la autodeterminación nacional es endémica en las sociedades industriales y que, por tanto, sus problemas políticos son inevitables como está ocurriendo en Cataluña.
Es interesante observar que el liberalismo ha generado dos doctrinas diametralmente opuestas acerca de las fronteras de los Estados. Una subordina la cuestión por completo a las consideraciones de derechos individuales y justicia. El Estado tiene determinadas obligaciones hacia sus ciudadanos y, si éstesatsiface estas obligaciones de forma satisfactoria, sus derechos ningún grupo está justificado en su reclamación de secesión. Por el contrario, si un Estado existente fracasa en este respecto, explotando u oprimiendo a los miembros de un grupo particular, es posible que el grupo pueda proteger de forma más efectiva creando su propio Estado, y estará justificado al hacerlo. Hay que especificar que el punto de vista dominante entre los políticos en la comunidad internacional es más restringido: la secesión está justificada sólo si los derechos fundamentales del grupo secesionista están amenazados por el Estado del que se quiere secesionar, en particular cuando se trata de políticas genocidas o parecidas que ponen en juego la existencia del propio grupo, cuestión que ni de lejos se produce en Cataluña.
Birch, por ejemplo, establece cuatro condiciones en las que un grupo regional podría justificadamente demandar sus secesión de un Estado: la previa inclusión a la fuerza de la Región en el Estado, que no se ha producido en Cataluña; fallos graves en la protección de los derechos y en la seguridad de sus habitantes; fallos graves en la salvaguarda de los legítimos intereses políticos y económicos de la región; e incumplimiento de una negociación implícita o explicita diseñada para salvaguardar los intereses esenciales de la región como, por ejemplo, un cambio constitucional. Con la posible excepción de la primera, estas condiciones reflejan la imagen subyacente de que todo ciudadano tiene un conjunto de intereses básicos que esperan sean promovidos por el Estado, y sólo en el caso de que se encuentre en un grupo que sistemáticamente reciba un trato des-favorecedor, tendrá una buena razón para salirse. Las demandas que surgen del deseo de preservar la identidad cultural están excluidas de forma específica, máxime cuando la población de Cataluña es multicultural desde hace muchos años con las sucesivas revoluciones industriales y el flujo migratorio interno y externo que ha recibido.
La versión más sofisticada de este punto de vista liberal puede llegar a admitir que la cultura figure entre aquellas cosas en las que los individuos pueden tener un interés, junto a sus libertades y posesiones materiales. Esto puede coincidir, en la práctica, con el punto de vista nacionalista en circunstancias en que la política del Estado amenace a una minoría con la destrucción cultural, pero se da el caso que la materia constitucional de la educación está cedida a la Comunidad Autónoma. Pero incluso aquí hay una diferencia: el punto de vista liberal puede reconocer el interés de una persona por tener una cultura, pero no concede valor al deseo del grupo de preservar y desarrollar la cultura particular en la que ha nacido. En reveladora metáfora, Buchanan retrata a los grupos minoritarios como aferrados a un «barco que se hunde», pidiendo cuadernas y bombas para mantenerlo a flote, cuando tienen la oportunidad de «subir a bordo de otro bajel cultural más marinero». A lo que un nacionalista responderá, en primer lugar, que en las culturas, al contrario que en los barcos, uno no puede embarcar y desembarcar a placer, puesto que condicionan que una persona tenga una identidad y que sea capaz de tomar decisiones, eso sí, previo adoctrinamiento irrazonable de sus bases más jóvenes. En segundo lugar, que la cultura en cuestión no tiene por qué ser defectuosa en sí, sino que puede ocurrir que no florezca sin la protección que proporciona la autodeterminación política.
La implicación práctica de esto es que cualquier subcomunidad en cualquier Estado tiene derecho a votar la secesión de ese Estado, siempre que a su vez esté dispuesta a permitir a cualquier sub-comunidad un derecho equivalente y así «ad infinitum». Esto puede ser poco más que una receta para la anarquía.
Enrique Area Sacristán.
Teniente Coronel de Infantería.
Doctor por la Universidad de Salamanca.
