No es éste el lugar para embarcarse en un análisis completo de la idea de soberanía, uno de los conceptos más confusos del repertorio del pensamiento político. Un cuerpo soberano, es un cuerpo que tiene la autoridad para decidir, y especialmente legislar, sobre un conjunto de cuestiones. En el caso de los Estados, la soberanía se refiere habitualmente a dos aspectos: se dice que los Estados son soberanos internamente en la medida en que son reconocidos como la autoridad última en las cuestiones que acaecen dentro de sus fronteras. Y son soberanos externamente en la medida en que sus decisiones no pueden ser invalidadas por cualquier otro cuerpo, sea éste un Estado u una Institución internacional. El planear las cosas de esta manera muestra que el alcance de la soberanía puede variar. Un Estado puede ser soberano con respecto a una cuestión pero no a otras. Convencionalmente, se asume que los Estados ejercen su soberanía con un carácter ilimitado, pero la cuestión que quiero contestar es si la idea de autodeterminación nacional precisa necesariamente esto.
Resulta meridianamente claro que hay formas de nacionalismo que apuntan en dirección a la soberanía ilimitada como un ideal político como ocurre en Cataluña. Si uno cree que las naciones están justificadas al hacer lo que mejor promueva sus intereses, incluido pisotear los intereses de sus vecinos, entonces no hay limites a su autoridad. Pero el principio de nacionalidad que se puede defender no es de este tipo. Da argumentos a favor de la autodeterminación nacional, pero estos argumentos se aplican a todos los pueblos que satisfacen los criterios de nacionalidad. Por tanto, la reiteración está integrada en el principio mismo. Al justificar las obligaciones especiales que tengo con mis compatriotas españoles, estoy justificando a los norteamericanos en su reconocimiento y en su actuar por obligaciones especiales con sus compatriotas, a los franceses con los franceses, etc. De igual forma, al justificar el deseo de mi propio País de ser una Unidad política independiente, estoy justificando los deseos correspondientes de otros. Esto nos dice cómo actuar cuando esos deseos entran en conflicto. Pero quizás, si el principio es especificado correctamente, tales conflictos serán tan raros como los que se dan en Cataluña y Vascongadas. La cuestión, por tanto, es ver en qué medida deben ejercer los poderes soberanos los Estados nacionales.
El ideal guía es aquí el de un pueblo que reproduce su identidad nacional y que zanja asuntos que son colectivamente a través de la deliberación democrática. Para lograr esto, necesitan una unidad política con autoridad de alcance relevante, pero cómo haya de ser tal alcance depende de la identidad particular del grupo en cuestión, y de los fines y propósitos que quieren lograr. Por tanto, una nación puede incluir la afiliación religiosa como parte de su autodefinición, en cuyo caso es muy probable que desee que la autoridad política que ejerce se extienda a cuestiones religiosas, mientras que otra nación puede definirse a sí misma de maneras que no hagan referencia a la religión. Por tanto es muy difícil fijar a prior los límites del alcance adecuado de la soberanía desde esta perspectiva. Más aún, no podemos fijar por adelantado que características particulares de la forma de vida de una sociedad hayan de cobrar relevancia como descriptores de la identidad nacional, máxime cuando éstas se encuentran tremendamente divididas.
De otra forma, no se sigue que las naciones Estado deban demandar de una manera rígida soberanía completa sobre sus asuntos internos. Puede haber, por ejemplo, buenas razones para transferir poder de decisión hacía arriba, hacia cuerpos confederales o, como es el caso de España hacía abajo, hacía las Comunidades que ya son dueñas de Instituciones y organizaciones que, de facto, ya son un Estado federado.
Por tanto, hay una presunción aquí en favor de la soberanía del pueblo español junto con un reconocimiento de que en la práctica muchas decisiones ya se han delegado de forma sensible hacia abajo.
Quizás esta perspectiva puede entenderse mejor atisbando lo que entraña en unos pocos ámbitos políticos clave. Empecemos por la Defensa nacional. En un mundo postimperial, parece que no hay razón para que la defensa no sea gestionada, como así lo es, a un nivel supranacional. Por ejemplo, en un contexto europeo, por una defensa colectiva europea. Cada nación tiene interés en su seguridad pero no un interés palmario en que su seguridad sea proporcionada por sus propias Fuerzas Armadas en tanto opuestas a una forma colectiva europea. Esto está en línea con la idea tradicional de confederación, que era la de una alianza para la seguridad y defensa mutua pero que dejaba la política interior de cada uno de los Estados en sus manos.
En el otro extremo del espectro se encuentra la política social. La política social es el vehículo mediante el que se expresan los ideales comunes y también los medios mediante los cuales una sociedad reproduce de forma consciente su identidad, cuestión que está cedida a las Instituciones Catalanas y Vascas, entre otras. Este último aspecto queda particularmente claro si uno toma como ejemplo la educación pública. Lo que se enseña en las escuelas y cómo se enseña refleja las prioridades de una cultura particular y tiende a fomentar esas prioridades en las generaciones que se están formando. Por estas razones, hay un claro argumento a favor de que Gobierno nacional retenga y no hubiera cedido esa materia a las Comunidades Autónomas que han retenido un control directo sobre la elaboración de la política social influyendo, adoctrinando, a sus alumnos en determinadas opciones sociopolíticas desde la más tierna infancia.
Pero todo esto indica que el Estado Catalán ya existe por dejación, por equivocación o por mala fe de unos políticos que deberían confesarse por no haber tenido en cuenta las obligaciones de reciprocidad, que surgen de las prácticas y del respeto a las leyes que todos nos hemos dado: la Constitución.
Enrique Area Sacristán.
Teniente Coronel de Infantería.
Doctor por la Universidad de Salamanca
