Por estos pagos ibéricos están muy arraigados los dichos «siempre que llueve escampa», o “no hay mal que cien años dure”, induciendo al optimismo al indicar que tras el mal tiempo viene al bueno y, en sentido general, que las desgracias no son eternas. Estos refranes no van contigo, lo tuyo es tormenta y ofensa permanente al ciudadano.
Desde que estabas en la oposición municipal hasta el presente te he dirigido numerosos escritos con las pruebas documentales pertinentes demostrativas de que la normativa reguladora para la tramitación de actos religiosos en la vía pública es la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del derecho de reunión, que determina “La celebración de reuniones en lugares de tránsito público y de manifestaciones deberán ser comunicadas por escrito a la autoridad gubernativa correspondiente – Delegación del Gobierno en Madrid – por los organizadores o promotores de aquéllas…”
Entre las pruebas que confirman lo anterior merecen citarse escritos de la Secretaría de Estado de Seguridad y la Subdelegación del Gobierno en Madrid, de la Federación Española de Municipios y Provincias a la que está asociado el Ayuntamiento de Madrid, y el Manual para la gestión policial de la diversidad religiosa elaborado por la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid con la participación de otras entidades, y editado por el Área de Gobierno de Salud, Seguridad y Emergencias de ese Ayuntamiento que te estás cargando.
Lejos de cumplir con la obligación de respetar la ley, nada más tomar posesión de tu inmerecido cargo la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid bajo tu presidencia aprobó el Acuerdo de 25 de julio de 2019, de organización y competencias de los Distritos, que confiere competencias a los concejales presidentes de los distritos, de “autorizar los actos que se celebren en la vía pública del Distrito de carácter, entre otros, religioso, obviamente transgresoras de la ya citada Ley Orgánica 9/1983.
Asimismo, por vía telemática te he dirigido numerosas solicitudes a fin de que respetes la mencionada Ley Orgánica 9/1983 y que la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid derogue las competencias de los concejales presidentes de los distritos, de “autorizar los actos que se celebren en la vía pública del Distrito de carácter religioso” y acatar la Ley Orgánica 9/1983.
Según la práctica administrativa, los primeros perceptores de mis solicitudes habrán sido María Concepción Suárez Rodríguez, directora de tu Secretaría, Ana Julia de Miguel Cabrera, directora de tu gabinete y Matilde García Duarte, Coordinadora General de la Alcaldía que, al parecer, por el silencio que has dispensado a mis solicitudes, o no te han informado de las mismas lo que no te libera de responsabilidad en el ejercicio de tu cargo, o has decretado el silencio administrativo al respecto, lo que demanda el tratamiento adecuado.
En todo caso, tu displicente silencio me ha obligado a acudir a Sara Emma Aranda Plaza, Coordinadora General de Distritos, Transparencia y Participación Ciudadana a fin de que mediase ante su jefa la concejala Silvia Saavedra Ibarrondo, Delegada del Área de Coordinación, Transparencia y Participación Ciudadana, Presidenta por delegación de la Comisión Preparatoria de la Junta de Gobierno y secretaria de la misma, para que en cumplimiento de la ley y de sus funciones, incluyese en el orden del día de dicha Junta la derogación de las citadas competencias de los concejales presidentes de los distritos, para que el Ayuntamiento de Madrid tramitase los actos religiosos en la vía pública de acuerdo con la Ley Orgánica 9/1983.
Las aludidas han empleado toda clase de maniobras torticeras, obstruccionistas y dilatorias, tan intolerables como punibles, con el fin de aburrirme y obligarme a desistir de mis propósitos de que el Ayuntamiento de Madrid, capital de España, respete el marco jurídico de nuestro Estado de Derecho.
Con el fin de encontrar en el Ayuntamiento de Madrid alguien que respetase la ley, dirigí las mismas solicitudes a Begoña Villacís Sánchez, Vicealcaldesa de Madrid, volviendo a recibir la ofensa de su silencio.
Al probar suerte nuevamente con Engracia Hidalgo Tena, concejala delegada del Área de Gobierno de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Madrid, me obsequió igualmente con su indolente silencio ante los hechos en cuestión.
En este ranking de los disparates adquiere especial relevancia Fernando Romero Angulo, asesor técnico de la Alcaldía, incomprensible e irrazonable receptor de mis anteriores mensajes en los que no figuraba como destinatario, que a su ciega y tenaz oposición durante los 3 últimos años a que el Ayuntamiento de Madrid cumpla la Ley Orgánica 9/1983 sin que nadie haya solicitado su opinión agrega su burlesco lenguaje y falta de respeto hacia mí.
Los hechos expuestos destruyen la imagen y prestigio del Ayuntamiento de Madrid aniquilando el buen nombre y crianza de cuantos lo componen, siendo irrebatible que los madrileños no pagamos impuestos para merecer la presencia de los autores de estos desmanes en la nómina municipal, por lo que te invito a adoptar las correspondientes medidas disciplinarias derivadas del presente caso y cumplir mis solicitudes a la mayor brevedad posible notificándome tu resolución al respecto.
En espera de tu respuesta, desde el respeto a la ley,
Efrén Díaz Casal
Coronel de Infantería (R)
