La migración forzada (o involuntaria), sea movimiento interior o exterior en la Nación, incluye un conjunto de categorías legales o políticas de las cuales vamos a analizar las que fundamentalmente afectan a España. Todas implican a personas que han sido forzadas a escapar de sus hogares y buscar refugio en otra parte. El habla popular tiende a llamarlos a todos «refugiados», pero legalmente ésta es una categoría legal bastante restringida. La mayoría de los migrantes forzados huyen por razones que no son reconocidas por el régimen internacional de refugiados y muchos de ellos son desplazados dentro de su propio país de origen.
Refugiados
De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas en Relación con el Estatus de los Refugiados de 1951, un refugiado es una persona que reside fuera de su país de nacionalidad, que no puede o no desea regresar debido a un «temor bien fundamentado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, membresía en un grupo social particular u opinión política». Unos 140 de los 190 Estados del planeta han firmado la Convención de 1951. Los Estados miembros se comprometen a proteger a los refugiados y a respetar el principio de non–refoulement (esto es, no regresarlos a un país en el que pudieran ser perseguidos). Esto puede requerir que se permita a los refugiados entrar y garantizarles un status de residencia temporal o permanente. Los refugiados, oficialmente reconocidos con frecuencia, están en mejores condiciones que otros migrantes forzados ya que tienen un status legal claro y gozan de la protección de una institución poderosa: el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (United Nations High Commissioner for Refugees–UNHCR).
La población global de refugiados creció de 2.4 millones en 1975 a 10.5 millones en 1985 y a 14 millones en 1990. Se alcanzó un clímax después de la Guerra Fría con 18.2 millones en 1993. Para el año 2000, la población global de refugiados ascendió a 12.1 millones (UNHCR, 2000).
Los refugiados venían de países azotados por la guerra, la violencia y el caos. Los tres principales lugares de origen fueron Afganistán (con 2.6 millones de refugiados en 1999), Irak (572 mil), Burundi (524 mil), Sierra Leona (487 mil), Somalia (452 mil), Bosnia (383 mil), Angola (351 mil), Eritrea (346 mil) y Croacia (340 mil) (UNHCR, 2000b).
Solicitantes de asilo.
Estas son personas que cruzan fronteras internacionales en busca de protección, pero cuyos méritos para obtener el estatus de refugiados no han sido decididos aún. Las solicitudes anuales de asilo en Europa occidental, Australia, Canadá y Estados Unidos combinadas se incrementaron de 90 mil 400 en 1983 a 323 mil cincuenta en 1988, y luego aumentaron nuevamente con el fin de la Guerra Fría para alcanzar 828 mil 645 en 1992 (UNHCR, 2000). En conjunto, cinco millones de solicitantes de asilo entraron a países occidentales entre 1985 y 1995. Las solicitudes decayeron abruptamente hasta 480 mil en 1995, pero comenzaron a subir nuevamente a 534 mil quinientos en el año 2000. Casi el total del descenso puede explicarse por una caída en las solicitudes de asilo a consecuencia de los cambios en la ley de refugiados en Alemania (438 mil doscientas solicitudes en 1992, pero sólo 127 mil novecientos en 1995) y en Suecia (84 mil en 1992, nueve mil en 1995). El Reino Unido tuvo relativamente pocos solicitantes de asilo a principios de los noventa, con 32 mil trescientos en 1992, pero las cantidades se incrementaron al final de la década hasta 55 mil en 1998 y 97 mil novecientos en el 2000.
Los medios y los políticos a veces aseguran que los solicitantes de asilo no son verdaderas víctimas de persecución, sino simples migrantes económicos disfrazados. No obstante, en muchas situaciones de conflicto es difícil distinguir entre la huida debido a la persecución y la partida causada por la destrucción de la infraestructura económica y social necesaria para la sobrevivencia. Los solicitantes de asilo viven en una situación de un limbo prolongado dado que los procedimientos de determinación y las apelaciones pueden llevarse varios años. En algunos países, los solicitantes de asilo no tienen permiso de trabajar, o tiene que mantenerse con magros recursos de beneficencia. Hasta un 90 % de las solicitudes de asilo son rechazadas —no obstante, la mayoría de los solicitantes se quedan—. En muchos casos no pueden ser deportados porque el país de origen no los recibe o porque no tienen pasaportes. De hecho, quienes buscan el asilo son una fuente útil de mano de obra que alimenta las crecientes economías informales de los países occidentales.
Personas desplazadas internamente
Las PDI’s por lo general se definen como «personas que, como resultado de persecución, conflicto armado o violencia, han sido forzadas a abandonar sus hogares y dejar su lugar habitual de residencia, y que permanecen dentro de las fronteras de su propio país», como puede ser el caso de los vascos y catalanes identificados como españoles en las regiones de origen. (UNHCR, 1997). Sin contar estas situaciones no derivadas de un conflicto bélico tradicional sino, más bien, de una guerra hibrida, se estima que el número de PDI’s en el mundo entero se elevó de 1.2 millones en 1982 a 14 millones para 1986 y a más de 20 millones en 1997. El número de países con poblaciones PDI’s se incrementó de cinco en 1970 a 34 en 1996. El incremento se debe a nuevos tipos de guerras que deliberadamente atacan a las poblaciones civiles. Es indudable que el desplazamiento masivo de la población puede ser un instrumento deliberado de la guerra, como en Bosnia, Kosovo, Chechenia, Ruanda y Myanmar. La prolongada guerra en Sudán entre el norte árabe–musulmán y el sur cristiano–africano ha generado cuatro millones de PDI’s. Otras importantes poblaciones de PDI’s en 1996 fueron Turquía (500 mil a un millón), Afganistán (1.2 millones), Angola (1.2 millones), Bosnia (un millón), Myanmar (500 mil a un millón), Liberia (un millón), Irak (900 mil), Sri Lanka (900 mil) y Colombia (600 mil) (Cohen y Deng: 33). En Sri Lanka, Angola y Sudán, algunas personas han vivido como PDI’s —con frecuencia en medio de una gran inseguridad y pobreza— por más de 20 años.
Las PDI’s son más numerosas que los refugiados, no obstante, que frecuentemente viven sin protección o ayuda efectiva alguna. No existe instrumento legal internacional diseñado para protegerlos, aun cuando están incluidos en las convenciones generales sobre derechos humanos. Tampoco hay agencia internacional alguna como el UNHCR que se haga responsable de las PDI’s. El problema principal es la soberanía: según el derecho internacional, las PDI’s son responsabilidad de su propio gobierno dado que no han cruzado fronteras internacionales, aun cuando es frecuente que este mismo gobierno los haya perseguido y desplazado.
Desplazados ambientales y por desastres.
Esta categoría incluye a personas desplazadas por el cambio ambiental (desertificación, deforestación, degradación de la tierra, contaminación de aguas o inundaciones), por desastres naturales (desbordamientos, erupciones de volcanes, deslaves, terremotos) y por desastres generados por el hombre (accidentes industriales, radioactividad), como pudiera darse derivado del caso del volcán de Cumbre Vieja en La Palma. Un reporte del ambientalista Norman Myers en 1995 señalaba que existían cuando menos 25 millones de refugiados ambientales, que el número podría doblarse para el 2010 y que hasta unos 200 millones de personas podrían eventualmente estar en riesgo de ser desplazados. Los expertos en refugiados rechazan tales visiones apocalípticas y argumentan que su principal propósito es impresionar a los gobiernos occidentales para que emprendan acciones que protejan el ambiente. Un estudio del geógrafo Richard Black afirma que no existen los refugiados ambientales como tales. En tanto que los factores ambientales sí juegan una parte importante en la migración forzada, los desplazamientos debidos a factores ambientales siempre están estrechamente ligados con el conflicto social y étnico, con estados débiles y la violación de los derechos humanos. El énfasis en los factores ambientales es un distractor de los temas centrales del desarrollo, desigualdad y resolución de conflictos.
Y, así podemos concluir que las migraciones interiores en España por motivos psico sociales, etnicos políticos y linguisticos en las regiones de Vascongadas y Cataluña se debe de tener muy en cuenta a la hora de ayudar a los desplazados a otras comunidades por no haberseles tenido en cuenta como víctimas del terrorismo etarra y como víctimas del nacionalismo exacerbado catalanista.
De la misma manera, los, posiblemente, miles de desplazados que se produciran con ocasión del volcan de Cumbre Vieja en La Palma a otras Islas deberán ser tenidos en cuenta por el Gobierno central, como una de sus primeras prioridades, dada la posición estratégica de las Islas en su conjunto y en las que ya se oyen voces de abandono por parte de la Peninsula de las Islas, en contraposición con movimientos marroquies de aproximación a las mismas.
