Manos Limpias presentó, en julio, una querella contra el fiscal jefe de Talavera de la Reina, una magistrada y su marido por supuesta prevaricación, sobre la base de una denuncia previa de corrupción presentada por el magistrado Fernando Presencia. El que fuera, hasta 2012, titular del Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia, fue trasladado forzosamente. Aquí habla alto y claro sobre eso. Y mucho más.
Tiene 51 años. Hace tres lo perdió todo. Su mujer, sus hijos, su destino. El mundo que este hijo y sobrino de jueces se había construido a fuerza de trabajo y dedicación, se le hizo pedazos.
Fue sancionado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, con la pérdida de destino y el traslado de Valencia a Talavera de la Reina.
Por la comisión de una falta muy grave del artículo 417.6 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. O lo que es lo mismo, por ‘codirigir’ un master oficial en la Universidad Politécnica de Valencia para administradores concursales. Profesionales a los que luego nombraba para ese cometido en los concursos que llevaba su juzgado.
“Las cosas no son lo que parecen ni como se han contado. Por mucho que se repita esa mentira, jamás será verdad”, afirma con rotundidad el magistrado Presencia.
“A mí había que quitarme de en medio. Porque lo que estábamos impulsando, desde los Juzgados de lo Mercantil de toda España, era algo poco menos que revolucionario. Era la implantación del concepto de la dación en pago en los concursos de acreedores. Por ello, me siento una víctima de la politización de la Justicia”.
A usted lo denunció la Asociación de Preeminencia del Derecho…
…con un recorte de prensa de Internet. Así es. Pero se ha tergiversado todo.
Después de que esa Asociación presentara la denuncia, a usted el CGPJ le abre un expediente en el que se puede leer que ha organizado un master en el que 27 de los 44 alumnos fueron luego nombrados por usted administradores concursales. Con ello están sugiriendo…
Están sugiriendo un delito de prevaricación, sí. Tendrían que haberme abierto un procedimiento penal y acusarme de ello abiertamente, para que yo me hubiera podido defender. Como debería de ser. Pero no, han optado por el camino de las insidias. Me han colgado la etiqueta mediática de ‘juez corrupto’.
Si soy un juez corrupto, si tienen pruebas concluyentes, ¿por qué no me han echado de la carrera? ¿Y por qué no me han metido en la cárcel? Los corruptos sólo pueden tener un destino: la prisión.
¿Saben cuál es la respuesta? Porque es mentira. Así, con mayúsculas.
«A MÍ HABÍA QUE QUITARME DE EN MEDIO. PORQUE LO QUE ESTÁBAMOS IMPULSANDO, DESDE LOS JUZGADOS DE LO MERCANTIL, ERA POCO MENOS QUE REVOLUCIONARIO»
¿Tenía usted derecho a montar un master?
Entiendo que sí. Pero tengo que aclarar que yo jamás dirigí o codirigí ese master, como se ha publicado.
No podía. Por un simple hecho: no tengo el título de doctor, requisito imprescindible para ello. Y, por ello, jamás pude firmar ningún acta.
Era un master de cuatro meses de duración que tuvo tres ediciones. Lo diseñé yo, es cierto. Es fruto de mi talento, y es propiedad intelectual propia.PUBLICIDAD
Así la registré.
¿Qué es lo que no se me perdona? Que ganara dinero. Dinero legítimo por el que pague los impuestos que debía. Tan legítimo como el que cobran mis compañeros cuando hoy dan clase en masteres, en seminarios o en jornadas.
¿Daba usted clases?
Di clases el primer año. Los dos años siguientes, no. Yo suscribí un contrato de edición con la Fundación Pro Iure que, a su vez, tenía un convenio con la Universidad Politécnica.
¿No sabía usted que necesitaba autorización del Consejo para montar un master como ese?
Consideré que no necesitaba autorización porque, repito, como ocurre con mis compañeros que se dedican a la docencia, no era el director del master. Me limité a ceder mis derechos de propiedad intelectual del diseño del curso.
Considerando mi situación, ahora mismo el Consejo podría imponer el mismo castigo a muchos jueces.
¿En algún momento alguno de estos administradores concursales le pagó dinero?
Eso es un delito. Rotundamente, no. Jamás recibí dinero de esa gente. Ni en blanco ni en negro.
«JAMÁS DIRIGÍ O CODIRIGÍ ESE MASTER, COMO SE HA PUBLICADO. NO PODÍA»
En el texto se dice, el master tenía un precio de 12.000 euros. Constaba de 29 sesiones. ¿Cobró usted por esto?
Claro, ya se lo he dicho. No tengo nada que ocultar porque no hice nada malo. Al final decidimos cobrar cantidades fijas al mes los cuatro meses que duraba el master. Todo está declarado en Hacienda.
Y continúa el instructor del expediente: “La actividad que desarrolla el magistrado señor Presencia en el master en cuestión podía comprometer gravemente su independencia e imparcialidad en el ejercicio de la jurisdicción…”.
¿Por qué?
¿Por qué nombraba administradores concursales a la gente que usted formaba?
Mire, el 85 por ciento de los jueces de lo mercantil de España –en aquel tiempo eran 50- pasaron por este master. ¿Qué tendrían que hacer mis compañeros, desde ese punto de vista? ¿No nombrar a ninguno de ellos porque les han dado clase como alumnos?
El 1 de octubre próximo entra en vigor la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en la que se atribuye a los juzgados de primera instancia la competencia para conocer de los concursos de personas físicas no comerciantes. A estos jueces y a los administradores que vienen habrá que formarlos. Ellos dicen, es que no hay gente para formar.
¿Quiénes lo van a hacer? ¿Quiere que se lo diga? Los que tienen ese conocimiento. Los que poseen la experiencia. Si no quieren que sea así, que lo prohiban taxativamente.
¿Por qué se metió en este berenjenal, señor Presencia?
Porque yo había sido el impulsor de los cursos de Xátiva, unos cursos de administración concursal que solían durar dos o tres días. Allí, mis compañeros de lo mercantil y yo impartíamos los contenidos sobre la ley de 2003 a profesionales de la administración concursal que había que formar.
Entonces no había una formación reglada.
Los cursos estaban financiados por los colegios de abogados y de economistas pero eran antieconómicos.
De ahí nació la idea de un master en condiciones, que diseñé yo. Además, cuando empezamos a hacer los cursos se modificó la Ley. Y era mérito preferente el tener especialización.
Con eso se dio carta de naturaleza a los cursos. Si se trataba de dar especialización, ¿cómo no ibas a nombrar al que formas? Es un título oficial, público. ¿En qué cabeza cabe no hacerlo?
«EL 85 POR CIENTO DE LOS JUECES DE LO MERCANTIL DE ESPAÑA -HABÍA 50 EN ESE MOMENTO- PASARON POR ESTE MASTER»
Si cree que fue sancionado erróneamente, ¿piensa hacer algo?
A la magistrada de lo Mercantil de Badajoz. Sara Vila, su exmarido la denunció por lo mismo que me denunciaron a mí. Es un caso idéntico al mío. A ella se lo han archivado. Otra cosa es que se quiera hacer ver de forma diferente.
En ese caso se aplica un artículo diferente. Lo suyo lo consideraron una falta muy grave y lo de su compañera una falta grave.
¿Y por qué?
¿Quizá porque el suyo era un master y el de ella no?
No, los dos son másteres. La duración fue la misma: 4 meses. El suyo se impartía en Madrid. Por Fundieco, en el Centro Universitario Villanueva. Si entra en su página web, podrá comprobar que todo el claustro de profesores está formado por magistrados de lo mercantil de toda España, incluyendo a Sara Vila, y que estaba codirigido por dos magistrados de lo mercantil, también. Ninguno de esos dos magistrados ha sido sancionado. Yo sí, y nunca dirigí o codirigí master alguno, aunque sugirieran que lo hice.
¿Va a recurrir su situación?
Participar en un curso no es actividad prohibida. Si ha habido un cambio de criterio quiero que se me aplique. Quiero que se anulen los antecedentes que aún no me los han cancelado. No está tipificado la cesión de la propiedad intelectual. Ellos han reconocido después que no es una infracción.
Si no quieren que los jueces de lo mercantil participen en estos masters porque puede crear sombras de sospecha, pues tienen que decirlo. No se puede inventar sanciones porque sí.
¿Qué se plantea hacer?
La revisión de oficio. Me lo está llevando un conocido catedrático de derecho administrativo. También voy a demandar, ante la jurisdicción mercantil de Madrid, la violación de mis derechos de propiedad intelectual.
Usted tiene la seguridad de que el CGPJ le ha enfilado. ¿Por qué?
El CGPJ se encuentra con esto de casualidad. Yo era el mayor experto en España sobre la dación en pago en los concursos de acreedores. En ese momento se entendía que estaba prohibida.
Soy el inventor, o el descubridor, de la tesis que permite interpretar la ley en el sentido de que cabe la dación en pago para los créditos privilegiados, los hipotecados. Los organizados con hipoteca.
¿Y qué tiene que ver eso con el supuesto interés del CGPJ hacia su persona?
Déjeme que le explique. Hasta ese momento en el concurso se prohibía la cesión en pago para pago de bienes. No se podía pagar a los acreedores con bienes del concurso, evidentemente. Te cargabas la ‘par conditio creditorum’ (igual condición de crédito).
Si en el concurso sólo hay esto [toma un teléfono móvil que hay sobre la mesa, como ejemplo] y sois dos y se lo doy a uno de vosotros pues el otro se queda sin cobrar. La ‘par conditio’ te la cargas.
La única forma de respetar la ‘par conditio’ era convertir esto [el teléfono] en dinero, que es lo más fungible que hay. Una vez que tengo el dinero, lo divido en dos y cada uno se lleva su parte.
¿Eso significa que está prohibida la dación en pago de todo el concurso? Sí. Para los créditos ordinarios. Pero no para los que están garantizados con una hipoteca.
Si resulta que, de los dos acreedores, tú [dirigiéndose a Yolanda Rodríguez] tienes una hipoteca sobre esto, esto necesariamente te lo voy a tener que dar.
Luego cabe la dación en pago.
Te doy esto y se extingue la deuda contigo.
«YO ERA EL MAYOR EXPERTO EN ESPAÑA SOBRE LA DACIÓN EN PAGO EN EL CONCURSO DE ACREEDORES»
¿Cuál era el problema?
Que la crisis económica había dado la vuelta a los principios que existían en materia civil en España. Estaba la represión de la usura.
Nadie había planteado hasta ese momento la dación en pago de un crédito hipotecario. Porque se pretendía justo lo contrario, que por impago de una cuota pudieras quedarte con un bien. Pero es que la crisis había conseguido lo que nunca antes se había visto, y es que los bienes valían mucho menos que la hipoteca.
Al ser el valor del activo inferior al del pasivo, con la dación en pago retiro un pasivo muy superior. El beneficio que se produce para el concurso es inmenso. Hasta tal punto que la dación en pago es la única que consigue los convenios.
La única que consigue cambiar las tornas, la única que consigue que ese pasivo, que era superior al activo, vaya disminuyendo como consecuencia de las daciones en pago. Y llega un momento en que se igualan.
Y cuando se igualan, ¡pum!, convenio.
Eso lo consiguió la dación en pago. Era revolucionario.
La dación en pago en los concursos de acreedores ciertamente no afectaba al CGPJ. ¿A quién?
A los bancos. Porque se quedaban bienes que no valían nada. Y se extinguía sus créditos.
Para el concurso los créditos hipotecarios son pasivos pero para el banco son activos. Para los bancos la dación en pago hacía desaparecer los activos, las hipotecas, y hacía que se quedaran con bienes que no valían nada. Los desbalances que se producían los podían colocar en causa de disolución.
Ustedes, los jueces de lo mercantil, ¿trataron esto con los bancos?
Claro, las jornadas que organizábamos comenzaban con reuniones de jueces y banqueros. Sobre la tarima. Y los administradores concursales abajo, escuchando.
Esto que acabo de decir, doctrinalmente no se puede rebatir. El único problema es que ellos quedaban muy mal.
¿Intervino el Banco de España en esas jornadas de Xátiva?
Sí. Yo invité al Banco de España muchas veces. Al final, vinieron. Los jueces de lo Mercantil les convencimos de que la única solución era la creación del ‘banco malo’. Así lo llamamos nosotros. Lo que hoy es la Sareb.
Personalmente, inventé la ‘tesis del centrifugado de bienes’. Los concursos debían estar promocionando la dación en pago para hacer que los bienes se laven, se centrifuguen, desaparezca la mancha de la hipoteca y vuelvan al mercado.
Porque mientras que sean hipotecas son como buques que están anclados, que no sirven para nada. No sirven para comerciar.
Si les quitas el ancla, pueden moverse.
¿Se aceptó finalmente la dación en pago en el concurso de acreedores?
Sí, y en una de mis conferencias me trajeron, como compañero de mesa, a uno de los vocales que iban a formar parte de la Comisión de Codificación, que es un abogado del Estado de Burgos. Se quedó sorprendido con la tesis. La sacó en la reforma de 2011. Pero como algo voluntario.
Se permitió la dación en pago, con otro nombre: la cesión en pago para pago.
Se utilizó tanto que fue la forma de que los administradores concursales pudieran cobrar, porque en los concursos no había nada.
El banco recibía un bien. Tenía que pagar a unos impuestos y ese dinero iba directamente al concurso. Y con eso se cobraban.
Tuvieron que modificar la Ley del IVA, y cambiar el sujeto pasivo. Para que vean hasta que punto estaban pendientes de nuestras ideas, de las ideas que proponíamos los magistrados de lo mercantil de toda España.
«LOS JUECES DE LO MERCANTIL ÉRAMOS UN GRUPO DE PRESIÓN IMPORTANTE. POR ESO NOS ATACARON TANTO»
Lo que usted está diciendo es que los jueces de lo mercantil de España se convirtieron en un lobby para la modificación de la legislación concursal en tiempo de crisis.
Así es. Los jueces de lo mercantil éramos un grupo de presión importante. Por eso nos atacaron tanto. Yo no fui el que recibió el primer ataque. Fueron los jueces de Andalucía. Aquellas jornadas estuvieron organizadas por administradores concursales y fueron muy criticadas por la prensa.
Yo también, de una forma especial. Hubo artículos que decían, ¿Y qué es eso de la dación en pago? Artículos contrarios, claro está. Ridiculizándome. Fueron a por mí desde los medios y desde el órgano que se suponía que debía protegerme. Vuelvo a repetirlo: me siento una víctima de la politización de la justicia.
A mí no hay nadie que me quite que las entidades bancarias, que son muy poderosas, maniobraron para desacreditarme, desde los medios de comunicación, primero, y para acabar conmigo, desde el Consejo.
¿Por qué podría estar interesado el Consejo en echar una mano a los bancos?
En nuestra sociedad los intereses están muy entrelazados. La politización del CGPJ contribuye a ello.
¿Cuál fue el caso en el que usted, por decirlo lo más simple posible, tocó hueso como juez de lo mercantil en Valencia?
El concurso de Llanera Construcciones. Fue el concurso de promotora inmobiliaria más importante del momento, con una deuda reconocida de 700 millones de euros y 13.800 acreedores. Con el paso del tiempo, se ha convertido en la quinta. Fue en 2007.
Es en Llanera donde comienzo a poner en práctica estas teorías. Y funcionan. Los abogados del Estado recurriendo. La Fiscalía recurriendo…
En Llanera es donde se ponen a prueba todas las tesis de la dación en pago.
A Inmochan, la filial inmobiliaria de la multinacional francesa Auchan (Alcampo en España), yo la pongo en causa de insolvencia, desde el Juzgado de lo Mercantil 2 de Valencia, del que era titular. Le exijo, mediante sentencia, el pago de 30 millones de euros por incumplir un contrato. Y cumplen.
¿Qué pasó en apelación?, porque Inmochan recurriría…
En apelación, la Audiencia Provincial confirmó mi sentencia.
Sin embargo, Auchan-Inmochan consigue llamar la atención del CGPJ.
Cambian de abogados. Contratan a Garrigues.
Desde mi punto de vista, al Consejo lo que le interesaba era acallar lo de la dación en pago. Recordemos que entonces era el motor, la justificación, que daba fuerza a los escraches que en ese momento estaban teniendo lugar.
Ahí se juntaron varias cosas: por un lado estaba la dación en pago, por otro Llanera, luego el tema político y la presión de los bancos.
Y entonces van a por mí. El Consejo va a por mí.
Se creó un estado de opinión contra los jueces de lo mercantil y contra mi persona en particular. Me convierto en cabeza de turco.
El Supremo revoca su sentencia y la anula.
Así es. El Supremo dice que no se pueden exigir los 30 millones y ordena a Llarena Construcciones a devolvérselos a Inmochán. Llanera, que estaba cumpliendo el convenio, va a liquidación. No puede devolver nada porque no lo tenía. Llanera, como consecuencia, desapareció.
Si hubiera sido ratificada…
Llarena seguiría existiendo porque estaba cumpliendo el convenio. Estaría ‘viva’. Se tratada de tumbar nuestra tesis de la dación en pago.
¿Qué dijeron sus compañeros de lo mercantil?
Se asustaron mucho.
«ME ENVIARON A TALAVERA DE LA REINA, DONDE HAY UNA EVIDENTE CORRUPCIÓN, PARA TENER LA JUSTIFICACIÓN DE ECHARME DE LA CARRERA JUDICIAL»
¿Y en qué quedó su dación en pago?
Había otra tesis, que era la de la segunda oportunidad, que ha sido reconocida legalmente. En la segunda oportunidad se trataba de meter la dación en pago a través de una fórmula muy rara en la que el deudor, a la hora de ejecutar, tenía derecho a retasar los bienes. La menor tasación significaba rebaja de la quita.
Luego, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de Luxemburgo, falla a favor de la dación en pago y el Consejo comienza a cambiar de postura.
Y como colofón, a usted le envían a Talavera de la Reina, ‘desterrado’, si nos permite la palabra, con la etiqueta mediática de ‘juez corrupto’.
Así es. He sido víctima de un complot para quitarme de en medio.
Me enviaron a Talavera de la Reina, donde hay una evidente corrupción, para tener la justificación de echarme de la carrera judicial, esta vez sí.
Una vez aterrizado, comienzo a ver cosas rarísimas. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha me abre un expediente de seguimiento a los dos meses de llegar, secreto.
Para reunir pruebas y darme.
Desde que estoy en Talavera me han abierto seis expedientes. Ya han archivado cuatro y hay en trámite dos.
Se han encontrado con que me he enfrentado a la corrupción y la he denunciado. He hecho lo que no esperaban. No hay mejor desinfectante que la luz del sol.
¿Cómo era su relación con sus compañeros de Talavera de la Reina?
Para los jueces un sancionado como yo es un apestado. Yo me siento como el conde de Montecristo. Para ellos hueles. No se quieren tomar ni un café contigo.
Para ellos el mayor desastre es que les supero en antigüedad a todos. Este es un destino para los que acaban de salir de la Escuela Judicial. A uno de mis compañeros le llevo 20 años. Yo tengo 51 años.
Usted lleva en Talavera desde 2012. ¿Podría definir con una palabra su sensación?
Acosado.
Acosado, ¿por quién?
Acosado por el presidente del TSJ-CM, Vicente Rouco, sí. Y también por el Promotor de la Acción Disciplinaria, por el fiscal jefe de Talavera y por una compañera.
Con la creación del Promotor han reforzado el sistema inquisitorial y dejan al juez más indefenso. Es imprescindible crear la figura del defensor del juez. Porque la figura del juez está desprotegida.
Cuando ellos te empiezan a dar con los expedientes de racimo, tú dejas de trabajar. El Juzgado te lo destruyen. De eso se trata. Si no caes por una cosa caes por otra. Algunos funcionarios, la secretaria, dejan de colaborar. Aquello se convierte en un campo minado.
El Juzgado tiene que seguir funcionando. Por ello, la figura del defensor del juez sería de vital importancia. Para defender al juez, con independencia de que vayas con tu abogado.
¿Se atreve a ponerle fecha al comienzo del acoso?
El año pasado, cuando me convertí en juez decano. El fiscal jefe comenzó a recurrirme todo. Gente del Servicio de Inspección del CGPJ entró en mi despacho sin mi autorización. Los expedientes comenzaron a multiplicarse. Luego, el acoso a mi pareja, tratando de meterla en la cárcel.
Por eso, cuando se presentó el arquitecto y me dio pruebas de la corrupción decidí denunciarlo. Abrí un expediente. Y el secretario judicial lo mandó para arriba.
El sindicato Manos Limpias presentó una querella por prevaricación contra el fiscal jefe de Talavera, una magistrada y su marido ante el TSJ-CM. Falta por ver que sea admitida a trámite. La Sala de lo Civil y Penal tiene la última palabra. ¿Qué espera usted que haga el presidente, al que Manos Limpias ha denunciado ante el Promotor?
Lo lógico sería que se apartara.
Podría archivar…
El caso de la anciana de Fuerteventura, Josefa Hernández, es, en esencia, el mismo caso que el del fiscal jefe de Talavera. Ambas casas están construidas en terreno prohibido. La Justicia no se puede permitir que los ciudadanos vean que hay diferentes varas de medir, según quien sea el afectado.
En nuestra Justicia rige el principio de igualdad, se supone….
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