El fiscal Jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, firmó el pasado 20 de octubre un decreto por el que enviaba al Tribunal Supremo la denuncia que había presentado una asociación contra la ministra de Defensa, Margarita Robles, que está aforada. Junto al decreto, figuraba el examen preliminar que se había hecho de esa denuncia y que propone a los fiscales del Alto Tribunal que la archiven por su falta de credibilidad.
Según explican en fuentes fiscales a ABC, es algo cotidiano en la Fiscalía Anticorrupción. Se reciben todo tipo de denuncias y las que no son de su competencia, como cuando hay un aforado, se reenvían a la instancia que corresponda tras un examen preliminar. Al mismo tiempo, se informa al denunciante de la gestión realizada para que tenga conocimiento de lo que ha ocurrido con su iniciativa.
La diferencia está en que, en este caso, se ha viralizado en redes sociales el escrito de Luzón por el que anunciaba el traspaso al Supremo, aunque eso no implica ni que la denuncia tenga visos de prosperar ni que, en efecto, vaya a hacerlo. La última palabra está en el Supremo pero el parecer de Anticorrupción es que debería ser inadmitida, de acuerdo a las fuentes consultadas.
El denunciante no es nuevo en esto. Se trata de la asociación contra la corrupción ACODAP, la misma que reclama estos días en los juzgados de Instrucción de Madrid la «detención inmediata» del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, por haber condenado al ex miembro de Podemos Alberto Rodríguez.
Esa asociación, según indica su página web, está encabezada por Fernando Presencia, en cuyo nombre se presentan las denuncias como la que llegó a Anticorrupción contra Margarita Robles por «evasión de capitales», la mencionada contra Marchena y otras por asuntos dispares como el nombramiento del juez también del Supremo Pablo Llarena.
Aunque la asociación le sigue identificando como juez decano de Talavera de la Reina, Presencia fue expulsado de la carrera judicial en 2016 tras una condena por por prevaricación que acarreó inhabilitación para el cargo durante diez años y que no fue la única. En 2017 el Tribunal Supremo confirmó una segunda condena que aparejaba otra década de inhabilitación contra él, por archivar, siendo juez en Talavera, una querella que perjudicaba a un amigo suyo.
«Escritos ya preparados»
En su página web ofrecen un «kit de denuncias», es decir, «escritos ya preparados para firmar y presentar como denuncia» y diversas entradas con supuesta información sobre sentencias como una titulada «A punto de entrar en prisión Margarita Robles» que no se corresponde con la realidad, pues no tiene proceso penal abierto alguno.
De acuerdo a las fuentes jurídicas y fiscales consultadas por ABC, el problema de según qué organizaciones es que sistematizan la interposición de denuncias que no tienen ni pies ni cabeza y luego las publicitan en internet como si hubiesen desencadenado investigaciones penales por asuntos de gravedad, con el perjuicio que ocasiona para el denunciado.
Pero además, se genera carga extra de trabajo. Sólo la Fiscalía Anticorrupción, que es adonde ha llegado esta iniciativa sobre Margarita Robles, recibió en 2020 un total de 2.346 denuncias, el grueso de las cuales no llevaban a ninguna parte. Pero todas se reciben y se deben analizar y procesar. Que es lo que ha ocurrido con la tocante a la ministra y que, por eso, ha acabado en el buzón de entrada del Supremo.
Entrevista de Santiago Royuela al Presidente de ACODAP sobre la nota de prensa de ABC relativa a la denuncia interpuesta a Margarita Robles..
