La razón nos asiste.

Es notable la aceleración de la expansión de los movimientos nacionalistas catalán y vasco en estos últimos años. Este espectacular auge no es sólo fruto de la labor realizada en los años precedentes en el ámbito político por unos gobiernos centrales poco acertados en sus decisiones con respecto a los nacionalismos. Los catalanes y vascos han conseguido cohesionar a sus seguidores en torno a un programa, integrar los movimientos en la legalidad vigente dentro del sistema político de la democracia, aumentando las cotas de poder mediante una estrategia política autónoma en la que la exaltación de los derechos colectivos de “los pueblos oprimidos” ha sido la piedra angular del adoctrinamiento de la población, construyendo una eficaz organización de los partidos nacionalistas como núcleo de una amplia red de iniciativas y asociaciones político-culturales, así como dando a conocer y, en gran parte, implantar el nacionalismo fuera de los núcleos de población donde antes eran minoritarios. Pero, junto con estos factores, la historia de los movimientos nacionalistas revela que éstos dependen a su vez de otra serie de factores. En la jerga sociológica es la alteración de la estructura de oportunidades políticas, EH-BILDU y Junts son dos de ellas, la que condiciona el desarrollo de la acción colectiva de los movimientos sociales.
Varios son los elementos decisivos que han contribuido a alterar la estructura de oportunidades políticas de forma favorable para los nacionalistas más radicales que no son otras que las que mencionan Santiago de Pablo, Ludger Mees y José A. Rodríguez Ranz en su obra relativa a la historia del partido nacionalista vasco entre los años 1915 y 1918. Trasladándonos en el tiempo cabe señalar en primer lugar que el contexto europeo, con la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la URSS, con la aparición de nuevas naciones, el caso de los Balcanes, Kosovo, Irlanda, Escocia etc, conecta aparentemente la lucha de los nacionalismos periféricos de España a un gran movimiento internacional. Ya no son sólo los nacionalistas vascos, catalanes y gallegos los únicos que luchan contra la dominación, en este caso, española, sino que junto a ellos se encuentran en la misma trinchera un gran número de otros movimientos nacionalistas dispuestos a demostrar, como así ha sido, que la lucha por la liberación nacional no es un combate particularista, sino nada menos que la asignatura pendiente de la historia contemporánea como dicen estos autores.
El segundo elemento, de no menor importancia, ha sido la crisis ideológica de la nación española, favorecida por la suspensión del Servicio Militar Obligatorio y la delegación de competencias en educación, sustentada por una izquierda incapaz -en el mejor de los casos- y una derecha acomplejada, y sus pilares económicos fundamentales. No existe nada que impida un adoctrinamiento de la población culturalmente más desfavorecida hacia tesis que responsabilizan al Estado central de todos sus sufrimientos. En medio de esta profunda crisis y debido al creciente desprestigio de sus dirigentes “demócratas”, es lógico que todos los proyectos políticos alternativos, entre ellos los nacionalismos más radicales, tengan una coyuntura francamente favorable.
Dice Nicolás López Calera, de la Universidad de Granada, que en un mundo profundamente individualista, hablar de derechos colectivos- la autodeterminación es uno de ellos- no tiene buena prensa, domina la idea de que los derechos colectivos son una categoría injustificada, poco o nada consistente teóricamente, innecesaria, políticamente incorrecta e incluso peligrosa. Nada colectivo tiene sentido sino a través de la participación de los individuos y por su incuestionable servicio a ellos. Lo colectivo es una construcción de los individuos, no es algo “natural”, sino “artificial” y desde luego todo lo colectivo debe ser tratado exigentemente para evitar que se convierta en una realidad expansiva que puede hacer peligrar esa autonomía constitutiva del ser humano, como así está peligrando en Cataluña y Vascongadas.
Sin embargo, cuando se intenta construir un orden político nuevo se acude, paradójicamente, a aceptar la existencia de sujetos colectivos. El individualismo inventó el sujeto colectivo por excelencia, el sujeto por antonomasia de los derechos colectivos: el Estado. No puede ignorarse que la primera gran revolución de nuestro tiempo se hizo bajo el dogma de la soberanía nacional o popular, en nombre de un sujeto colectivo, la nación o el pueblo, hecho que han olvidado muchos españoles, entre ellos su clase política en pleno, que ven con asombro cómo se construyen unas naciones dentro de su propia casa.
Solamente el “daño a otros” puede justificar la limitación de la libertad individual. Así lo dejó dicho John Stuart Mill. El control y la coacción sobre la libertad del individuo sólo pueden justificarse por la protección y el daño a otros: “El único fin por el cual es justificable que la humanidad, individual o colectivamente, se entremeta en la libertad de acción de uno cualquiera de sus miembros es la propia protección. Que la única finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una comunidad civilizada, contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás”.
No obstante y en última instancia, tiene que reconocerse, y así lo reconoce toda teoría política, que el individualismo admite excepciones a su dogma de la individualidad sagrada e intocable, en cuanto admite que lo colectivo, el bien de muchos individuos, puede imponer límites a lo individual, el bien de uno o de unos pocos. Este es el caso que está sucediendo en España: el bien de todo el pueblo español no puede estar supeditado al bien de unos pocos catalanes y vascos; los poderes del Estado tienen la obligación política y moral de intervenir. La razón nos asiste.
Enrique Area Sacristán
Teniente Coronel de Infantería
Doctor por la Universidad de Salamanca