Hay que destacar que los paradigmas del constitucionalismo han estado monopolizados, tradicionalmente, por lo que en teoría constitucional se conoce con por el “constitucionalismo originario”, es decir, por modelos constitucionales considerados genuinos, bien sea los de la Revolución francesa, o los de la constitución norteamericana. Los restantes procesos constitucionales, entre ellos el español, se han considerado como productos derivados y se valoran y entienden en función de su proximidad o en su contraste con ellos. La historia constitucional durante mucho tiempo ha sido la historia del nacionalismo, sin embargo, esto ya no es posible y el debate debe ir en otra dirección en busca de lo realmente importante. Entra en juego como los Estados, en el curso de su azaroso camino hacia la modernidad, han planteado y resuelto sus problemas de convivencia política de un modo acorde con el punto de vista jurídico constitucional. Una vez superada la anomalía y el oscurantismo de la dictadura los constitucionalistas debemos preguntarnos si la España constitucional tuvo un desarrollo coherente, especialmente en lo relativo al modelo territorial del Estado.
Revisitar este proceso histórico del constitucionalismo español que arranca en Cádiz, con el precedente que supuso la convulsión de la Guerra de la Independencia, nos lleva a plantear inmediatamente el problema central que desde entonces no ha dejado de afectar a España: la lucha entre el principio de legitimidad histórica contra el principio de legitimidad democrática enmarcado por el poder constituyente y su extraordinaria fuerza expansiva, capaz de determinar la entera estructura del Estado y de su ordenamiento jurídico.
Nuestra primera Constitución, la de Cádiz de 1812, se sustentó sobre dos principios indiscutibles:
1º.- La unidad de la nación, titular de la soberanía, y organizada en un Estado cuya estructura territorial habría de ser uniforme.
2º.- La igualdad de todos, sin privilegios personales o territoriales, ante las leyes del Estado elaboradas por un único legislador.
En la medida en que, fueros, privilegios y derechos históricos eran categorías propias del Antiguo Régimen eran claramente incompatibles con los principios constitucionales que se pretendían consolidar en Cádiz. Pero no fue así, ya que los fundadores ideológicos de la Constitución de Cádiz, su leit-motiv era “el historicismo” lo que favoreció la continuidad del Antiguo Régimen ya que el proyecto de Constitución se engarzaba con las leyes medievales como demuestra el discurso preliminar:
“Nada ofrece la comisión (Constitucional) en su proyecto que no se halla consignado del modo más auténtico y solemne en los diferentes cuerpos de la legislación española (…), la ignorancia, el error y la malicia alzarán el grito contra este proyecto. Le calificarán de novador, de peligroso, de contrario a los intereses de la Nación y derechos del Rey. Más sus esfuerzos serán inútiles y sus impositores argumentos se desvanecerán como el humo al ver demostrado hasta la evidencia que las bases de este proyecto han sido para nuestros mayores verdaderas prácticas, axiomas reconocidos y santificados por las costumbres de muchos siglos”.
En definitiva, el eje del discurso se basó en negar que la obra constitucional de Cádiz implique la introducción de principios o instituciones ajenos a la tradición histórica española. De esta forma la “Historia”, es decir, el principio de legitimidad histórica se convirtió en la fuente de legitimidad del nuevo régimen.
Sin duda alguna, la mayor anomalía que presenta el constitucionalismo español procede de la inexistencia de un concepto de Estado fuerte, debido sobre todo a que heredaba bastantes de los ingredientes del Antiguo Régimen y, por tanto, de las instituciones medievales de ahí que ha sido muy difícil establecer límites constitucionales a la arbitrariedad en el funcionamiento del Estado ya que éste tuvo que coexistir con instituciones tradicionales en las cuales se hicieron fuertes las élites extractivas de rentas que dinamitaron todo proceso constituyente alegando su legitimidad histórica para amparar privilegios de orden tributario, incompatibles con el nuevo concepto de libertad individual del constitucionalismo. Este historicismo fue evolucionando a lo largo de nuestra historia constitucional para convertirse en un principio de legitimidad histórica con valor extra-constitucional y por tanto superior al principio democrático. Esta interpretación historicista del modelo territorial en España ha provocado que el poder constituyente no solo no haya solucionado este problema, sino que puede ser el germen de su destrucción.
La Constitución de 1978 ha resultado ser, probablemente, el suceso histórico más importante de la España del siglo XX, Constitución que acertó al establecer la salida rotunda del régimen dictatorial y la implantación de una democracia fundada en el consenso de todos los partidos políticos con representación en las Cortes Generales, y que se ratificó por referéndum por la inmensa mayoría del pueblo español, dándole autoridad para presidir los destinos de nuestro pueblo. Desde este logro Constitucional pudimos forjar la construcción del Estado de bienestar como el gran triunfo colectivo.
En este artículo, extracto de la tesis “CONFLICTO ENTRE LAS ÉLITES NACIONALISTAS Y EL ESTADO CONSTITUCIONAL” de Velayos González , quiero remarcar los peligros que llevaba aparejado incluir en la Constitución del 78 los privilegios forales a través de la categoría de los “derechos históricos”. Es necesario contextualizar como ese pecado original ha terminado por situar al poder constituyente español ante un desafío que amenaza su legitimidad democrática.
Era un hecho que cuando comenzaron los trabajos constituyentes, la construcción de un Estado compuesto, carecía de preparación en el plano ideológico, en el seno de los partidos nacionales y también en el plano técnico, pues nadie había estudiado en profundidad una construcción tan compleja. La transición había de saldarse, a los ojos de los nacionalistas, no sólo con un cambio hacía la democracia, sino también con una determinante y solvente respuesta a su reivindicación nacionalista, ya que, según ellos, eran “las verdaderas víctimas del franquismo”. Era obvio que una de las cuestiones básicas en el proceso de democratización iba a ser el concerniente al de la nueva estructuración del Estado. Se imponía por parte de los nacionalistas dar respuesta a sus reivindicaciones, de no hacerlo la democracia en ciernes encallaría. Su pasado fue descrito por los nacionalistas como plagado de agravios y afrentas, arbitrariedades y desafueros cometidos por España contra sus intereses y las libertades de sus naciones. Aun cuando la transición se iniciaba con una coyuntura para la reconciliación, que dejará atrás el pasado trágico de los españoles, los nacionalistas la vieron como una revancha y acusaron a España, es decir, los españoles de ser una “apisonadora de pueblos”, de haber infligido “una herida en pleno corazón del pueblo vasco”, llaga que “mientras no se cure, envenenará sin remedio nuestras relaciones (…) y nada positivo se podrá construir. Tanto para las élites nacionalistas vascas como las catalanas “la legitimidad histórica” era el santo Grial que estaba por encima del principio de legitimidad democrática del poder constituyente español. Lo dejaron claro sus máximos representantes políticos en las Cortes Constituyentes, diría Jordi Puyol en el Congreso de los Diputados:
“Defendemos simplemente un derecho de raíz histórica, un derecho de identidad, (…) el concepto de identidad es la base de toda nuestra política (…) Señores Diputados de España (…) lo que van a votar (…) no es tanto el derecho a que podamos construir carreteras o legislar sobre la pesca fluvial, es el derecho a ser (…) El derecho a ser de un pueblo, el derecho a la vida de un pueblo es el derecho a ser plenamente tal como su cultura, su lengua, su historia y su mentalidad colectiva lo han configurado. Por lo tanto, todo cuanto atente contra la lengua, la cultura, la historia y la mentalidad colectiva de Cataluña es atentar no ya contra el Estatuto, sino contra la forma concreta, de ser, de pensar y actuar del pueblo catalán (…)”.
También insistió en “la legitimidad histórica” el representante del PNV, Xavier Arzalluz:
“El País Vasco, en sus respectivos territorios aislados o conjuntamente, ha reclamado sus derechos históricos, cuya memoria no ha perdido en situación de pobreza o en situación de prosperidad de tal forma que quisiera que quedara claro que esta reclamación no tiene que ver con coyunturas económicas, pero sí con una conciencia de sí mismo y de su historia profundamente sentido por gran parte de la población, o bien a veces se juzga con ligereza el profundo significado, el eco vivo que para nosotros (…) todavía tienen la palabra fuero y el contenido transmitido de forma viva, de padres a hijos, que, por lo tanto, no es para nosotros un recuerdo histórico, ni mucho menos, como a algunos sucede, que parece que evocar la palabra fuero es poco menos que hablar del derecho de pernada, sino que son instituciones creadas a lo largo de los siglos en un esfuerzo vital de gentes que supieron realizar unos altos contenidos democráticos y de convivencia y que suponen una alta realización de cultura”.
De esta forma la élite nacionalista vasca otorgaba a sus “derechos históricos” una legitimidad superior a la del poder constituyente español que en ese momento estaba construyendo su futuro con el débil argumento del remoto pasado medieval sinónimo de vida pacífica, armoniosa, impoluta y sencilla de su “oasis vasco” que formaba su corpus legal por encima de la Constitución española que se estaba elaborando:
“Aun siendo, junto con la lengua, el derecho vasco una de las realizaciones de la cultura autóctona, de alta cultura, entiendo que alta cultura no es simplemente la elaboración doctrinal universitaria, sino mucho más, es lo que el pueblo, desde su espontaneidad, desde su albedrío, desde su sensatez de hombre de la calle, sin influjos de eruditos de las ideas, va creando desde su propia necesidad, y para resolución de sus propios problemas, todo un derecho en el que el respeto, sin basarse en grandes declaraciones más o menos utópicas o rousseaunianas, sino en el respeto a los demás (…) es el sentido colectivo de la vida (…) Porque el fuero señores, no ha sido obra de gauchos (…) El fuero es una gran tradición democrática, con unas libertades democráticas que no nacieron precisamente en Inglaterra, porque mucho antes que el “habeas corpus”, los fueros vascos no solamente no permitían la aprehensión del sospechoso por la autoridad, sino que prohibían incluso la acusación (…). El fuero no es solamente una institución medieval, es una carta de libertad, una carta de libertad como no hay otra en Europa, y los mismos vascos, los hijos de fueristas (…) fueron hombres que defendieron sus fueros más que su propia vida y con su propia vida (…)”.
Desde estos principios de legitimidad histórica de naturaleza teocrática la concepción de sus naciones respectivas “la vasca o la catalana” eran la realidad natural, mientras que el pueblo español como poder constituyente gracias a la legitimidad democrática era lo postizo lo creado a golpe de conquista o imposición:
“Nosotros decimos que la soberanía originaria reside en los pueblos del Estado, que esa Comunidad de pueblos forman dicho Estado (…), que no la reciben a partir de un poder que se les otorga de arriba abajo, sino que la tenían en sí, que han cedido parte de la soberanía originaria necesaria para la coordinación deesa solidaridad, de esa convivencia (…) Nosotros hemos venido (…) a cerrar el contencioso vasco haciendo un entronque histórico en un pleito de cien años”.
También está “legitimidad histórica” como principio preconstitucional y superior a la legitimidad del poder constituyente español fue defendida por las élites nacionalistas catalanas de la mano de Jordi Puyol:
“No se trata de volver a la Edad Media (…) pero la historia cuenta más si se proyecta en el presente, y el pasado y el presente nos dicen que en lo cultural, en lo lingüístico, España ha sido formada y está formada por cuatro grandes bloques, que son el propiamente castellano con toda su proyección de lengua, de cultura, de mentalidad política a la mayor parte de la península y fuera de ella, el bloque vasco, el bloque gallego y el bloque catalán (…) Estos son los cuatro grandes troncos, las cuatro grandes colectividades histórico-lingüístico culturales de España que pueden tener lógicamente una tendencia a Mancomunarse”.
Mientras se discutía en las Cortes Constituyentes sobre los “Derechos Históricos” desde las páginas del País el maestro García Pelayo advertía del colosal despropósito que suponía introducir un principio de legitimidad histórica en una constitución normativa:
“Se emplea la denominación extravagante en nuestra época, de los derechos históricos. Se trata, en efecto de una expresión anticuada, aparentemente en el espíritu de la escuela histórica del Derecho, cuyas tesis constituyeron una de las bases ideológicas de los movimientos tradicionalistas y reaccionarios del siglo pasado, frente a las tendencias racionalistas y progresistas”.
Cuando las dos élites políticas nacionalistas apelaban a los derechos históricos, apelaban a una legitimidad no democrática y que era imposible encajar en la futura Constitución racional-normativa que se estaba elaborando, como García Pelayo reconocía estábamos ante un principio estamental:
“Esta idea de los derechos históricos representa, en cualquiera de sus formas, la transferencia a entidades territoriales de los principios legitimistas formulados originariamente para las monarquías, representa la extensión a épocas completamente distintas del principio típico de la Edad Media de la superior validez “del buen derecho viejo” frente al derecho nuevo, es decir, exactamente la inversión de los términos sobre los que se construyen los ordenamientos jurídicos modernos, en los que el derecho nuevo priva, normalmente, sobre el viejo, representa, en fin, la pretensión de sustituir la legitimidad racional por la legitimidad tradicional, pretensión que no tiene sentido cuando la tradición se ha interrumpido durante largo tiempo (…). Esta ambigüedad básica es el comienzo de muchas más, abre paso a interpretaciones teóricas y prácticas de gravedad incalculable y, sobre todo, proporciona un arsenal de argumentos jurídicos que pueden ser esgrimidos, sea articulados en estrategias políticas audaces y de largo alcance, sea para finalidades más modestas, pero no por eso menos perturbadoras del sistema político y de la vigencia del orden constitucional”.
Este reconocimiento de los “Derechos Históricos” que pretendían las élites nacionalistas en las Cortes Constituyentes entraban en contradicción clara con los trabajos de las Cortes Constituyentes que estaban redactando un artículo 1.2 de la futura Constitución que otorgaba la “soberanía nacional” al pueblo español y como proclamaba el artículo 1.3 de la CE se dejaba patente que en España solo el pueblo español era el soberano.
De este modo, se pretendía rechazar las tesis defendidas por las élites nacionalistas de la “soberanía originaria” de sus pueblos. El Estado autonómico que se estaba diseñando en el título VIII de la CE, en virtud precisamente del artículo 2,1.2, 1.3 de la Constitución que reconocía la soberanía nacional del pueblo español, rechazando unos supuestos derechos históricos nacidos de un “pacto constitucional” llevado a cabo por las naciones o pueblos del Estado, en virtud de la supuesta soberanía originaria que según ellos le reportaban los derechos históricos.
Las Cortes Constituyentes se limitaban a recordar a las élites nacionalistas que existía conceptualmente una identificación entre la soberanía y el poder constituyente unido a la necesidad de que el Estado Constitucional tuviera una legitimación democrática fruto de la legitimidad popular como elemento capital en los ordenamientos jurídicos democráticos. Era un hecho que el futuro Estado de las Autonomías no se debía diseñar sobre la “disolución” de la soberanía popular ya que la transferencia de competencias, es decir, una distribución de los poderes entre el ente soberano, que era el pueblo español, y otro ente no soberano, que serían las futuras Autonomías, no convertía a estas últimas en soberano.
Finalmente, la disposición adicional primera se aprobó reconociendo en la Constitución la singularidad vasca, asumiendo los planteamientos del PNV desde su Asamblea Nacional de 1977 que se basaban en su lema histórico: Dios y Ley vieja como “expresión que conjuga una concepción transcendente de la existencia de la Nación Vasca, cuyo ser político ha de expresarse a partir de la recuperación de la soberanía contenida en el régimen foral”. Asumiendo éste ideario se constitucionalizaba la visión particularista, historicista y etnicista del nacionalismo racial vascuence que se articulaba sobre la base de la mitología historicista que no sólo definía a las instituciones forales como inmemoriales, sino que se aceptaba también un relato identitario arquetípico racionalista del vasco, como cristiano viejo, frente a la mala raza de los de fuera: “el hombre maketo”. De esta forma el Partido Nacionalista Vasco convertía a los derechos históricos en el nuevo gran mito de la tradición nacional vasca y en la medida en que se trata de un mito, resulta políticamente irrelevante que dichos derechos existieran o no. De esta forma el poder constituyente (el pueblo español) no reconocía los supuestos derechos históricos puesto que el pueblo español estaría subordinado, sometido, a la “historia” convertida en suprema fuente de legitimidad y contraria a la doctrina del Poder Constituyente del pueblo que fundamenta la Constitución racional-normativa.
Como fue posible aprobar lo que era solo un mito falsificado que negaba al mismo tiempo la existencia del pueblo español como poder constituyente. La respuesta a este interrogante tan trágico para el pueblo español hay que buscarlo en “buena medida a la espada de Damocles que sobre los constituyentes ejercía el chantaje terrorista” de ETA que en 1977 había asesinado desde sus dos ramas a 13 personas y que en 1978 aumentaron a 69 personas. Está presión terrorista favoreció las posiciones en las Cortes Constituyentes del PNV ya que como legítimo defensor de los “derechos históricos” compartía los mismos postulados victimistas y mitos históricos que ETA. Gracias a ellos, conformaron una narrativa patriótica con una visión maniquea de la historia, dividendo a los ciudadanos en héroes (que eran ellos) y villanos (el resto de los españoles). La nación vasca, de existencia inmemorial, había gozado durante la mayor parte de su historia de una Edad de oro marcada por la democracia foral, la independencia política y la armonía social. Tan idílica situación duró hasta que Euskadi fue conquistada militarmente por el pérfido “Estado español” y sus aliados, los traidores vascos “españolistas” que había puesto en marcha un plan para borrar la nación vasca. Esta coincidencia de planteamientos fortaleció las posiciones peneuvistas en las Cortes Constituyentes que consiguió legitimar gracias a la disposición adicional primera la triada de la retórica nacionalista: pasado glorioso, presente en decadencia, futuro utópico que exigía tensión y movilización e identidad nacional. Era claro que el futuro exigía tensión y movilización de ahí que el PNV desarrollara una estrategia encaminada a lograr una alianza con ETA, celebrando una “cumbre vasca”, conocida como conversaciones de Chiberta, en el hotel Chiberta de Bayona, con el objetivo de construir un frente nacional en la que solo participarían los representantes de todos los grupos nacionalistas. El PNV, consideraba a los etarras “hijos pródigos” que luchaban contra “el opresor”. El PNV buscaba cerrar el núcleo gordiano elaborado en las Cortes Constituyentes, la reclamación de “los derechos históricos propios de los vascos”, arrebatados en su día por los españoles. Con esta unión se podría defender “la religión de la patria”. Esta coincidencia de objetivos habría de solventarse con una pugna por el liderazgo de esta religión nacionalista entre el PNV y ETA militar. Esta lucha por el liderazgo dentro del nacionalismo vasco la solventaron los votos ya que, aunque el texto constitucional incorporaba la Disposición Adicional Primera y la Disposición Derogatoria Segunda para que el PNV apoyara la Constitución y ETA abandonara la lucha armada, ambos hicieron una enorme campaña en pro de la abstención en el referéndum Constitucional, el lema de campaña del PNV fue:
“Esta Constitución vulnera nuestros fueros: defiende los fueros: abstenerse”.
Esta posición en pro de la abstención también fue defendida por ETA militar, que como dijo Pedro Morales, Diputado de UCD por Álava:
“La ETA va imponer la abstención a los vascos a punta de metralleta”.
Ambos candidatos a liderar la religión patriótica fracasaron ya que en el País Vasco la abstención fue de un 22,7%, solo ligeramente superior a la media nacional 21,1%. Fue un baño de realismo ni el País Vasco era tan nacionalista como se había supuesto ni tan radical como creía ETA. Los resultados de la voluntad mayoritaria de los vascos en el referéndum Constitucional fueron favorables a la Constitución a pesar de las presiones políticas en forma de eslóganes o bajo las amenazantes pistolas.
Sería injusto culpar únicamente de la Constitucionalización de los derechos históricos al PNV y a la presión terrorista de ETA. Hubo voluntad de integrar al nacionalismo, aun cuando incluir los derechos históricos era un despropósito constitucional. Este impulso “vasquista” por integrar el nacionalismo en la nueva estructura constitucional era coherente con la nueva imagen del socialismo español. Lo demostró el mismo Alfonso Guerra, que en el curso de una intervención suya en el Congreso Constituyente del Partido Socialista de Euskadi donde rindió homenaje a Sebastián Goicoechea y Nicolás Mendizabal, dos terroristas muertos en un enfrentamiento con la policía cuando se les iba a detener:
“Creo que estoy en el deber, y que además interpreto la voluntad de todos vosotros, de rendir un homenaje a todos los hombres y mujeres de este pueblo vasco que hoy no están aquí y primer hombre y la primera mujer que derramaron su sangre por la libertad del pueblo vasco, y terminando por Sebastián y Nicolás que la derramaron hace solo tres días”.
En marzo de 1977 en su primer Congreso, el socialismo vasco asumía el discurso nacionalista y afirmaba:
“Nosotros, como socialistas vascos, pensamos que solo la revolución socialista librará al pueblo de Euskadi de la opresión nacional y capitalista (…) Nuestro pueblo solo será verdaderamente libre cuando haya triunfado la revolución socialista. Para una fase de transición en el marco de un Estado democrático burgués proponemos una estructura federal libremente decidida por todos los pueblos que forman el actual Estado español”.
Esta combinación que el socialismo vasco aceptaba entre nacionalismo y anticapitalismo estaba siendo el debate interno de ETA. Esta postura tan cercana con los planteamientos nacionalistas, le incapacitó para oponerse a la constitucionalización de los Derechos históricos, es más, lo facilitó y favoreció la redacción de la Disposición Adicional Primera. Aun así, lejos de reforzar la imagen del PSE como partido vasco, el PNV hizo circular con enorme éxito la imagen de que era un mero apéndice de las decisiones elaboradas en Madrid. Este radicalismo nacionalista fue abandonado por el PSE al ver que el apoyo a la abstención en el referéndum constitucional en el País Vasco había sido mínimo. En su segundo Congreso, celebrado tras el referéndum, el PSE, defendió que la única alternativa democrática para Euskadi era la autonomía. Era la nueva respuesta a una situación que, según Benegas, había hecho muy urgente la necesidad de un socialismo que se propusiese como alternativa de poder frente a la demagogia demostrada por el nacionalismo. La defensa del vasquismo debía hacerse en un contexto plural donde la no discriminación sobre la población no autóctona debía ser ahora su prioridad “electoral”. Este deseo de integrar al nacionalismo en la nueva dinámica constitucional también fue la estrategia del partido en el gobierno, la UCD, que consideró al igual que el PSOE que la foralidad era el principio de autonomía de los vascos. En base a esto, era urgente reparar el error político más grave de la historia moderna de España, la derogación de las especificidades forales de los territorios de Guipúzcoa y Vizcaya por Decreto-ley de 1937. Desde estos planteamientos, la UCD puso todo su empeño por constitucionalizar los derechos históricos, como sostuvo su Diputado Juan Echevarría Cangoiti, encargado de defender en los debates constitucionales la disposición adicional primera:
“Se está tratando de recuperar y de asumir un capítulo que entendemos glorioso de nuestra historia, gloria de España, gloria de los vascos (…) Nada sale de la unidad nacional y todo queda en su sitio, pero debidamente restaurado, reparado. Creo que reparamos así una injusticia que nació en la sola razón de la fuerza. España recuperará una historia y unas instituciones dignas de España y del pueblo vasco que los alumbró”.
Es un hecho que las dos grandes élites nacionalistas españolas se habían convertido en un lobby de presión formidable, convirtiendo sus “derechos históricos” en los protagonistas de todos los debates constituyentes ya que los dos grandes partidos nacionales (PSOE y la UCD) no tuvieron ni la convicción ni la intención de oponerse a una definición del modelo territorial de España basada en el nacionalismo identitario de base historicista.
Los derechos históricos se convertían gracias a la disposición adicional primera en una expresión jurídica superior y previa a la Constitución que reconocía la personalidad política de los etnonacionalistas vascos. En consecuencia, los derechos históricos nunca remitirían únicamente al autogobierno, sino que serían fruto de una singularidad histórica superior al poder constituyente español que en lo que hacía referencia al modelo de Estado dejaba de ser su legítimo creador.
Transcurrida una década de la aprobación de la disposición adicional primera como reconocimiento de los derechos históricos de los territorios forales, Gregorio Peces Barba que tuvo una intervención determinante para que la disposición prosperase reconoció que los socialistas se equivocaran al votar a favor de la enmienda, tanto en el Congreso, como en el Senado. Los nacionalistas vascos “habían intentado ir demasiado lejos”.
Lo más grave de todo era que gracias a los derechos históricos, el nacionalismo vasco una vez aprobada la Constitución pretendía arrogarse un “privilegio fiscal” que consolidara en el futuro del modelo de Estado, la desigualdad tributaria entre españoles gracias al restablecimiento del “concierto económico” que trituraba el principio constitucional de la solidaridad-regulados en el artículo 2 y en el 138 CE. Este privilegio de base historicista se reguló en el Estatuto de Gernika que fue aprobado en el referéndum, el 25 de octubre de 1979, con una participación del 58,8%. En el Estatuto se dedicó al régimen hacendístico el título III de los artículos 40 al 45. Esté título III suponía la quiebra de la unidad constitucional y del principio de solidaridad entre españoles entendido este último como redistribución de renta e igualdad tributaria. El artículo 40 del Estatuto de Gernika establecía que:
“Para el adecuado ejercicio y financiación de sus competencias, el País Vasco dispondrá de su propia Hacienda Autonómica”.
Además, el artículo 41.1 pretendía dejar al margen de la regulación constitucional y de la futura ley de Financiación autonómica el concierto económico:
“Las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas por el sistema foral tradicional del concierto económico”.
Suponía, en el ámbito tributario, la plena capacidad normativa y de gestión que hasta entonces venía ostentando la administración tributaria del Estado. Se indicaba, además, que la aportación del País Vasco al Estado consistiría en un “cupo” global, como contribución a todas las cargas del Estado que no asumiera la Comunidad Autónoma (artículo 41.2 d). Nacía también en base a los derechos históricos y a su supuesta “soberanía originaria” una nueva comisión mixta paritaria de carácter bilateral para fijar y renovar el cupo. Que estaría integrada por un representante de cada Diputación Foral y otros tantos del Gobierno vasco, por un lado, y por un número igual de representantes de la Administración del Estado, por otro (artículo 41,2). Si se aprobaba esta Hacienda Pública propia para el País Vasco, el Gobierno pondría en peligro el Estado Social ya que la redistribución de renta y la solidaridad se verían muy mermadas ante el privilegio fiscal que suponía el concierto económico para una de las regiones más ricas de España.
El nacionalista vasco tenía que superar un escollo mayor, los Estatutos de Gernika y el Estatuto Catalán se estaban redactando a la vez. Los redactores del Estatuto vasco sabían que el concierto económico era un privilegio fiscal que era conveniente que se registrara en las Cortes en primer lugar, ya que, si se presentaba antes el catalán, el Gobierno de Suarez podría rechazar su principal reivindicación la soberanía fiscal. Esto provocó la celeridad máxima en la tramitación del Estatuto de Gernika, tanto que la delegación vasca contrató una avioneta para llegar a Madrid antes que los catalanes y efectivamente lo consiguió ya que el Estatuto vasco se registró en el Congreso hora y media antes que el catalán. De esta forma los nacionalistas vascos tomaban ventaja sobre los nacionalistas catalanes en la búsqueda de privilegios frente al resto de los ciudadanos españoles. Como denunció el senador de la UCD de Navarra, Jaime Ignacio del Burgo, es un proyecto “anticonstitucional y antiforal”.
Aun cuando el concierto económico suponía la insolidaridad, la desigualdad económica y un lastre para la redistribución de renta, el 13 de mayo de 1981 se aprobó la ley 12/1981 del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco. Esta ley constitucionalizaba gracias a los derechos históricos la desigualdad de los españoles aun cuando la Disposición Adicional primera no mencionaba ni el sistema de concierto ni el sistema de convenio económico. Sin duda, esta ley era incompatible con el principio constitucional de solidaridad regulados en el artículo 2 y 138 CE. Se hacía patente entonces que el Gobierno carecía de una doctrina, de un simple criterio, o de conceptos generales sobre el Estado. Sin mayor reflexión, en medio de apremios políticos inmediatos de los nacionalistas acababa de conceder a las tres provincias vascas un sistema de financiación diferente al resto de los españoles. El sistema de concierto otorgaba al País Vasco un nivel muy elevado de autonomía fiscal, al poder recaudar íntegramente las principales figuras tributarias que iban a conformar el sistema fiscal, al poder recaudar íntegramente las principales figuras tributarias que iban a conformar el sistema fiscal español con la única limitación del mantenimiento de una presión fiscal similar a la existente en el resto de España. Pero lo que era más sangrante era que puesto que los rendimientos del grueso de los impuestos se atribuían a las haciendas forales, la normativa establecía que la contribución de los hogares y empresas vascas a la financiación de los servicios comunes del Estado se harían mediante un cupo. Esto iba a permitir que el País Vasco disfrutara de unos niveles de financiación por habitante muy superior al resto de CCAA de régimen común. El origen de esta anomalía se debía a que el País Vasco a pesar de su elevado nivel de renta, iban a quedar exentos en la práctica de la obligación de contribuir a los principales mecanismos de redistribución regional de renta: financiar las transferencias de nivelación y fomento del desarrollo con el que se debía completar a la CCAA de menor renta. Se imponía con el concierto económico límites regionales a la redistribución de la renta entre los españoles que profundizaba las desigualdades territoriales y lastraría la calidad de los servicios públicos en las Comunidades de menor renta. Además se establecía un doble sistema de financiación que haría muy difícil nivelar las condiciones de partida y los mecanismos de cohesión territorial ya que se introducía un importantísimo y perturbador factor de asimetría que afectaría a la solidaridad nacional, a la igualdad de los ciudadanos y al Estado social en su conjunto. Era evidente que el modelo patrocinado por los nacionalistas vasco-catalanes era el pistoletazo de salida para un modelo de Estado basado en los distintos pueblos que según ellos integraban el territorio nacional. Los españoles “con historia” que serían ellos que les otorgaría un plus de legitimidad y los españoles “sin historia” que vivirían en un constante sobresalto a expensas de los intentos políticos-económicos de las élites nacionalistas.
Era un hecho que el resto de las CCAA no aceptarían la diferenciación de los proyectos Sau y de Gernika que no habían respetado el contenido de las competencias exclusivas del Estado reguladas en el artículo 149 que sin duda afectaría a la unidad económica. El Gobierno de la UCD, una vez aprobados los Estatutos vasco y catalán, quiso que las demás Comunidades Autónomas no tuvieran el mismo nivel de competencias que se limitaran al artículo 148 aprobando sus Estatutos por la vía sencilla de los artículos 143-146 CE. Esta idea saltó por los aires cuando Andalucía, junto a Canarias y Valencia no aceptaron esta vía y exigieron el máximo nivel competencial del artículo 151 CE. Con esta rebelión los intentos de diferenciación de vascos y catalanes sufrían un duro revés y la incertidumbre sobre el futuro se hizo enorme. En base a este descontrol territorial comenzaron los preparativos del golpe de Estado ya que existía el convencimiento de que la situación de crisis que vivía España por el defectuoso diseño autonómico hacía necesario un cambio de rumbo. El General de Brigada, Alfonso Armada, antiguo secretario del Rey y hombre de gran prestigio, se convirtiera en Presidente de un Gobierno de concentración nacional del que formarían parte todos los partidos políticos del arco parlamentario, salvo los nacionalistas, ya que la principal labor de ese gobierno, una vez oficializada la dimisión de Adolfo Suarez como Presidente del Gobierno, era poner freno a las reivindicaciones de los nacionalistas periféricos. El golpe de Estado dejaba claro que tenía como principal motivación, las demandas irrefrenables de los nacionalistas, es más, el Gobierno de Armada tenía como Ministro de las Autonomías y Regiones al General José Antonio Sáez de Santamaría que tendría como función en el Gobierno de concentración frenar las demandas nacionalistas. El golpe de Estado fracasó convirtiendo en proféticas las advertencias del maestro García Pelayo sobre la noción de los derechos históricos que apelaban a una legitimidad no democrática que de constitucionalizarse tendría unos riesgos enormes:
“Vago, difuso y confuso: esta ambigüedad básica es el comienzo de muchos más, abre paso a interpretaciones teóricas y prácticas de gravedad incalculable y, sobre todo, proporciona un arsenal de argumentos jurídicos que pueden ser esgrimidos, sea articulados en estrategias políticas audaces y de largo alcance, sea para finalidades más modestas (por ejemplo destinadas a crear un ámbito privilegiado en materia fiscal o en otro campo) pero no por eso menos perturbadoras del sistema político y la vigencia del orden constitucional”.
Tras el golpe de Estado, los dos grandes partidos nacionales (UCD y PSOE) rechazaban la adopción del modelo basado en la legitimidad histórica que había introducido una técnica de los Estatutos de Autonomía facultativos y dispositivos, llamados a concretar en cada caso el contenido de la respectiva autonomía. El nuevo presidente del gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, logró un acuerdo con el PSOE para desde la fórmula del consenso constitucional básico que había guiado la transición, procedía encomendar un estudio objetivo y técnico de una “Comisión de expertos” emitió su informe el 19 de mayo de 1981, donde se concretaban veintidós conclusiones con las siguientes propuestas: la generalización del proceso de instauración de las Comunidades en todo el territorio nacional, fijándose por los dos partidos el “mapa autonómico” resultante de forma que en el año 1983 quedase fijado definitivamente, determinación de un calendario homogéneo de transferencias de servicios del Estado a las CCAA, que deberían corresponder a los servicios enunciados en el artículo 148 de la Constitución, todas las Comunidades que se constituyesen en adelante deberían ser de segundo nivel de competencias (artículo 148.1CE), de modo que les permitiese asumir bloques orgánicos de materias del mismo carácter a todas ellas, posibilitando así actuar uniformemente con conjuntos homogéneos de servicios, todas las nuevas Comunidades deberían contar con Asambleas Legislativas, nutrida por elección directa y no de segundo grado, se proponía limitar los periodos de sesiones, así como el número de miembros, los cuales no deberían tener otros ingresos oficiales que por dietas de asistencia a las sesiones, se les reconocería el privilegio de la inviolabilidad, se propuso igualmente limitar los ejecutivos regionales a un número no superior a diez y que los cargos con nivel equivalente a Directores Generales deberían designarse precisamente entre funcionarios, en definitiva el informe de la Comisión abogaba por un proceso de transferencia de servicios que debería responder a una programación común.
En base a este informe, la UCD y el PSOE formalizaban los Acuerdos Autonómicos de 31 de Julio de 1981. Este acuerdo estaba fundado en “una prolongación natural del proceso constituyente” que comprendía ocho materias concretas, mapa autonómico definitivo, elaboración y tramitación de los Estatutos, sistema de competencias, órganos propios de las CCAA, su articulación con las Diputaciones provinciales, régimen de transferencias respecto a los Estatutos ya aprobados, acuerdos políticos en materias económico-financieras, y dos proyectos legislativos, de una ley Orgánica de Armonización del proceso Autonómico y la ley del Fondo de Compensación Interterritorial. Estos acuerdos, suponían la expulsión definitiva de la legitimidad histórica como principio inspirador del modelo de Estado para inspirar su desarrollo en la legitimidad democrática de un modelo que respetara la igualdad de todos los españoles. Ante este cambio de rumbo y la postergación del modelo historicista. Los nacionalistas vascos y catalanes planteaban nuevas reivindicaciones historicistas para frenar estos acuerdos. La ofensiva de ambos no se hizo esperar con el mismo argumento anticonstitucional que había permitido la regulación constitucional de la Disposición Adicional Primera. Argumentos defendidos por José Félix Elósegui en la tramitación de la LOAPA en el Senado:
“(…) Y es que existen dos conceptos de las Autonomías (…) que yo de una forma muy sencilla me atrevería a expresar con estas dos ideas: una es la visión histórica o, mejor dicho, nuestra interpretación de la historia. (…) Simplemente les diré que algunos de los que estamos aquí somos nacionalistas, y, en consecuencia, el hecho autonómico, se incardina en una realidad territorial, social, ideológica, política muy concreta y muy específica”.
En definitiva, los nacionalistas pretendían que no se abandonara el historicismo identitario del modelo estatutario e impedir como fuera la racionalidad constitucional. Aun así, tras estos acuerdos políticos entre el PSOE y la UCD, el proceso de elaboración y aprobación de los Estatutos se aceleró, cesó el conflicto que había acompañado a la elaboración estatutaria de carácter historicista patrocinado por los nacionalistas vasco-catalanes.
De esta forma la estructuración del Estado en Comunidades Autónomas quedó instaurado definitivamente con unas características claras: generalización de la autonomía territorial, el reconocimiento de la potestad legislativa, es decir, autonomía política de todas las CCAA, diferenciación competencial con cinco comunidades dotadas de un mayor nivel competencial (el País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía y Navarra), dos con competencias muy similares a estas (Comunidad Valenciana y Canarias) y el resto con un grado menor de competencias que se igualarían transcurridos cinco años. El presidente del Consejo Nacional del Partido Nacionalista Vasco, Xavier Arzalluz, anunció el 17 de julio de 1982, la inmediata configuración de un frente de actuación conjunto de carácter nacionalista contra la LOAPA del que formarían parte: Convergencia democrática de Cataluña, Esquerra Republicana de Cataluña, Partido Nacionalista Vasco y Euskadiko Ezquerra. El PNV y Euskadiko Ezquerra anunciaban una manifestación convocada por el Gobierno vasco contra la LOAPA que tendría lugar en Bilbao el día 23 de julio:
“La manifestación que hemos convocado no es una coacción ante Madrid, sino una repulsa pacífica y una reiteración de la oposición del pueblo vasco a que se modifique el Estatuto”60.
Se pretendía una vez más a través de las presiones políticas impedir que todos los españoles disfrutaran de un modelo autonómico, es decir, de un desarrollo sustancial del futuro Estado social y condenarlos a las exigencias de siempre, servicio militar, impuestos y subdesarrollo. El único argumento para impedir esta generalización autonómica patrocinada por los nacionalistas vascos y catalanes que el proceso de descentralización era solo una devolución histórica de devolución histórica de poderes. Ante este pulso nacionalista al poder constituyente español para solventar si la Constitución daba la prioridad a legitimidad democrática sobre la legitimidad histórica en el proceso de descentralización autonómica, era necesario acudir al Tribunal Constitucional como “interprete supremo de la Constitución” pero no exclusivo. El 5 de agosto de 1983, aparecía la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la LOAPA que confirmaba el triunfo de las tesis historicistas. El Tribunal Constitucional había deshecho la ley recurrida al no considerarla ni orgánica ni de armonización y declarar inconstitucionales un buen número de preceptos, sobre todos los incluidos en el Título I. Por otra parte, se liquidará la condición de la ley de armonización que difícilmente podría volver a utilizarse. En mi opinión, el Tribunal Constitucional se había dejado arrastrar no por observaciones técnico-jurídicas sino por presiones políticas de los nacionalistas, avalando la legitimidad histórico-identitaria como proceso clave en la descentralización autonómica en España.
La Generalitat consideraba la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA) como “una victoria jurídica, política y moral”. Así lo manifestó el Presidente Jordi Pujol que anunció que se dirigía al Presidente del Gobierno, Felipe González, para expresarle su disposición a colaborar en una política autonómica acorde con el contenido y el espíritu de la sentencia del Tribunal Constitucional. Pujol explicó que era una victoria jurídica porque:
“La garantía máxima de los derechos de los ciudadanos es el Tribunal Constitucional y la ley adulteraba el contenido de la autonomía en España y rebajaba el Estatut”.
Un éxito político porque:
“En España democracia y autonomía van juntas, y no son válidas las afirmaciones de que para salvar la democracia hacía falta rebajar la autonomía”.
Una victoria moral porque:
“Se nos acusaba de victimistas, insolidarios, crispadores y desestabilizadores, y ahora después de la sentencia, habría que ver quién era insolidario, quien crispaba la atmosfera política y quien desestabilizaba la democracia”.
En mi opinión, esta sentencia ponía en cuestión, los límites constitucionales, como era en este caso las leyes de armonización para determinar su modelo de estructura territorial y abría la puerta a una concepción identitaria de “los derechos históricos” basada en una soberanía anterior a la Constitución de la que disfrutarían únicamente los nacionalistas vascos y catalanes que les iba a permitir, gracias al principio dispositivo, ser los protagonistas de la configuración del modelo de Estado. La victoria moral permitió que ambas oligarquías extractivas favorecieran una narrativa historiográfica española que tuvo como principal preocupación “la identidad territorial” impulsada por los gobiernos autonómicos mediante políticas de memoria y adoctrinamiento escolar. Se produjo la profesionalización de la condición de historiador al servicio de los nacionalistas que financiaron investigaciones historiográficas donde el análisis histórico era la justificación de su proceso de construcción nacional donde fue necesario componer relatos melodramáticos de fácil consumo social y político. La historiografía buscó con una intensidad inusitada crear una identidad territorial basada en un pasado glorioso de los catalanes a través de la consagración de la nación como narrativa al servicio de los intereses nacionalistas. Por su parte la historiografía nacionalista vasca recorrió el mismo sendero de la construcción nacional, el nacionalismo vasco y sus postulados se convirtieron en el actor político hegemónico con un único fin alentar un proceso de despertar nacional.
Ambas élites nacionalistas utilizaron conceptos comunitaristas propios del presente para representar sus colectividades humanas que habitaron el pasado mediante una ilusión de continuidad en el presente. Para lograr estos fines era necesario que historiadores académicos se pusieran al servicio del nacionalismo para construir los supuestos lazos políticos que unían a nacionalistas vascos y catalanes del presente con sus antepasados creando una “poética histórica” donde su pasado hegemónico e idílico como pueblo debía ser el objetivo de la colectividad del presente.
A partir de 1989, transcurridos ya cinco años desde la aprobación de los últimos estatutos, las comunidades autónomas con menor nivel competencial podían en virtud de lo previsto en el artículo 148.2 CE abrir una nueva fase de desarrollo autonómico y, para ordenarlo, los dos grandes partidos nacionales de entonces, el PSOE y el PP, pactaban los Acuerdos Autonómicos de 28 de febrero de 1992 que abrían el camino hacía una “homogeneización competencial” entre las diecisiete comunidades autónomas que no era tal, ya que tras años de ideologización competencial se había profundizado en los “hechos diferenciales”. Muchos creyeron que con estos acuerdos se cerraba el proceso autonómico, en el sentido de que se perfilaban las líneas maestras de nuestro modelo de organización territorial, ya que se lograba una sustancial simetría institucional y competencial entre las Comunidades Autónomas. Sin embargo, este deseo de homogeneización pronto sería contestado por las supuestas “comunidades históricas”, no con argumentos jurídico-constitucionales sino desde argumentos historicistas e identitarias que buscaban justificar la diferenciación entre españoles quebrantando los principios constitucionales del Estado Social que exigían igualdad en los planos individual e institucional. Ya que, ante una desigualdad competencial de las autonomías, el efecto era claro, la desigualdad individual entre los ciudadanos españoles en su acceso al Estado social. Se empezaba a defender por los lobby nacionalistas vasco-catalanes la “identidad étnica” que suponía la existencia, en primer lugar, de un enemigo externo (los ciudadanos españoles) que exigía profundizar en la construcción nacional que permitiera potenciar su sentimiento identitario de pertenencia.
Estas nuevas reivindicaciones afloraron con inusitada fuerza cuando el PSOE perdió la mayoría absoluta en 1993, la necesidad de contar con el apoyo de los partidos nacionalistas permitía a estos lograr su posición soñada como oligarquía extractiva, que convirtió a CIU y PNV, más que en auténticos partidos políticos, en lobby de presión sobre el Gobierno, al ser los “árbitros” indiscutibles de la política española al marcar su estrategia política, de ahí la incomodidad e incluso desconcierto de la sociedad española. Está era la oportunidad soñada para desde los derechos históricos profundizar en las asimetrías como elemento propio del sistema constitucional autonómico no con argumento jurídicos sino únicamente con la bandera de la legitimidad histórica ratificada por el Tribunal Constitucional desde la STC 76/1988, donde se acogía la tesis de la caracterización dinámica de la foralidad y de la consiguiente garantía institucional de la misma, garantía que alcanzaba:
“Como mínimo irreductible, a proteger un régimen de autogobierno territorial con el que quepa reconocer el régimen foral tradicional de los distintos territorios históricos”.
En la línea con la sentencia anterior, la STC 140/1990 que reconoció expresamente la virtualidad competencial de la Disposición Adicional Primera, los Estatutos, aseguraba la sentencia, son el elemento decisivo para la actualización de los derechos históricos. Con esta sentencia el Tribunal Constitucional se contradecía a sí mismo ya que en la STC 11/1984 de 2 de febrero, sobre conflicto de competencias sobre una emisión de deuda pública emitida por el Gobierno vasco. En ella se relativiza la posición constitucional de los derechos históricos, al negar un contenido sustancial y material propio de éstos. Una vez confirmada por el Tribunal Constitucional “la legitimidad histórica” como principio diferenciador entre españoles. Los encargados de dar carta de naturaleza y envoltorio constitucional a “la desigualdad entre españoles” fueron Enric Argullón y Miguel Herrero de Miñón. El primero afirmó que existen en la Constitución dos almas, la de la descentralización y la heterogeneidad basada en los derechos históricos. La postura de Herrero de Miñón partía de la afirmación de que España no es una sociedad federal, sino diferencial. No todas las CCAA afirmaba eran iguales, existía entre ellas unas que eran naciones (Cataluña y Euskadi) y otras que no lo son, ello obligaría a reconocer la plurinacionalidad española, de lo que habría de derivarse el necesario reconocimiento de la sustantividad política de las naciones que la integran. Según él, estas plurinacionalidades eran fruto del reconocimiento de los derechos históricos realizado por la Disposición Adicional Primera de la Constitución que ampararía que Euskadi y Cataluña nunca podrán ser como las demás comunidades al ser expresiones de un auténtico hecho nacional. El argumento constitucional no podía ser más débil, se basaba únicamente en una construcción nacionalista de la historia de “cada territorio es la historia de su diferencialismo” caracterizado por la añoranza de una edad de oro perdida al serle arrebatada su soberanía y negado el reconocimiento de su personalidad nacional por el “cruel pueblo español”.
Estas argumentaciones eran inaceptables, por ser políticamente inadmisibles desde un punto de vista democrático y jurídicamente insostenible desde una perspectiva constitucional. Sin embargo, los nacionalistas vascos y catalanes, un día sí y otro también, hacían uso de sus supuestos “derechos históricos” para obtener un trato diferente del que tenían otros territorios autonómicos y que se les reconociera su singularidad no sólo en el tratamiento político de sus hechos diferenciales respectivos sino en términos jurídicos. La ventaja de estos argumentos historicistas es que los nacionalistas siempre encontraban en el pasado lo que era indispensable para el presente, y si los hechos negaban su construcción nacional había infinidad de plumas dispuestas a reinventarla. En pleno apogeo de los “derechos históricos” como justificación de la desigualdad entre españoles en función de su residencia. Los nacionalistas vasco-catalanes ante la debilidad del nuevo gobierno nacional tras la ajustada victoria del partido popular en las elecciones generales de 1996 reproducían el escenario de 1993. Descartada la “gran coalición” entre el PP y el PSOE no quedaba más opción que volver a negociar con los etnonacionalistas, en un escenario inédito que ponía al partido conservador ante la tesitura de justificar por “razones de Estado” pactar con aquellos que teorizaban la desigualdad entre los ciudadanos españoles, en base a razones históricas. Este acuerdo ponía en peligro el consenso constitucional con el PSOE sobre el funcionamiento del Estado. Todas las reivindicaciones historicistas de los nacionalistas fraguadas durante años solo tenían un fin, la desigualdad tributaria que ponía en peligro los mecanismos de cohesión territorial encaminados a actuaciones públicas con traducción presupuestaria que debían contribuir a reducir las disparidades de renta disponible entre regiones o a mitigar los efectos de tales disparidades sobre la calidad de los servicios públicos. Ya que la desigual distribución de la renta y el empleo en el territorio español hacían necesario importantes trasvases de recursos de unas regiones a otras. La ley Orgánica 3/1996 de 27 de diciembre plasmaba los acuerdos entre el PP y CIU, que suponía una reforma parcial de la LOAFCA y de la ley 14/1996 de 30 de diciembre que regulaba la nueva cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas. Se incorporaba un nuevo instrumento financiero: el tributo compartido, en la figura del IRPF. Este nuevo instrumento consistía en la utilización conjunta de las administraciones central y autonómica de un impuesto con una misma estructura básica, disponiendo cada administración de unos márgenes de capacidad normativa. Se adoptaron dos medidas:
1º.- Se ampliaba el ámbito de cesión a una parte del IRPF, concretamente al 30%.
2º.- Se atribuía a las CCAA ciertas competencias normativas para establecer nuevas deducciones de aplicación exclusiva en la cuenta resultante de la tarifa autonómica.
Además, se introducía capacidad normativa sobre los tributos cedidos de tal manera que las CCAA recogían la regulación integral del alcance y las condiciones de la cesión, quedando el derecho del Estado como supletorio en aquellos casos en que la respectiva CCAA no hiciera uso de las competencias normativas. Las CCAA asumían por delegación la gestión, inspección y recaudación de los tributos cedidos, para el IRPF, el Estado se reservaba en exclusiva esas competencias.
Para los socialistas, la nueva fórmula de financiación autonómica no solo contravenía el programa electoral del PP, sino que respondía exclusivamente a la coyuntura política por la que habían sacrificado los principios constitucionales y el consenso de los partidos nacionales en cuestiones de Estado. Añadían que era una fórmula improvisada y negociada exclusivamente en función de los intereses inmediatos de partido sin visión de estrategia que presentaba serios “riesgos de desvertebración territorial”. Sería Pérez Royo quien advertía:
“El nuevo modelo de financiación autonómica es una alteración de la estructura del Estado que se ha impuesto en España a través de la interpretación de la Constitución por el Estatuto de Autonomía. El nuevo modelo de financiación autonómica supone una quiebra del equilibrio alcanzado por las distintas nacionalidades y regiones en la unidad política de España a través del ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución”.
Era un hecho que con este acuerdo se quebraba el principio de unidad constitucional ya que era previsible que las CCAA hicieran un uso desmedido de sus potestades normativas y se corría el riesgo de generar una competencia fiscal desleal entre autonomías con una enorme disparidad de rentas, que profundizaría las desigualdades territoriales y con ello se quebraría el principio de solidaridad necesario para garantizar la igualdad entre españoles. Se consolidaba con estos acuerdos la desconstitucionalización de la forma de Estado y del proceso autonómico, quedaba a merced de la voluntad de los nacionalistas condenando a la forma territorial del Estado a una apertura indefinida donde el poder constituyente en materia territorial no sería el pueblo español sino los nacionalistas vasco-catalanes que se erigían como poder constituyente subordinado o derivado.
Con estos dos acuerdos de gobernabilidad de los dos grandes partidos nacionales, el PP y el PSOE, con los nacionalistas vasco-catalanes, la vertiente unitaria del Estado autonómico quedaba completamente marginada, cuestionada y completamente rechazada al considerarla un elemento potencial y tendencialmente reaccionario frente al “progresismo autonomista” convertido en el santo grial, tanto para el mundo político como institucional que adoptaba de manera acrítica los postulados de “la legitimidad histórica” defendida por los nacionalistas.
Con estos acuerdos se justificaban divergencias arbitrarias entre los ciudadanos españoles en función de si vivían o no en las “Comunidades históricas”. Con ello se sacrificaba todo vestigio de unidad y el Estado se veía impotente para hacer frente a la desarticulación, la dispersión y la segregación a la que conducía la interpretación histórico-identitaria del Estado Autonómico.
Este “progresismo autonómico” fue ratificado por el Tribunal Constitucional con dos sentencias, la 118/1996 y la 61/1997 que, en mi opinión cuestionaban el interés general de los españoles que ahora ya no podría ser defendido por el Estado ya que con ambas sentencias el Tribunal Constitucional dejaba seriamente tocado el principio de prevalencia estatal y suprimía la supletoriedad del Estado conduciendo al Estado español hacía un modelo confederal donde se premiaba las tendencias centrífugas de los nacionalistas a los que se les reconocía valor cuasi constituyente en la definición del modelo de Estado. Reconocimiento realizado no por el poder constituyente español sino por el Tribunal Constitucional que en ningún caso era el órgano llamado a definir el Estado autonómico o de hacerlo evolucionar. En mi opinión, su labor como intérprete supremo de la Constitución había ido demasiado lejos ya que únicamente debía haber valorado si la configuración de los órganos democráticamente elegidos por los españoles realizaba una labor acorde a contraria al título VIII de la Constitución, pero en ningún caso definir el modelo de Estado por sí mismo. Así fue preciso que en un voto particular a la sentencia 61/1997 del Magistrado Jiménez de Parga del Tribunal Constitucional al erigirse en poder constituyente:
“Las diversas concepciones de la supletoriedad se apoyan, consciente o inconscientemente, en una de dos posibles maneras de ver y de entender el Estado de las Autonomías. O se piensa, de conformidad con lo afirmado en los artículos 1.2 y 2 de la Constitución española, que la soberanía nacional, de una nación común e indivisible, resida en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado, cuya Constitución reconoce y garantiza la autonomía de las Comunidades, o se aboga, fuera de la Constitución, por una soberanía compartida por el Estado y por las Comunidades Autónomas (STC 61/1997, apartado 2 del voto particular). Para los defensores de la primera concepción del Estado de las Autonomías solo hay un ordenamiento jurídico “España se constituye en Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político” (artículo 1.2), correspondiendo la caracterización de infraordenamientos, o de ordenamientos dentro del Estado, a los de las Comunidades Autónomas. El artículo 149.3 encaja sin dificultad en esa idea del Estado diseñado por la Constitución de 1978 (…) para quienes no aceptan la soberanía, única e indivisible, o defienden abiertamente la cosoberanía, la supletoriedad del derecho estatal es algo inaceptable o que deber entenderse de un modo que la prive prácticamente de contenido (STC 61/1997 apartado 2 del voto particular)”89.
Con esta sentencia el Tribunal Constitucional, tomaba postura a favor del progresismo autonómico, abandonando su posición políticamente neutral que definía cuales eran los límites constitucionales de la descentralización autonómica, condenando al pueblo español a ser mero espectador de la radical transformación del marco constitucional en relación al modelo de Estado.
Ante este “protagonismo autonómico” ratificado por el Tribunal Constitucional, entre finales de 1997 y comienzos de 1998, los nacionalistas, tras los 18 meses desde la investidura de José Mª Aznar como presidente del Gobierno, comienzan una nueva batería de reivindicaciones con la soberanía compartida como objetivo. El Presidente de la Generalidad, Jordi Puyol, plantea a comienzos de 1998 sus nuevas reivindicaciones, además de un incremento de las inversiones estatales en infraestructuras en Cataluña: tren de alta velocidad entre Barcelona y la frontera francesa, ampliación del aeropuerto del Prat, mejora de la red estatal de carreteras en Cataluña, sin embargo su objetivo prioritario era que la reforma del IRPF que el Gobierno del Partido Popular tenía proyectada con la que se pretendía una bajada de impuestos, no afectara a los ingresos de Cataluña, la gestión por Cataluña del 0.52% del IRPF dedicado a fines de interés social, de las becas educativas, de la red de Paradores de turismo situados en Cataluña, de las carreteras del Estado, del Instituto Nacional de la Seguridad social y de la inspección de trabajo, y el control de la Agencia Estatal Tributaria. En definitiva, exigía:
“El autogobierno bajo la idea de una España plurinacional, que va más allá de la situación actual tanto en lo económico como en el político, se apelaba en definitiva a “la soberanía compartida”.
Por su parte, los nacionalistas vascos comprometían su apoyo al PP a cambio de sus propias reivindicaciones: el traspaso de la titularidad de las autopistas, de la cuota de formación del INEM, de los puertos, de la consolidación del concierto económico vasco. Solo así, según el presidente del Gobierno vasco, el señor Ardanza:
“El dialogo es la mejor fórmula para abordar la lucha antiterrorista. El año 1998 debe estar guiado por el dialogo entre el Gobierno y el PNV en esta cuestión potenciando el ámbito de decisión vasco”.
Estas relaciones de los nacionalistas vasco-catalanes constituidos como verdaderos lobbies de presión, venían a certificar que nunca abría un cierre definitivo del modelo de Estado y que las demandas nacionalistas en pos de la asimetría no habían hecho más que empezar, amenazando con vaciar al Estado de competencias que impedirían su papel como defensor del interés general.
Dentro de la doctrina político-constitucional haciendo gala de ese “protagonismo autonómico” se validaban las asimetrías de las “naciones históricas” como el único modelo territorial del Estado posible en España y el concepto de autonomía debía transmutarse en historicismo-identitario debido a la existencia de varias naciones que tenían un fuerte sentimiento identitario que era necesario reconocer94.
Ante estas nuevas demandas de los nacionalistas, el PSOE en la oposición, proponía al partido en el Gobierno, el PP, un pacto político sustentado en un Documento 21 de Marzo de 1998:
“Propuesta de pacto sobre la estructura del Estado: política autonómica y municipal del PSOE”.
El entonces Secretario General del PSOE, Joaquín Almunia, envió el citado documento al Presidente del Gobierno, José María Aznar, solicitando el oportuno diálogo sobre el futuro del Estado de las Autonomías. Iniciado de inmediato por el Ministerio de Administraciones Públicas, Don Mariano Rajoy, y el Secretario de Política Autonómica del PSOE, Ramón Jáuregui que iban a intentar frenar el camino iniciado en 1998 por los nacionalistas con una calculada dinámica orientada a quebrar el sistema constitucional de organización territorial del Estado. El acuerdo se hizo imposible la aversión mutua de los dos grandes partidos nacionales, estaba debilitando al Estado ya que la concepción asimétrica favorable a las Comunidades Autónomas “históricas” era ya insostenible debido a que el proceso autonómico diseñado en el marco constitucional ya no permitía más privilegios. De ahí que a los nacionalistas solo les quedaba el desafío autodeterminista como reconocía el presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Puyol:
“El nacionalismo mayoritario y sus aliados siempre han tratado de generar terreno por la negociación, pero quizá hemos llegado al límite de esa vía y haya que hacer una formulación política e intelectual nueva (…) Lo jurídico ya no sirve (…) El objetivo final es (…) un auténtico autogobierno en una situación de soberanía compartida”.
El 12 de enero de 1998, el Lendakari, José Antonio Ardanza, seguía los mismos pasos que Jordi Puyol y presentaba el Plan Ardanza para la pacificación del País Vasco que suponía expulsar a los partidos nacionales (PP y PSOE) del País Vasco y centrar la negociación del fin de ETA al ámbito de decisión vasco con Herri Batasuna y ETA, negociación que debía comprender reivindicaciones de orden político territorial ya que la propuesta del plan Ardanza incluía el derecho de autodeterminación del País Vasco gracias a la necesidad de una “nueva lectura” del texto constitucional a través de la Disposición Adicional Primera. El 18 de enero de 1998, en una entrevista en El País a Juan José Ibarretxe Vicelendakari vasco, propuesto en esas fechas por el PNV como futuro Lehendakari, dejó claro la renuncia a la legalidad vigente y la necesidad de avanzar hacia la autodeterminación:
“El Estatuto no es una estación término (…) El autogobierno definido hace veinte años puedes ser caduco, como lo es la idea del Estado nación. El autogobierno no tiene límites (…) España es un Estado de naciones. Un Estado al que pertenecemos. Pero mi país es Euskadi (…) Un Estado federal es una nación de naciones, y lo que la Constitución española viene a preconizar, la definición que hace para buscar un encaje a las nacionalidades y regiones es buscar la idea de un Estado plurinacional (…) Somos una nación, la configuración de nación está prevista en el ordenamiento jurídico. Además, por si faltaba algo, la propia configuración de los derechos históricos que viene a constituir el derecho natural de una comunidad también lo es para poder reivindicar ese derecho, como lo estamos haciendo”.
Era el inicio de la gran operación nacionalista para la ruptura del sistema territorial que vivió su siguiente capítulo, el 16 de julio de 1998, cuando tuvo lugar en Barcelona la firma por los líderes de los partidos nacionalistas, Convergencia i Unió, Partido Nacionalista Vasco y Bloque Nacionalista Gallego, la llamada “Declaración de Barcelona” en la que reivindicaban el reconocimiento de España como un Estado plurinacional y era necesaria una reconfiguración identitaria o reconfiguración de espacios o ámbitos plurinacionales. Lo más destacado de esta Declaración de Barcelona, fue negociado por el líder de CIU y presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Puyol, que pidió al Presidente del PNV, Xavier Arzalluz, que a cambio de su apoyo al plan Ardanza, el PNV debía apoyar el concierto económico catalán que sería la próxima reclamación ante el Gobierno de la nación. El camino estaba trazado, era necesario que todos los españoles aceptaramos la visión segregacionista de España de los nacionalistas donde la pretensión confederal de Euskadi y Cataluña no tenía alternativa posible ya que la Disposición Adicional Primera de la Constitución así se lo reconocía a “las comunidades históricas”. Esta ambigüedad entre autodeterminación, Estado plurinacional, y cosoberanía de los nacionalistas acerca de cómo debía ser el modelo Estado daba paso a interpretaciones teóricas y prácticas de gravedad incalculable ya que los argumentos jurídico-constitucionales que iban a ser esgrimidos únicamente buscaban articular estrategias políticas perturbadoras de la vigencia del orden constitucional ya que la lógica racional estaba ganando a la lógica nacional-normativa. Ante este desafió etnonacionalista, los dos grandes partidos estatales no asumían la defensa conjunta de la igualdad de los españoles que la constitución consagraba de ahí que su posición fuera muy débil ante este desafió constitucional para el futuro de la convivencia de los españoles.
Los nacionalistas vascos sintieron la necesidad de un acercamiento al brazo político de ETA. Lo hicieron sin ningún límite, esgrimiendo no solo razones políticas sino estratégicas de fondo ante el miedo a perder protagonismo político por la reacción civil ante el asesinato del concejal del PP, Miguel Ángel Blanco, que dio origen al “espíritu de Ermua”, en el que el pueblo vasco perdió el miedo al totalitarismo etnonacionalista que llevó al PNV y Eusko Akartasuna a firmar un documento con ETA que abriera una “nueva etapa de enfrentamiento con España” a través de nuevas reclamaciones a favor de la autodeterminación. “Esta nueva etapa de enfrentamiento con España”, con el acercamiento del PNV al brazo político de ETA, comenzó a dar sus frutos, se intentaba evitar que la inminente derrota policial de ETA también fuera una derrota política que parecía también un hecho, tras la rebelión social en el País Vasco contra ETA, tras el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el PNV temeroso de que la derrota total de ETA fuera la derrota del nacionalismo vasco, precipitó un acuerdo con Herri Batasuna que veía como su cúpula era encarcelada y se cerraba su órgano de publicidad del odio, el diario EGUIN, bajo la acusación de su integración en el complejo ETA-KAS. En Agosto de 1998 ETA, el PNV y Eusko Akartasuna firmaron un documento que fue publicado por GARA que se definió como “acuerdo de base”. Según dice textualmente este documento, los firmantes del acuerdo asumen el compromiso de dar pasos efectivos para la creación de una institución única y soberana que favorecieran la construcción de Euskal Herria y abandonar cualquier tipo de acuerdo con los dos grandes partidos nacionales, PP y PSOE “cuyo objetivo es la destrucción de Euskal Herria”. A cambio de estos compromisos que ETA exigía al PNV ellos se comprometían a proclamar un alto el fuego indefinido. El 12 de septiembre de 1998, tras el acuerdo base se firmaba el Pacto de Estella o Lizarra, este acuerdo sostenía que la soberanía política residía en el pueblo vasco.
El entusiasmo de la dirección del PNV fue enorme, expresada por Arzalluz que entendió que este acuerdo situaría a HB como segundo partido de Euskadi ante las inminentes elecciones autonómicas. Si ETA dejaba de matar, el PNV y HB, se presentarían como artífices de un logro histórico y barrerían al PSOE y al PP de la vida vasca y podrían avanzar hacia un horizonte soberanista. Con este acuerdo el PNV daba por concluido dos decenios de vigencia del Estatuto de Gernika, Estatuto que fue elaborado por consenso y refrendado por el 90% de los votantes vascos, el portavoz Joseba Eguibar diría en el parlamento de Vitoria que se trataba de una mera carta otorgada. Una vez firmado el Pacto de Estella, el 16 de septiembre de 1998, ETA anunció un “alto el fuego” indefinido e incondicional, ratificando el pacto de Estella:
“Euskadi se encuentra en una ocasión única para avanzar hacia la soberanía del País Vasco y aboga por continuar por vías democráticas la labor por la superación del marco derivado de la Constitución”.
El comunicado de ETA insistía en el fracaso de la vía impulsada por los partidos democráticos en el marco de la Constitución y el Estatuto de Gernika. Con este acuerdo el PNV se embarcaba en crear su “país imaginario, una pura alucinación, un delirio, un enorme desvarió”. Era la renuncia a una estrategia que el PNV había seguido entre los años 1986 y 1992 coincidencia con algunos de los atentados más crueles de ETA (en 1987 atentado en Barcelona en Hipercor y en la casa cuartel de la Guardia Civil de Zaragoza, que había dejado un total de más de treinta muertos, entre ellos varios niños), cerró toda línea de comunicación con la izquierda radical, se pretendió endurecer así su actitud frente al terrorismo que desembocó por iniciativa del lehendakari, José Antonio Ardanza, en la firma del llamado pacto de Ajuria Enea que fue firmado por todos los partidos democráticos vascos. No por casualidad, también en enero de 1988, Xavier Arzalluz, presidente del Euskadi Buru Batzar, pronunció un discurso en el teatro Arriaga de Bilbao en el que defendió la idea de un nacionalismo vasco integrador donde hizo una verdadera autocrítica de ciertas políticas excluyentes llevadas a cabo por el PNV a los largo de su historia. La creación del “País imaginario” por los nacionalistas vascos el PNV, Eusko Akartasuna, Herri Batasuna y ETA vivía su primer capítulo en las posteriores elecciones al parlamento vasco del 25 de octubre de 1998, donde el Pacto de Estella fue presentado como el gran triunfo del PNV que había logrado redimir al “hijo pródigo”. Quien mejor definió la redención del “hijo pródigo” fue Antonio Elorza:
“Más allá de la indudable tranquilidad temporal que introduce la tregua, no se abre una era de pacificación política, sino de enfrentamientos, y en ella lo que se tambalea es el ordenamiento democrático vigente (…) Lo que se quiere políticamente desde Lizarra no es la paz, es la victoria”.
Tras las elecciones autonómicas, el PNV creyó que era necesario reactivar el llamado “conflicto democrático”, para ello se formó un gobierno bipartito entre el PNV y su escisión Eusko Akartasuna con el apoyo parlamentario de Herri Batasuna con un fin claro, la territorialidad y la soberanía, que implicaba el punto de partida para lograr la desvinculación institucional del País Vasco del Estado y de su orden constitucional. Esta nueva estrategia fue ratificada por ETA en su comunicado de 5 de noviembre de 1998, donde ETA certificaba la nueva estrategia en pos de la territorialidad y la soberanía. En definitiva, con este acuerdo los nacionalistas vascos ponían un precio político a la paz, pactaba con ETA, enemigo acérrimo tanto de la democracia española como de la autonomía vasca, por la creación de un proyecto político “irreal y antidemocrático de la Gran Euskal Herria”. La construcción nacionalista de la historia y de su diferencialismo había triunfado y se caracterizaba por la añoranza de una edad de oro perdida al serle arrebatada por los españoles su soberanía y negado el reconocimiento de su personalidad nacional que era necesario recuperar en un nuevo proceso de construcción nacional basado en una identidad cultural diferenciada que exigía una nueva posición jurídico-política singular que amenazaba con dejar fuera de ese “oasis” a los que legítimamente no se sentían nacionalistas. Ante este delirio nacionalista, el gobierno de la Nación presidido por José María Aznar, no estuvo dispuesto a hacer prevalecer el interés general de los españoles, por el contrario, aceptaba de manera tácita esta propuesta antidemocrática e iniciaba negociaciones con ETA, el 4 de noviembre de 1998, con este inició negociaciones se renunciaba a la derrota total de la banda terrorista ETA y se aceptaba una visión historicista-identitaria la organización territorial de España ya que para lograr el acomodo de los nacionalistas debía ser redefinida como un Estado plurinacional asimétrico, donde la soberanía en materia territorial no residía exclusivamente ya en el pueblo español sino en las Comunidades Autónomas históricas. El que mejor definió este nuevo escenario fue el columnista Carlos Luis Álvarez en su artículo en ABC: “Terror y Constitución” donde sostuvo:
“Que la paz, esto es, que él no crimen de ETA, puede convertirse por la fuerza de las cosas en un factor de la pretendida reorganización del Estado”.
Parecía evidente que, si triunfaban las negociaciones, el marco jurídico de la organización territorial del Estado podía privilegiar a las Comunidades Autónomas “históricas” mutando una vez más el modelo constitucional de organización territorial del Estado. Ante este peligro las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, Andalucía, Extremadura y Castilla- La Mancha defendieron la vigencia de la Constitución en la llamada “Declaración de Mérida” que rechazaba el privilegio de unas Comunidades sobre otras con estas palabras:
“Dentro de la unidad política de España, en la que nuestra Constitución reconoce los hechos diferenciales, los sistemas particulares de financiación y las diferentes vías de acceso al autogobierno, no existe un derecho natural, ni previo ni posterior a la Constitución, que pueda ser invocado para justificar privilegios entre los territorios o desigualdad entre los españoles”.
Ante esta reacción de las Comunidades Autónomas gobernadas por el PSOE, el Gobierno de la Nación, en manos del PP respaldaba las tesis de los nacionalistas como se desprendía de las palabras del Presidente Aznar:
“Todo cabe, la paz cabe en la Constitución, la cual garantiza los derechos históricos del País Vasco”.
Este respaldo fue denunciado por el PSOE que emplazaba a José María Aznar a que exigiera al líder del PNV la renuncia a obtener concesiones políticas al hilo de la tregua de ETA. La respuesta del líder del PNV Xavier Arzalluz a esta denuncia fue “El pueblo vasco no cabe en la Constitución”. Con esta respuesta se mezclaba la violencia con la autodeterminación, con esta relación los líderes del PNV (Arzalluz, Eguibar, Ollora) defendían que la autodeterminación era “la clave de la pacificación”.
Ante esta escalada soberanista de los nacionalistas vascos, el presidente del Gobierno, José María Aznar buscaba refugio en el otro lobby nacionalista, el 16 de febrero de 1999, se entrevistaba con el Presidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Puyol, para intentar sacar adelante los presupuestos generales del Estado para el año 2000, último de la legislatura. Finalmente lograban alcanzar un acuerdo mediante el cual el lobby catalán se comprometía a paralizar las reivindicaciones de un pacto fiscal para Cataluña simulando “el concierto económico”, a cambio, el presidente del Gobierno, José María Aznar, se comprometía a no adelantar las elecciones generales que hubiera sido un durísimo golpe a las expectativas electorales de Jordi Puyol para las autonómicas de Cataluña. Tras el acuerdo, el Gobierno de la Nación anunció la congelación de su política autonómica en lo que quedaba de legislatura. El 13 de junio de 1999, se celebraban elecciones en el País Vasco que calibrarían la efectividad o no del pacto de Estella para los nacionalistas vascos, el resultado electoral fue muy pobre. La operación conjunta de Estella no había incidido en el electorado vasco en términos significativos, no había nacido como ellos esperaban una clara mayoría nacionalista capaz de dar inicio a un proceso de construcción nacional. Este resultado electoral ponía en entredicho el pacto ya que el PNV lejos de rentabilizar electoralmente su apuesta de Estella vio como parte de su electorado se iba hacía Herri Batasuna (que se llamaba ahora Euskal Herritarrok una vez que la cúpula de HB había sido encarcelada como miembros de ETA) poniendo en cuestión la hegemonía del PNV dentro del nacionalismo.
El espejismo de la unidad abertzale que transportaría al lobby etnonacionalista a su Arcadia feliz llamada Euskal Herria, amenazaba con terminar con una macabra serie de asesinatos de ETA convirtiendo ese sueño en una nueva horrible pesadilla. Todo parecía indicar ese escenario tras el comunicado de ETA en septiembre de 1999 cuando acusó a los firmantes del Pacto de Estella de no estar poniendo en práctica lo acordado en el mismo, en particular recordaba al PNV que había incumplido su promesa de no incorporar a Herri Batasuna (Euskal Herritarrok) al gobierno de las Diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa y del Ayuntamiento de Bilbao. Sin embargo, tras este duro comunicado, el PNV se negaba a reconocer el fracaso y el 12 de septiembre de 1999 se reunía en Durango con los firmantes del Pacto de Estella para conmemorar su aniversario donde ratificaba su apuesta por la territorialidad y la soberanía que desembocará en un Estado propio, soberano e independiente tras el proceso de construcción nacional de Euskal Herria. Lo que había detrás de este aniversario del pacto de Estella no era más que la pugna por la hegemonía del etnonacionalismo vasco que el PNV creía que estaba en riesgo. Ante esta estrategia de dominio del PNV del nacionalismo vasco, la reacción de ETA no se hizo esperar su brazo político Herri Batasuna (Euskal Herritarrok) anunció que no concurrirían a las próximas elecciones generales del año 2000 y además hizo llegar al Gobierno de la Nación el mensaje de ruptura inminente de su tregua. El 28 de noviembre de 1999, en un comunicado detalló que la causa principal de su ruptura se debió al incumplimiento por el PNV de su compromiso de no presentarse a las elecciones generales y convocar unas elecciones a un parlamento nacional de toda Euskal Herria que les obligaba a tomar de nuevo las armas, con el fin de “hacer más fuerza”. ETA recuperaba el protagonismo de la única forma que sabía a través del odio y la muerte, aun así el PNV lejos de abandonar el pacto de Estella tras su ruptura de la tregua lo mantenía no renunciando a sus principales objetivos la soberanía y la independencia de Euskal Herria, pero sí renunciaba a terminar con la violencia que se convertía en un objetivo secundario que llevaba no a buscar la derrota de ETA sino afearle únicamente su conducta por obstaculizar el objetivo final del Pacto de Estella que era la independencia de Euskal Herria. Con este fin la Asamblea General del PNV celebraba el 16 de enero del 2000, en Bilbao, una reunión en que se ratificaba el Pacto de Estella mediante el documento:
“Reconocimiento del ser para decidir”.
Este documento daba por cerrada la etapa autonomista, para apostar por la territorialidad y unas nuevas instituciones del País Vasco como único camino posible a la independencia:
“El PNV considera como propios e irrenunciables los conceptos de nacionalidad y de unidad del pueblo vasco, los conceptos de soberanía, autodeterminación e independencia (…) Sigue pensando que la soberanía, territorialidad e institucionalización de Euskadi como país europeo pasa por la acción concertada de la Comunidad Autónoma Vasca, de la Comunidad Foral de Navarra y de una Iparralde institucionalizada (…) una nueva fase en el camino de la construcción nacional (…) Para ello propone un Consejo de Partidos Nacionalistas Vascos que desarrolle proyectos que impulsen progresiva y eficazmente la construcción de la nación vasca”.
Más allá de esta declaración en lo procedimental, se incluía en los presupuestos de la Comunidad Autónoma del País Vasco para el año 2000, aprobados en su parlamento con los votos del PNV y de Herri Batasuna (Euskal Herritarrok), unas partidas presupuestarias destinadas al proceso de construcción nacional de forma casi enfermiza de su edad de oro perdida, su oasis vasco, que había sido arrebatado por los “crueles españoles” que se lo habían negado hasta ahora. Todo este delirio nacionalista añadía un nuevo capítulo sangriento solo cinco días después del documento “Reconocimiento de ser para decidir”, el 21 de enero del 2000, ETA materializó su odio y amenazas tras su tregua trampa, asesinando en Madrid al Teniente Coronel del ejército Don Pedro Antonio Blanco. La reacción social de repulsa generalizada en toda España hizo pensar que el Pacto de Estella estaba muerto, sin embargo, eso no fue así y tanto Herri Batasuna como el PNV a través de Xavier Arzalluz, responsabilizaron al Gobierno de la Nación del asesinato por su renuncia a negociar con ETA. Se confirmaba que la tregua de ETA había venido marcada por su debilidad, por la lucha interna dentro del nacionalismo por liderar electoralmente el País Vasco, un respiro mientras reconstruía sus golpeados cuadros, una adaptación a los nuevos tiempos tras el encauzamiento del conflicto irlandés y todas esas cosas tenían un denominador común:
“El deseo de paz entre una población harta de tanta violencia”.
El lehendakari Ibarretxe se encontraba en una situación difícil, puesto que Euskal Herritarrok se negó a condenar el atentado. Aun así, se siguió manteniendo vigente el pacto de Lizarra. Sin embargo, el PNV, necesitaba un gesto de fuerza frente a ETA y suspendió el acuerdo de Gobierno con Euskal Herritarrok hasta que éstos no condenaran el asesinato. Con esta decisión ETA pasaba ya de modo efectivo a condicionar el tiempo y la estrategia los nacionalistas vascos agrupados en Estella. El 22 de febrero del 2000, recién iniciada la campaña de las elecciones generales de marzo, ETA tomó protagonismo de la única forma que sabía asesinando a Fernando Buesa, Secretario General del PSE-PSOE y portavoz de esta formación en el parlamento vasco y a su escolta de la Ertzainas, Jorge Díez Elorza, tampoco este atentado condujo al lehendakari Ibarretxe a dar por concluido el Pacto de Estella que seguiría en vigor con dos fines claros: la consecución de la soberanía e independencia de Euskal Herria. Quien mejor definió la actitud del PNV tras el asesinato de Fernando Buesa fue Emilio Guevara, uno de los cuatro diputados generales que tenía el PNV en Álava que declaró que la manifestación de repulsa a su asesinato:
“Fue una de las mayores indecencias en la historia del PNV. En vez de romper con Euskal Herritarrok y con Lizarra, convirtió aquel acto en una chulesca muestra de apoyo a un Lehendakari investido con los votos del brazo político de ETA”.
ETA proclamaba el protagonismo absoluto del nacionalismo vasco emitiendo un comunicado, el 8 de marzo del 2000, en que reconocía la autoría de los atentados y reiteraba la justificación de su vuelta al terrorismo por incumplimiento del PNV y Eusko Akartasuna de los acuerdos que dieron paso a su tregua, y especialmente su participación en las próximas elecciones generales “españolas” de 12 de marzo en lugar de apostar por unas elecciones propiamente “nacionales” y constituyentes en Euskal Herria que hubieran encaminado a los vascos hacía un nuevo marco jurídico nuevo. Esta lucha por liderar el nacionalismo vasco quedaba a expensas del resultado de las elecciones generales de 12 de marzo. Estaba claro ETA exigía el concepto etnicista de Euskal Herria la liquidación de la autonomía y la apertura de un proceso constituyente en ese marco étnico. Su propuesta estaba orientada a la exclusión de la mitad de la población vasca.
Era el triunfo de la “socialización del sufrimiento” mediante lo que trataba de extender el impacto de la violencia a nuevas capas de población con el fin de propiciar una fractura entre abertzales y “españolistas” con una intensa campaña de persecución sobre todo contra las fuerzas no nacionalistas vascas, atemorizando y forzando a abandonar la Comunidad. Lo terrible de todo esto es que el PSE-PSOE, una vez rota la tregua de la banda terrorista ETA, reconoció haber dialogado con PNV y HB sobre la posibilidad de formar un hipotético gobierno vasco bipartido PNV-PSE-PSOE- o incluso tripartido PNV-HB-PSOE. Estos contactos culminaron con una propuesta del candidato a la presidencia del gobierno de la nación del PSOE, Joaquín Almunia, donde se comprometió a que si triunfaba en las próximas elecciones generales convocaría inmediatamente a las fuerzas parlamentarias y al Gobierno del País Vasco para recuperar el consenso frente a ETA, que suponía en palabras del expresidente del Gobierno Felipe González, aceptar las propuestas a que pudieran llegar las fuerzas políticas vascas, era de facto aceptar por el PSOE el “ámbito vasco de decisión” propuesto en el Pacto de Estella haciendo una interpretación flexible de la adicional primera de la Constitución española que respetaba y amparaba los derechos históricos. Resultaba un hecho que las elecciones generales iban a celebrar en un contexto donde los dos principales lobbies etnonacionalistas el vasco y el catalán habían apostado por un modelo de Estado Confederal donde la apuesta era la cosoberanía entendida como un Estado:
“Plurinacional, pluricultural y plurilingüe”
La recuperación del concepto de competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en las que el Estado no pudiese intervenir es pos de la defensa de los intereses generales de los españoles, la reforma del Senado y del tribunal constitucional, la implantación de un sistema de financiación de las Comunidades Autónomas:
“Respetuoso con el carácter plurinacional del Estado, la conversión de los Tribunales Supremos autonómicos, la supresión de las funciones de seguridad ciudadana de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas, el impulso de la presencia de la representación de nuestras naciones en el ámbito internacional, el reconocimiento de competencia exclusiva en materia de lengua y cultura paras las “naciones” que tengan lenguas y culturas propias, el reconocimiento de las selecciones deportivas nacionales de estas Comunidades Autónomas y la presencia adecuada de Cataluña, el País Vasco en las representaciones diplomáticas del Estado español”.
Este era el acuerdo político adoptado en la reunión de la triple Alianza celebrada en Bilbao el 28 de enero como base de sus programas políticos en las elecciones generales de 12 de marzo de 2000. Esta apuesta por el Estado confederal de los partidos nacionalistas era un camino que llevaba a la autodeterminación y la independencia. Frente a este desafío y rota la alianza entre los dos grandes partidos nacionales para definir la organización del modelo de Estado, cada uno planteaba para las próximas elecciones generales su propuesta, el PP apostaba por la continuidad, es decir, el respeto a la Constitución y los Estatutos de Autonomías, por su parte el PSOE, apostaba por un modelo de Estado federal asimétrico que en definitiva suponía el reconocimiento de una legitimidad “histórica” a los lobby nacionalistas que implicaba asumir la desigualdad entre españoles a los que se les negaba el principio de legitimidad democrática que debía caer frente a la legitimidad histórica. Por el contrario su apuesta era por el “cierre efectivo” del Estado autonómico, una vez que el PP había sido el segundo partido más votado en el País Vasco, donde obtuvo los mejores resultados,, reforzaron enormemente su posición frente a los nacionalistas vascos que convenció al Presidente del Gobierno, José María Aznar de la necesidad de una ofensiva legislativa y judicial contra la banda terrorista ETA para terminar con su actividad asesina. Mientras la actitud del presidente frente al nacionalista vasco iba a ser muy dura frente a los nacionalistas catalanes comenzó afirmando:
“No queremos ser autosuficientes, aunque con la mayoría absoluta podríamos serlo. Lo que queremos es compartir y que haya suma de voluntades que sirvan para que las reformas que hay que hacer en nuestro país sean todavía más fuertes y en beneficio de todos”.
Se formalizaba así el apoyo del lobby catalán al Gobierno de la Nación y en contraprestación el apoyo del PP al Gobierno de la Generalidad presidido por Jordi Puyol. A cambio de este doble apoyo, Jordi Puyol se comprometía a dar apoyo a la investidura de Aznar con la esperanza de conseguir más autogobierno para Cataluña gracias a un aumento del techo competencial de la Generalidad y sobre todo con una nueva financiación que condujera a Cataluña a lograr su tan ansiado objetivo el “pacto fiscal”. Pero sobre todo el compromiso del PP de no interferir en la política lingüística de la Generalidad convertida en el pilar fundamental de su proceso de construcción nacional.
La lengua catalana se convertía en la clave de la construcción nacional catalana como excelente arma política de los nacionalistas e inspiración de sus reivindicaciones nacionalistas que obligaba hacer del español algo anormal gracias a la Ley 1/1998 de “política lingüística” que implicaba la catalanización de toda la Administración catalana y de sus servicios públicos, exigiendo una certificación de “competencia lingüística” en catalán para acceder a determinados puestos de trabajo en el sector público. Esta política lingüística se exigió también a los medios de comunicación social en el conjunto de Cataluña a través de subvenciones de la Generalitat de Cataluña. El fin era claro, el integrismo lingüístico con un vínculo ideológico lengua-nacionalismo, es decir, se pretendía instalar el monolingüismo en todos aquellos ámbitos de la realidad que directa o indirectamente tiene bajo su control político y administrativo de la Generalitat, con un aislamiento creciente del español que era agredido como lengua oficial. Esta política ideológicamente manipulada y perversa que identificaba la lengua catalana con una especie de carné que debía certificar la autenticidad nacionalista y un compromiso claro con la construcción nacional. Mientras José María Aznar entregaba a Cataluña a los nacionalistas catalanes para desarrollar su apartheid particular que dividiera Cataluña entre los buenos catalanes comprometidos con el proceso de construcción nacional y los malos catalanes expulsados de la vida pública y de la administración si mostraban cualquier discrepancia o crítica al nacionalismo. Por el contrario, el otro gran nacionalismo refugiado en Lizarra por primera vez iba a sufrir la enérgica actuación del Estado por la presión ciudadana que ya no estaba dispuesta aceptar el chantaje terrorista de ETA. En busca de esta derrota policial, la segunda legislatura de Aznar en el plano legislativo aprobó tres medidas importantes que facilitaron la lucha contra ETA y su entorno. En noviembre del 2000 el Congreso de los Diputados aprobó tres medidas que por primera vez iban a dar la batalla legal e ideológica al nacionalismo vasco, el primer trámite de un proyecto de reforma del código penal y de la ley penal del menor, que endureció las penas en los casos de Kale Borroka, el PSOE apoyó esta medida que recibió durísimas críticas en medios nacionalistas, hasta el punto de que un colaborador de “Deía” llegó a afirmar que la reforma transparentaba:
“Un verdadero odio político hacía lo vasco”.
La Kale Borroka, protagonizada por jóvenes e incluso por menores, que servían para amedrentar, amenazar y propagar el odio frente a los que no comulgaban con los dogmas nacionalistas completamente solos ante la impunidad que sintieron al no ser combatidos por la policía autónoma vasca, de ahí salieron los futuros asesinos. El efecto de esta reforma legislativa no tardó en manifestarse, pues el número de incidentes de violencia callejera en el País Vasco y Navarra se redujo drásticamente. La siguiente, fue la ley de partidos que el Congreso de los Diputados aprobó el 27 de junio del 2002, abría la posibilidad de que fueran ilegalizadas formaciones políticas como Batasuna, cómplices del “Holocausto” vasco debido a la virulencia con se habían comportado los miembros de Batasuna (Herri Batasuna y Euskal Herritarrok) alentando, informando y señalando a las víctimas de la campaña del terror. Finalmente, la ley fue aprobada en el Congreso por 304 votos a favor, PP, PSOE, CIU, COALICIÓN CANARIA y PARTIDO ANDALUCISTA, y en contra IU, PNV, EA y BNG. La definitiva ilegalización y consiguiente disolución de Batasuna por el Tribunal Supremo, momento culminante de la aplicación de la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio, de partidos políticos, que excluía del juego político democrático a partidos políticos que era un hecho que estaban integrados en la organización terrorista ETA. El Tribunal Supremo emitió la sentencia de disolución de Batasuna, el 27 de marzo de 2003, en la sentencia de disolución de Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna:
“La extinción de sus respectivas personalidades jurídicas que la decisión de disolución conlleva producirá, en primer lugar, plenas consecuencias sobre todas aquellas esferas de la vida jurídica sobre las que se hallan extendido en el pasado. En consecuencia, serán ineficaces cuantas relaciones deriven de aquella relación de pertenencia o representación de los partidos disueltos. Pero también aquella desaparición de personalidad impide que a partir de la fecha de esta Sentencia puedan construir situaciones o relaciones jurídicas de clase alguna. Todo ello con plena independencia de que el Estatuto singular de los miembros de dichos partidos siga la suerte prevista para ellos en las normas jurídicas que resulten de aplicación”.
Por fin, el Estado de derecho daba la batalla y se revelaba contra la estrategia de ETA y Herri Batasuna aprobaba en su ponencia Oldartzen (arremetiendo) que implicaba una estrategia política definida como “la socialización del sufrimiento” que supuso una cascada de asesinatos indiscriminados, la segregación étnico-cultural en el terreno educativo, lingüístico, cultural y especialmente en el terreno de los medios de comunicación. El inicio de esta estrategia se inició con el asesinato de Gregorio Ordoñez, Teniente-alcalde de San Sebastián y parlamentario vasco por el PP. Era la extensión del terror a todos los sectores sociales, pero sobre todo a los creadores de opinión, a través de la intimidación en la vida cotidiana que les hiciera imposible la vida cotidiana que les hiciera imposible la vida en el País Vasco, había que hacer una política nacional socialista contra los enemigos ideológicos de los nacionalistas vascos, es decir, quienes no compartían la necesidad de una construcción nacional de Euskal Herria. Para que la segregación triunfara había que marcar a los judíos o sea los no vascos mediante acoso en forma de llamadas telefónicas, cartas anónimas, concentraciones frente a domicilios particulares, insultos, pintadas amenazantes o cócteles molotov contra sus bienes que buscaba la extensión del miedo en la vida cotidiana. El apartheid de ETA triunfó y la segregación era un hecho, el lobby nacionalista vasco, liderado por el PNV se debía aprovechar de este triunfo y una vez segregada la población había que reunir a los vascos racialmente puros entorno al Pacto de Lizarra (Estella) que hablaba de una resolución política para el “contencioso vasco” donde la clave estaba en depositar la soberanía en Euskal Herria. El pacto de Lizarra trazó una línea no entre demócratas y asesinos sino que Estella era el triunfo de la socialización del sufrimiento al haber conseguido dividir la sociedad entre abertzales (vascos racialmente puros) y españoles (maketos) que encontraron su único refugio en el orden constitucional.
La última ley que intentó frenar esta limpieza étnica liderada por los nacionalistas vascos se aprobó en el Congreso de los diputados, con sólo 16 votos en contra y de nuevo con el apoyo del PSOE una reforma del código penal que endureció las penas por terrorismo, ampliando la máxima de 30 a 40 años. Paralelamente a este impulso legislativo, el juez Baltasar Garzón llevó a cabo numerosas iniciativas para desarticular todo el entramado de entidades que ETA había creado, se encarceló a EKIN, coordinadora que había sustituido a KAS y la ilegalizó, bajo la acusación de formar parte de la estructura política de ETA ejerciendo el control de los presos de la banda. Se ordenó la clausura de le entidad legal XAKI consideraba como el instrumento de ETA en el plano de las relaciones internacionales. Fue ilegalizada la organización juvenil SEGI encargada de la Kale Borroka y de la captación de nuevos asesinos. Ante esta ofensiva legal y judicial el Partido Nacionalista vasco, con su portavoz oficial Xavier Arzalluz declaró que Euskadi estaba sufriendo un “Estado de excepción”, esta opinión fue bendecida por “la inquisición vasca” que, de boca de los obispos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria difundieron una pastoral conjunta de que este intento legal y judicial por acabar con ETA y con su “socialización a la convivencia y la paz”. Para Xavier Arzalluz, las víctimas eran verdugos y para justificar la limpieza étnica de los etarras explicó que la democracia española era de “muy baja calidad”, pero que a pesar de todo esto era posible actuar en ella y que por eso ETA era un estorbo muy perjudicial para el objetivo de la independencia por el que decía luchar. Según él, el presidente del Gobierno, José María Aznar, había confiado en que “los vascos” nunca podrían unirse porque existía ETA, pero se alarmó por las consecuencias políticas de la tregua:
“Por eso no interesó que ETA dejara de matar. Mayor Oreja y José María Aznar hicieron lo posible para que ETA siguiera existiendo”.
En cambio, para los nacionalistas la solución del problema de ETA era primordial, aunque sólo fuera “por los presos, sus padres, sus familiares”, todos los cuales eran “de aquí”. Esta última observación era crucial para entender a Arzalluz y su idea de etnonacionalista de la nación vasca: los etarras y sus familias pertenecían a ella, mientras que las víctimas vascas de ETA, a las que no aludía en la entrevista, al no ser nacionalista no era realmente “de aquí”. El Gobierno vasco acudió a instancias europeas a defender demandando al Estado español ante el Tribunal europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, acusándole de haber vulnerado los derechos fundamentales a los colaboradores necesarios de los asesinos de ETA.
Los socialistas en la oposición estaban divididos, tanto en el País Vasco como en Cataluña, dudaban a la hora de si había que luchar contra el entramado sectario creado por los nacionalistas vascos y catalanes que abogaban claramente por la construcción nacional, la independencia y el soberanismo, es decir, la destrucción constitucional y la convivencia entre españoles, o por el contrario, aliarse con ellos en un doble escenario: las Cortes Generales y en los respectivos Parlamentos Autonómicos como el único camino posible para poner fin a la hegemonía electoral del PP. A primeros de marzo de 2003, el líder del PSC, Pascual Maragall, hacía públicas sus propuestas en un artículo en El País donde propugnaba un cambio de lmodelo de Estado, la superación del Estado de las Autonomías y la federalización asimétrica de España.
En ese mismo mes de marzo del 2003, en el marco de las manifestaciones con motivo de la guerra de Irak, el candidato del PSC, Maragall, reclamaba la consideración de Cataluña como “nación” que suponía la apuesta no por una España Federal sino Confederal. De manera incomprensible, cuando los nacionalistas vascos se encontraban en pleno desafío a la convivencia entre españoles, el PSOE celebraba, el 30 de agosto del 2003, una reunión en Santillana del Mar presidida por Rodríguez Zapatero donde se daba un espaldarazo a la estrategia política de Maragall mediante la llamada “Declaración de Santillana” que se tituló: “La España plural: la España Constitucional, la España unida, la España en positivo”, con este documento el PSOE ponía en cuestión la soberanía del pueblo español alejándose del espíritu que marcó la transición rompiendo el consenso constitucional entre los dos grandes partidos políticos nacionales para modular el desarrollo del Estado autonómico. Además con la Declaración de Santillana, el PSOE buscaba aislar al otro gran partido de ámbito nacional a cambio de una alianza estratégica con los soberanistas que suponía en la práctica una desconstitucionalización territorial del Estado donde la interpretación de la Constitución se ponía al servicio de los nacionalistas que se disponían a construir un modelo de Estado que iba a poner a prueba los principios democráticos de la constitución racional-normativa del 78. Ante esta desconstitucionalización del modelo de Estado se daba carta de naturaleza a que las próximas reformas estatutarias tuvieran un marcado carácter cuasi-constituyente donde el principio dispositivo se convertía en un reconocimiento de soberanía a “las comunidades históricas” que debían ser reconocidas como sujetos soberanos, es decir, “naciones” forjando así una España plurinacional. La España plurinacional que defendía el PSOE se iba a juzgar en las próximas elecciones autonómicas catalanas donde la reforma estatutaria se convertía en la baza electoral de todos los partidos, el PSC de Maragall con el espaldarazo a sus tesis soberanistas e historicistas se disponía a dar la batalla a Convergencia y Unió y Artur Mas (sucesor de Jordi Puyol) ambos iban a competir en sus programas electorales por alcanzar las mayores cotas posibles de soberanía para Cataluña. El programa electoral de Convergencia y Unió definía a Cataluña como “una nación con identidad propia” y pedía el voto a los electores para impulsar la aprobación de un “nuevo Estatuto Nacional de Catalunya”, en el que se reconocía a Cataluña como pueblo y una soberanía compartida con España. El PSC por su parte ofrecía a los votantes un programa electoral cuyo principal objetivo era impulsar la aprobación de “un nuevo Estatuto” fundamentado en los principios de “Cataluña es una nación” ya que España era una “realidad plurinacional”, cuya articulación política más adecuada sería una organización federal asimétrica, es decir, reconoce “derechos históricos” a Cataluña. Mientras el PSOE de la mano del PSC se aliaba con las tesis “historicistas” de los nacionalistas que abogaban por el diferencialismo y por las reivindicaciones nacionales que abocaban a un modelo de Estado desigual y asimétrico donde la solidaridad como principio inspirador del Estado autonómico podía quedar triturada.
La dirección del PNV en este contexto de ruptura del consenso constitucional en cuanto al modelo de Estado consideraba que las medidas legales de lucha contra ETA no iban encaminadas acabar con ETA sino con el nacionalismo, el PNV adoptaba el lenguaje donde era necesaria una retórica de guerra contra “el españolismo”. El inicio de hostilidades comenzaba en septiembre del 2003 cuando el Lehendakari Ibarretxe presentó un nuevo proyecto de “Estatuto político de la Comunidad de Euskadi”. Era un proyecto que suponía la construcción nacionalista de la historia basada en un diferencialismo racial que pretendía volver a su añorada edad de oro perdida cuando los españoles invasores les arrebataron la soberanía y les negaron su personalidad nacional era necesario recuperar su identidad étnico-cultural homogénea y que solo sería posible si obtenían una nueva posición jurídico-política: Estado libre Asociado. Este plan dinamitaba la constitución ya que derogaba la soberanía del pueblo español y con ello el principio de igualdad de los españoles, consagrado en los artículos 1 y 14 de la Constitución española que obligaba a prohibir toda discriminación por motivos de “nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, principio reforzado en el título VIII con los artículos 139.1 que proclama que “todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”, mientras que el 138.2 prohíbe además de que los Estatutos de Autonomía comporten “privilegios económicos o sociales”. Pero además la constitución proclama con insistencia el principio de solidaridad interregional, en el artículo 2, en el artículo 40 que encomienda a los poderes públicos en general la promoción de una distribución equitativa de la renta regional, mientras que el 138.1 establecía que el Estado ha de velar por el establecimiento de un “equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español. También la constitución establece en el artículo 139 el principio de la unidad de mercado nacional, prohibiendo la adopción de cualquier medida que pueda obstaculizar la libre circulación de bienes y personas. El artículo 149.1.14, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de “Hacienda General”, artículo 156.1, que recoge el principio de solidaridad entre todos los españoles, y el artículo 157.1c, que regula las asignaciones presupuestarias para garantizar un nivel mínimo en la prestación de los servicios esenciales y transferencias del Fondo de Compensación interterritorial que trata de evitar desequilibrios entre las distintas partes del territorio, proscribiendo medidas que comporten el enriquecimiento de unas y el empobrecimiento de otras. Con estas transferencias del Fondo de Compensación se han de destinar a financiar proyectos de carácter local, comarcal, provincial o regional, de infraestructuras, obras públicas, regadíos, ordenación del territorio, vivienda y equipamiento colectivo, mejora del hábitat rural, transportes, y en general, a todo aquello que ayude a disminuir las diferencias de renta y riqueza en el territorio español. En definitiva, el “nuevo pacto político” y el “Estado libre asociado” estaban fundamentados en el concepto etnicista de Euskal Herria que reflejaba la paulatina transformación del nacionalismo vasco en irredentismo. A su vez, la propuesta suponía la liquidación de la autonomía y la apertura de un proceso constituyente en ese marco étnico e historicista que apelaba al principio democrático. La interacción entre etnicismo historicista y el principio de autodeterminación:
“Los ciudadanos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, en virtud de la actualización de los derechos históricos propios, muestran su voluntad de formalizar un nuevo pacto político, mediante un novedoso modelo de relación con el Estado español según el presupuesto de libre asociación con el mismo”.
El pilar fundamental de la propuesta de Ibarretxe era arrebatar al pueblo español la titularidad de la soberanía que legitimaba el principio democrático regulado en la constitución normativa de 1978. Esta destrucción constitucional del principio de legitimidad democrática se justificaba desde el principio de legitimidad historicista que según el plan Ibarretxe permitía al pueblo vasco decidir el futuro de todos los españoles al ser los depositarios de un patrimonio histórico-cultural que les otorgaba una soberanía originaría vigente en sus preexistentes derechos históricos. Con este plan la historia y la identidad pretendían vencer a la racionalidad normativa consagrada en la Constitución. Con ello su futura nación exigía que o bien los no nacionalistas se asimilaran o bien que fueran expulsados. El Lendakari Ibarretxe había olvidado que después de la segunda Guerra Mundial el Estado nacional era en su esencia un Estado de Derecho Constitucional que garantizase los derechos fundamentales de todos sus ciudadanos. Este nuevo líder nacionalista pedía a todos los españoles que sacrificaran su libertad político constitucional para que los nacionalistas vascos lograran satisfacer sus intereses nacionales imponiendo una opinión pública uniforme:
“Desarrollando una política pública autónoma que permitiera preservar las señas de identidad cultural en todo el sistema de formación y transmisión de conocimiento”.
Este plan historicista era como hemos visto, el culmen a la conmoción horrible que el crimen de Miguel Ángel Blanco produjo en la sociedad vasca, que llevó a unas jornadas de movilización en la que muchos ciudadanos vascos perdieron el miedo contenido durante muchos años, dirigieron su rabia no solo contra ETA y Herri Batasuna sino también contra el nacionalismo gobernante por su tibieza y convivencia. El Partido Nacionalista Vasco, sacó de aquellas jornadas unas conclusiones peligrosas ya que identificó que una política antiterrorista eficaz dirigida contra ETA y sus cómplices destrozaría su hegemonía, por lo que decidió dejar la tibieza y aliarse con ETA en el Pacto de Estella para la construcción de un “oasis etnonacional” denominado “Estado libre asociado” que excluyera a la mitad de la población vasca destruyendo por el camino la constitución de 1978 como fuente última de la democracia de todos los españoles. Al no respetar dos principios básicos del Estado democrático, ya que ni respetaba el procedimiento constitucional establecido para la reforma de la propia constitución y del Estatuto, a la vez que no se garantizaban los derechos fundamentales para un porcentaje elevado de población amenazada y atemorizada por la actuación de los terroristas. Tras le presentación del plan Ibarretxe como mecanismo que intentaba subvertir el orden constitucional y las normas de convivencia de los españoles era necesario desacreditar a las instituciones básicas del Estado, comenzaron las descalificaciones a las altas instancias judiciales del Estado que implicaba incumplir las sentencias del Tribunal Supremo. Esta rebelión legal se produjo cuando los miembros de la Mesa del Parlamento vasco pertenecientes a la coalición gobernante (PNV, Eusko Akartasuna e IU) decidían desobedecer sus sentencias y comenzar un acoso político y mediático sobre el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco cuando se procesó al Lehendakari al haberse reunido con la organización ilegal Batasuna por un delito de desobediencia. La denominada “propuesta Ibarretxe” fue materializada por el Consejo de Gobierno Vasco el 25 de octubre de 2003, la Mesa del Parlamento vasco calificó la propuesta el 4 de noviembre de 2003 como “propuesta de reforma del Estatuto, con arreglo al artículo 46 del Estatuto de Autonomía del País Vasco”. Los dos acuerdos del parlamento autonómico catalán, el 13 de noviembre de 2003, fueron impugnados por el Gobierno Central ante el Tribunal Constitucional por el procedimiento previsto en el artículo 161.2 CE. El argumento principal de la impugnación era que en realidad con el plan Ibarretxe era una reforma constitucional encubierta y no una mera reforma estatutaria. El Tribunal Constitucional nuevamente de manera irresponsable declaraba su inadmisión por entender que no se trataba de una “resolución” como exigía el artículo 161 CE. La propuesta tenía tres características y era unilateral, antidemocrática e inconstitucional. Antidemocrática por incumplir todos los procedimientos democráticos incumpliendo los textos jurídicos básicos de todo el constitucionalismo democrático europeo que suponían la destrucción del verdadero sujeto constituyente: todo el pueblo español. Unilateral al situar su origen en una supuesta soberanía constituyente de un pueblo vasco que decidía “asociarse” a un Estado español del que ya formaba parte. Inconstitucional ya que el único argumento jurídico-constitucional era el ser un “pueblo mitológico” de raíz etnicista e historicista.
Para justificar jurídicamente este golpe al orden constitucional español, el Lehendakari justificó que ese derecho a decidir lo era “de conformidad con el derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido internacionalmente, entre otros, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, desconociendo que, de acuerdo, a las Naciones Unidas tal derecho está reservado a las colonias sometidas a un ordenamiento jurídico diverso del de la metrópoli, de forma que:
“Ninguna de las disposiciones (de los pactos internacionales) se entenderán en el sentido de que autoriza o fomenta cualquier acción encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad de los Estados soberanos e independientes que se conduzcan de conformidad con el principio de igualdad de derechos y de la libre determinación de los pueblos (…) y estén, por tanto, dotados de un gobierno que represente a la totalidad del pueblo perteneciente al territorio, sin distinción por motivos de raza, credo o calor. Todo Estado se abstendrá de cualquier acción dirigida al quebrantamiento parcial o total de la unidad nacional e integridad territorial de cualquier otro Estado o país (Resolución 2625 de la XXV Asamblea de las Naciones Unidas en 1970)”.
Este derecho a decidir con base en el orden internacional suponía la destrucción de la idea misma de constitución normativa ya que incluso el poder de reforma del poder constituyente es un poder limitado no sólo procedimentalmente sino también materialmente ya que la reforma sirve para articular la continuidad del Estado que es tanto como preservar la continuidad del constituyente. El plan Ibarretxe destrozaba todos estos principios ya que suponía una destrucción del Estado y del Constituyente como legítimo titular de la Constitución normativa de 1978. Hay un hecho claro, el Derecho de autodeterminación no desciende del Derecho Internacional público, ni de los derechos históricos de los territorios forales a pesar del relato mágico de los nacionalistas de un antiguo escenario de libertad y armonía de todos los vascos. Lo que se pretendía era una concepción instrumental y formalista de la democracia que dejaba a los ciudadanos españoles a merced de los nacionalistas. Lo importante y destacable del Plan Ibarretxe era su profundo supremacismo, ya que su gran comunidad étnica solo estaría formada por los que sí “son vascos” como dejaba claro su portavoz parlamentario Joseba Eguibar cuando señaló que “todos los vascos deben estar a gusto con el plan, si son vascos”, es decir, no considerando vascos a casi la mitad de la población actual que apoya a partidos no favorables a la propuesta y, especialmente, al afirmar que “habrá vascos de pleno derecho y otros, quizás vascos, de derechos restringidos”. El mismo día (13 de noviembre de 2003), que el gobierno impugnaba los acuerdos del parlamento vasco para la puesta en práctica de su plan soberanista, antidemocrático e inconstitucional, el candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, Rodríguez Zapatero, se comprometía en un mitin en las elecciones autonómicas catalanas en el Palau Sant Jordi a respaldar el Estatuto de que se apruebe en el “parlamento catalán”, con ello certificaba el cambio de rumbo del PSOE en materia territorial y daba por finiquitado el consenso de 1978 con el principal partido de la oposición que había pergeñado o moldeado el modelo de organización territorial en España basado en tres principios fundamentales: unidad, solidaridad y autonomía. Zapatero reconocía a Cataluña unos derechos históricos anteriores a la constitución de 1978 que llevaban a los españoles a una lucha de legitimidad entre, la legitimidad histórica de las supuestas “comunidades históricas” para obtener privilegios, es decir, “asimétricas” contra la legitimidad democrática del pueblo español como titular legítimo de la soberanía que había dado origen a la Constitución nacional-normativa de 1978. Este razonamiento histórico-identitario amenazaba con provocar un desbordamiento del marco constitucional que amenazaba al conjunto de los españoles con una vuelta irreversible a la Edad Media caracterizada por el fenómeno de la dispersión y la lucha entre poderes que se plasmaría en la práctica con un amplio mosaico de poderes dotados de una cierta autonomía en el ejercicio de su ámbito concreto de autoridad. Esta atomización del poder político daría lugar a un sistema de relaciones por él se regiría la sociedad española que daría origen a un feudalismo definido como la nueva España pluricultural, plurinacional y plurilingüistica. Con esta nueva España se cumplían los rasgos políticos más relevantes del sistema feudal, definidos por Manuel García Pelayo: en primer lugar, el predominio de las relaciones personales sobre las instituciones. En efecto, estas se basarían en un pacto feudal que debía ser un vínculo personal de lealtad y servicio como vasallo al nacionalismo o feudo. En segundo lugar, la debilidad del Estado que ya no debería tener entre sus funciones la defensa del interés general. En tercer lugar, la “intransitividad” de las relaciones políticas, entendiendo por tal que, cualquier servicio que se pida a un vasallo, ha de pasar necesariamente por la mediación de su señor autonómico, de modo que el Estado no pudiera acudir directamente a la población que viviera bajo el paraguas nacionalista. Y finalmente, esa España plurinacional exigía la “impenetrabilidad del territorio”, imposibilitando al Estado establecer y recaudar impuestos, ni impartir justicia, ni enviar funcionarios al territorio de los nacionalistas. Esta situación conduciría a los españoles a la desigualdad y subordinación como siervos a su señor feudal o autonómico más próximo confiando en que les protegería.
En este escenario tan peligroso se celebraron las elecciones autonómicas del 16 de noviembre de 2003, donde el partido socialista de Cataluña conseguía vencer en número de votos, pero quedando detrás de Convergencia i Unió en número de escaños. El partido socialista de Cataluña y el PSOE interpretaron los resultados como un espaldarazo a su “Declaración de Santillana”, es decir, a su España plurinacional y a su alianza con los independentistas para formar un “gobierno de progreso” no solo en Cataluña sino en toda España que diera carta de naturaleza a una España nación de naciones donde la “asimetría” sería esencial. Ante la inexistencia en el texto constitucional de disposiciones que admitiesen diferencias cualitativas entre Comunidades, el último recurso legitimista a tal fin se encontraba en la historia y los sentimientos identitarios, cimientos idóneos para situar la construcción de la singularidad “extra constitucionem” con el peligro de agravio que ello suponía para el cumplimiento del principio de igualdad de todos los españoles. Este razonamiento histórico-identitario escondía no el aumento del autogobierno que ya era enorme, sino que los nacionalistas catalanes buscaban el ansiado “concierto económico”.
El PSOE reiteraba que no pensaba estar en la oposición e inició los contactos con Esquerra Republicana de Cataluña, nacía así “el Pacto del Tinell” en el que sellaban el compromiso:
“Un nuevo marco legal donde se reconozca y se desarrolla el carácter plurinacional, pluricultural y plurilingüistico del Estado”.
El PSOE de la mano del PSC certificaba las aspiraciones nacionalistas de Esquerra Republicana de fundar un “Estado propio” el Leitmotiv de su doctrina política. Más aún les erigían como una bisagra indispensable para la gobernabilidad del Estado aun cuando todos los nacionalismos necesitaban del conflicto para subsistir de ahí que el principio constitucional de solidaridad como nexo entre autonomía y unidad se ponía en entredicho con el pacto Tinell. Se ponía en cuestión la soberanía del pueblo español que surgió de la Constitución normativa de 1978 que era la organización política de todos los ciudadanos españoles que de una manera democrática la habían aprobado como quedaba claro en su preámbulo:
“El pueblo español ratifica la siguiente Constitución”.
Reforzado en su artículo 1.2, cuando se decía que la soberanía residía en el pueblo español del que emanan los poderes del Estado. Así pues, el pueblo español, cuando ratificó la Constitución, estableció los cauces y habilitaciones necesarios para que pudieran surgir los distintos pueblos de España, y con ellos, las Comunidades Autónomas. Pero no acabó ahí la tarea del pueblo español ya que los Estatutos de Autonomía, en tanto leyes orgánicas singulares, debían ser aprobados por las Cortes que, a su vez, representaban al pueblo español, es decir, el Estatuto de Autonomía no es una obra únicamente del pueblo de la Comunidad Autónoma, sino que lo es también del pueblo español en su conjunto a través de las Cortes. El pacto del Tinell comenzaba su andadura el 5 de diciembre de 2003, cuando el Presidente del parlamentocatalán, Ernest Bernach, diputado independentista de Esquerra Republica de Cataluña, en el discurso de investidura del parlamento catalán instaba a los diputados autonómicos:
“Iniciar un camino sin retorno hacía una nación plena”.
El guante fue recogido el 5 de diciembre por Pascual Maragall que durante su investidura como presidente de la Generalidad, en tono beligerante amenazaba al Gobierno del PP, presidido por José María Aznar, de que si éste no respaldaba las reclamaciones estatutarias de la Generalidad:
“El drama está servido”.
Y advertía, además, de que sí el gobierno del PP frenaba el nuevo Estatuto convocaría un referéndum:
“En caso de dilación indebida durante la tramitación, en caso de no tomarse en consideración o en caso de impugnación que bloquee el proceso, la ciudadanía será llamada a pronunciarse mediante un proceso de consulta general”.
El escenario político de la vida nacional era muy preocupante ya que el Gobierno se enfrentaba al doble desafío de los principales partidos nacionalistas vasco-catalanes que amenazaban con romper la soberanía del pueblo español para decidir su propio futuro. Ante esta amenaza el presidente del Gobierno, José María Aznar, el 19 de enero de 2004, mediante el Real Decreto 100/2004 disolvía el Congreso de los Diputados y el Senado y convocaba elecciones generales para el 14 de marzo de 2004. El Partido Popular considera que se dan todas las condiciones para reeditar la mayoría absoluta con un nuevo candidato a las elecciones generales, Mariano Rajoy, para hacer frente al Pacto del Tinell donde se establecían criterios sobre “la actuación en la política general” no sólo del PSC sino del PSOE arrastrado por el presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, que les obligaba a no llegar a ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP ni en el ámbito autonómico ni en el estatal. Además, se comprometían “a impedir por todos los medios la presencia del PP en el gobierno del Estado” y renunciaban “a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las Cámaras estatales”. En este contexto, Josep Lluís Carod Rovira, secretario general de Esquerra Republicana de Catalunya y Conseller en Cap de la Generalitat aprovechando un viaje oficial de Pascual Maragall y como responsable máximo del Gobierno catalán se reunió en Perpiñán con la cúpula de ETA para negociar un cese de los asesinatos en Cataluña. Fruto de esta reunión Carod Rovira logró un acuerdo que se hizo público por un portavoz de ETA, señalando que desde el día 1 de enero de 2004 se interrumpían todas sus “acciones armadas en Catalunya” con el “deseo de unir los lazos entre el pueblo vasco y el catalán”, en base a los principios de respeto, no injerencia y solidaridad “el argumento para justificar la tregua era el cambio político que se ha producido en Cataluña y en Euskadi con “una fuerza importante del independentismo” y una alta conciencia sobre la necesidad de reconocer el derecho de autodeterminación. El comunicado finalizaba con vivas a José Luis Félix Erezuma y Joan Carles Agudo, los dos etarras que atentaron contra el cuartel de la Guardia Civil en Vic en 1991, donde nueve personas murieron, cuatro de ellos niños. Esta reunión venía a dar oxígeno a una banda terrorista que estaba siendo derrotada gracias a la persecución de su entorno político que está provocando un conflicto de intereses entre Herri Batasuna y la banda terrorista como reconocía ETA en un documento interno realizado en esas fechas ya que no habían podido mantener un nivel de actividad terrorista importante que estaba provocando en las filas de su entorno político a ponerse en duda el liderazgo de la banda ya que no se creía en la victoria y se cuestionaba la continuidad de la violencia:
“Se ha creado un desequilibrio entre los ataques represivos del enemigo (…) y la respuesta armada (…) Esa estrategia represiva consigue gripar a la izquierda abertzale en su potencialidad, influencia y formas habituales. La estrategia política se queda colapsada”.
Ante esta ignominia, el candidato del PSOE, dejaba en manos del PSC y de su líder Pascual Maragall la decisión sobre romper con Esquerra Republicana o bien destituir a su líder para enmendar su error gravísimo ya que en las próximas elecciones generales de no hacerlo el coste electoral para el PSOE y su líder Rodríguez Zapatero sería enorme. Josep Luis Carod Rovira en tono desafiante reconocía haberse reunido con ETA para lograr una tregua para Cataluña poniendo en manos de Pascual Maragall su cargo de Conseller en Cap pero Maragall solo podía mantener su gobierno tripartito con el apoyo político para conservar el poder y el rechazo su dimisión. Ante esta irresponsabilidad, el PSOE de la mano de su secretario general, José Luis Rodríguez Zapatero exigía al líder del PSC la dimisión de Carod o el descalabro electoral sería enorme.
Sin embargo, el líder del PSC desobedecía a su secretario general y mantenía a Carod en su ejecutivo como Consejero sin cartera para mantener así los pactos con Esquerra Republicana de Cataluña que tenían como base el pacto de Tinell. Para justificar esta decisión tan vergonzosa para el PSOE que tenía muchos muertos a sus espaldas por la banda terrorista, Pascual Maragall sostuvo que los culpables de la reunión entre Carod Rovira y ETA era la derecha española apoyada por sus medios de comunicación, como dejaba claro en su discurso:
“En primer lugar quiero defender al Conseller Carod Rovira. Sin él no habría Govern: ha sido uno de los arquitectos principales. Ha sabido explicar a España que su partido, pese a ser un partido soberanista, no es indiferente a las instituciones políticas españolas ni renuncia a participar en ellas. Ha roto el maleficio del nacionalismo conservador, espectador interesado pero pasivo en el escenario español, y que ha hipotecado durante años el progreso político de Cataluña. Pero Josep Lluís Carod Rovira ha cometido de buena fe un error muy grave (…) Estamos en un momento crucial que debemos resolver con rigor. La derecha española es experta en la dosificación, planificación y manipulación de los escenarios mediáticos, utilizando a menudo temas relacionados con el terrorismo para su propio beneficio electoral. Nuestra conducta procurará, en todo momento, no favorecer esta conducta políticamente reprobable que exhibe el Partido Popular (…) Aceptó su renuncia al cargo de “Conseller en Cap” y retomo provisionalmente las competencias que le habían sido delegadas personalmente (…) Mientras el honorable “Conseller” mantendrá la condición de “Conseller” sin atribuciones (…)”181.
Zapatero inspirador del Pacto Tinell certificaba las palabras de Pascual Maragall acusando al PP de intentar instrumentalizar el terrorismo como estrategia electoral como se desprendía de sus palabras:
“Es una decisión acertada. Pascual Maragall ha mantenido durante estas horas un impecable sentido institucional y ha sabido garantizar la estabilidad del gobierno progresista constituido en Cataluña (…) Quisiera, así mismo, reiterar mi apoyo y el de todo el Partido Socialista al Gobierno presidido por Pascual Maragall, que ha abierto un horizonte de progreso social para todos los ciudadanos de Cataluña. Por último, quiero decirle al Partido Popular que su actitud ha sido, una vez más, lamentable. El PP ha demostrado que es incapaz de entender que la lucha contra el terrorismo es un tema de Estado y ha intentado sacar beneficios electorales de los acontecimientos de estas últimas horas. Yo no me voy a comportar jamás así”.
Tras este acontecimiento que había puesto en marcha la nueva estrategia política del PSOE de la mano del PSC teorizada en el pacto del Tinell vivía un nuevo episodio cuando en la madrugada del 29 de febrero de 2004 la Guardia Civil interceptaba una furgoneta-bomba con 536 kilos de explosivos con el que “Comendo Gaztelu” pretendía lograr una masacre en Madrid en plena campaña electoral. Una vez roto el pacto antiterrorista por el PSOE las reacciones desde los dos principales partidos nacionales del PP y PSOE ponían de manifiesto que el pacto antiterrorista por el cual ambos partidos se habían comprometido a eliminar del ámbito de la legítima confrontación política la lucha antiterrorista. Una vez dinamitado el pacto, el terrorismo se convertía en el protagonista indiscutible de la campaña electoral que podría conducir a la política española hacía la destrucción de la democracia y de su constitución normativa de los grandes partidos nacionalistas.
Cuando el 11 de marzo de 2004, diez bombas estallaron en cuatro trenes de la rede de cercanía de Madrid, la división amigo-enemigo en la política española era un hecho y este atentado terrorista mostró de forma descarnada la dura confrontación, la pugna fratricida y la indeseable animadversión que se estaba adueñando de la vida política nacional e iba a impedir el más mínimo ámbito para el necesario compromiso, ni se iba a dar el más pequeño respiro al contrincante, convertido en enemigo. Que la vida política española estaba rota antes de los atentados del 11 de marzo y que el terrorismo era la principal baza electoral de los dos principales partidos nacionales quedó claro cuando la SER, como cadena de radio más escuchada de España, con su principal periodista Iñaki Gabilondo al frente advertía pasada apenas una hora desde el estallido de las bombas:
“Tampoco va a ser fácil mantener la unidad y es un test también para todas las fuerzas políticas en estas próximas horas cómo a manejarse ante esta situación, a ver si uniéndose más o manejando elementos de fisura, que sería verdaderamente horroroso”.
Solo tres horas después del atentado, a las diez de la mañana, Iñaki Gabilondo ya introducía la duda en cuanto a la autoría del atentado sabedor que la misma sería decisiva en las elecciones de dos días después si se hacía un uso adecuado de la información una vez roto el pacto de no utilizar el terrorismo como arma política:
“Estamos hablando de un atentado de una envergadura tal (…) Damos por supuesto que se trata de ETA, no sabemos todavía de quién se trata (…) metidos como estamos en este mundo enloquecido, donde está actuando así el terrorismo internacional”.
No había duda, el pacto del Tinell había sido la vuelta a las dos Españas cuando a las 11:40 desde su programa las identificaba:
“En torno a ETA se han producido en los últimos tiempos algunas disputas un tanto pueriles, dando la impresión de que en España hubiera media España con ETA y medía España contra ETA, cuando no es así, cuando toda España está contra ETA y se han producido discrepancias relacionadas con la forma de actuar (…). Sería muy peligroso que esté asunto desencadenara este juego de emociones descontroladas que pudiera empezar a mirar a los actores de una manera, a los cantantes de una manera, a los políticos de tal partido. No nos confundamos de enemigo. Es muy importante que las fuerzas políticas, en este sentido, ayuden a mirar en la dirección correcta (…)”.
Estas declaraciones daban el pistoletazo de salida a la campaña electoral donde el atentado se convertía en la principal arma electoral, quien mejor la utilizara triunfaría. El líder del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero decidía encabezar esta estrategia y al final de la tarde del 11 de marzo de 2004, telefoneaba a Pedro J. Ramírez, director de El Mundo y la informaba de la existencia de suicidios en los trenes. A las 10 de la noche del 11 de marzo, la estrategia de José Luis Rodríguez Zapatero se difundía por la cadena SER, convertida en instrumento jurídico al servicio del PSOE, en su programa Hora 25, Ana Terradillos elevaba el tono, daba una noticia falsa que lograría erosionar ya que le convertía en cómplice del atentado:
“Tres fuentes distintas de la lucha antiterrorista han confirmado a la cadena SER que en el primer vagón del tren que estalló antes de llegar a Atocha, iba un terrorista suicida. Interior no lo confirma”.
En la madrugada, a la 1:10, la misma periodista añadió:
“Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes, que, por creencias religiosas suelen realizar esta práctica antes de involarse”.
La mentira de los suicidas se convertía en un arma electoral para José Luis Rodríguez Zapatero que podía dar un vuelco electoral a sus escasas expectativas ya que todas las encuestas pronosticaban una clara victoria del Partido Popular. José Luis de Rodríguez Zapatero sabía que, si era Al Qaeda, el péndulo electoral cambiaba, se podía aislar al PP de la vida pública y lograr el triunfo electoral. Quién certificaba esta nueva estrategia electoral del líder del PSOE era el periódico El País, el 12 de marzo, con un editorial donde aludía a la difícil posición del gobierno del PP en caso de que fuera obra de Al Qaeda:
“La eventualidad de que sea obra de Al Qaeda y de que tenga relación con el papel jugado por el gobierno de Aznar en la guerra de Irak introduce una novedad que no puede dejar de sembrar una profunda inquietud (…) Solo cabe esperar que no se haya producido un ocultamiento o una manipulación de la información por parte del gobierno (…)”.
Ya estaba servido el nuevo eslogan electoral del PSOE, era que Al Qaeda había querido extender la guerra de Irak al territorio español por la participación del gobierno del PP en la guerra de Irak. Este nuevo eslogan era muy peligroso ya que si bien le podía dar un redito electoral muy elevado iba a polarizar al país amenazando con dividir a los españoles en dos posturas irreconciliables que ponían en peligro el orden constitucional, de ahí que el gobierno, ese viernes 12 de marzo, llamara a una movilización ciudadana en toda España con un lema que no hablaba de ETA:
“Con las víctimas. Con la Constitución. Por la derrota del terrorismo”.
Aun cuando era necesaria cordura ante el peor atentado de la historia de España, el periodista de la SER, Iñaki Gabilondo, de la mano de uno de sus periodistas en la comparecencia de Aznar a las 11:30 de la mañana del 12 de marzo, le insinuaba de que si era Al Qaeda tendría una responsabilidad indirecta en la masacre por sus decisiones de política exterior, y lo justificaba así:
“Porque no es lo mismo. Y no es lo mismo que se dé una hipótesis o la otra, por una razón muy sencilla. El presidente del Gobierno siempre ha manejado la teoría de que el terrorismo de ETA, por ejemplo, es un terrorismo animado por las decisiones políticas de los nacionalistas (…) No es que los nacionalistas sean terroristas, pero sus decisiones, sus posiciones y sus iniciativas alimentan y son, en cierto sentido, responsables indirectos de la acción terrorista de ETA. Claro, deberíamos decir, caso de que fuera Al Qaeda: los terroristas, son las decisiones políticas, por ejemplo, el acuerdo de las Azores, pudiera haberse jugado también con un factor, directa o indirectamente relacionado. Por tanto, en este tipo de cosas, el reproche a quienes han podido considerar, en cierto sentido, un dato de valor cual sea la paternidad del atentado (…) Pero, si el presidente del Gobierno está permanentemente haciendo alusiones a las iniciativas políticas que “cargan” al terrorismo, tendrá que entender que hay también decisiones políticas que pueden “cargar” a otro tipo de terrorismo (…)”.
Una vez que la cadena SER de manos de su director Iñaki Gabilondo acusaba de responsabilidad indirecta al presidente del Gobierno si el atentado lo había cometido Al Qaeda. Este fue el pistoletazo de salida para rodear todas las sedes del PP donde circulaban rumores totalmente falsos. A las 15:05, Javier Álvarez en la cadena SER daba la siguiente noticia:
“El Centro Nacional de Inteligencia cree que el atentado es obra del terrorismo: Fuentes del CNI han confirmado a esta redacción que todos sus agentes trabajan ya al 99% de posibilidades de que nos encontramos ante un atentado de corte radical islamista cometido por un grupo numeroso, entre 10 y 15 individuos, que pueden estar ya fuera del País, que colocaron las mochilas e inmediatamente huyeron”.
Esta noticia a las 16:50 dada por la cadena SER, era desmentida por fuentes oficiales de la mano del director del CNI Jorge Dezcallar. La cadena SER convertía la jornada de reflexión en concentraciones ante las sedes del PP que se convertían en su principal noticia acusando al gobierno de mentir y de ser los responsables indirectos de la matanza por la intervención en Irak. Cercadas un gran número de sedes del PP por toda España en plena jornada de reflexión al grito de “asesinos” obligó a las 20:30 a Rajoy a convocar una rueda de prensa donde denunció las manifestaciones ante las sedes en plena jornada de reflexión. Justo una hora después, Alfredo Pérez Rubalcaba dio a su vez otra rueda de prensa en la que formularía una afirmación histórica:
“Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad”.
Esta sucesión de acontecimientos conducía al país a la máxima Schmittiana amigo enemigo que se manifestó con toda crudeza ese 14 de marzo de 2004. Ese día 77 de cada 100 españoles con edad de votar se acercaron a sus respectivos colegios electorales, el PSOE había logrado el vuelco electoral obteniendo una mayoría relativa, 164 escaños frente a los 148 votos del PP. Lograba casi 11 millones de votos lo que significaba el mayor respaldo popular en nuestra democracia (casi tres millones más que cuatro años antes). Una escrutadas todas las mesas electorales, Mariano Rajoy, candidato del PP aceptaba a pesar del cerco de sus sedes democráticas los resultados de las urnas.
Esta victoria socialista permitía a Rodríguez Zapatero adueñarse de las riendas del poder político en los órganos centrales del Estado. Su gran mentor al frente de la Secretaría General del PSOE, Pascual Maragall, marcaba cual debía ser su camino al frente del gobierno de España y solo días después de su victoria, el 29 de marzo de 2004, ante el Consejo Nacional del PSC, el presidente de la Generalitat catalana, lanzaba un llamamiento al nuevo presidente del gobierno instándoles:
“A que no se limitara a administrar la continuidad constitucional, sino que llevara a cabo una nueva relectura de la constitución para determinar que sigue vigente, que estorba y que hay que añadir a lo aprobado hace veinticinco años (…) Cataluña está en condiciones, y el PSC en particular, de determinar en buena medida cuáles son los contenidos, los acentos, las personas y las prioridades de la gobernación en España (…) Hay que rehacer los consensos básicos entre el Gobierno de España y el de la Generalitat, habrá que reconstruir los consensos básicos para la articulación de la España plural”.
Finalmente José Luis Rodríguez Zapatero ere elegido presidente del gobierno el 16 de abril de 2004, y en su discurso de investidura quiso dejar claro que su eje político giraría sobre la “España plural” del PSC:
“El gobierno socialista garantizará, en todo caso, la cohesión social, entre los ciudadanos y los territorios de España desde una comprensión positiva de su pluralidad constitutiva. Nuestra visión de España (lo hemos dicho muchas veces) descansa en el reconocimiento de su pluralidad como valor constitucional. Ello implica que el Gobierno de este país debe hacer un permanente esfuerzo de integración de la diversidad en la unidad, respetando siempre las singularidades que nuestro ordenamiento constitucional garantiza y preserva”.
Conclusiones
Hemos contemplado y relatado de la pluma de Velayos González en su tesis doctoral titulada “CONFLICTO ENTRE LAS ÉLITES NACIONALISTAS Y EL ESTADO CONSTITUCIONAL”, el nacimiento de la interpretación plurinacional, pluricultural y plurilingüistica de España, que esconde el reconocimiento de unos derechos históricos y de una legitimidad histórica a determinados territorios.
Esta nueva visión de España tenía que ser ratificada por el PSOE que lo hizo entre los días 2 y 4 de julio de 2004 en su congreso federal celebrado en Madrid, donde Rodríguez Zapatero consolidado su liderazgo ya como presidente del Gobierno y en un ambiente de euforia colectiva, tras cien días como Presidente del Gobierno, había que dar respuesta al lema de la España plural, plurinacional, pluricultural, plurilingüistica en Santillana del Mar afirmando:
“Los socialistas nos proponemos, pues, dar un paso adelante en la construcción del Estado de las Autonomías ampliando el margen de actuación de las comunidades y mejorando su autogobierno, reforzando los mecanismos consensuados de cooperación, incentivando su participación responsable en el gobierno del Estado e incorporándolas a la definición y aplicación de las políticas que les afecten”.
Continuaba la resolución:
“Para los socialistas la unidad de España y la existencia de nacionalidades y regiones que expresan su diversidad son las dos caras de la misma moneda. Así quedó establecido en nuestra Constitución. Como recogíamos en la declaración de Santillana, nada aleja más a la España de su unidad que la imposición y el centralismo. De ahí que nuestro compromiso con el reforzamiento de una cohesión territorial basada en los principios de la igualdad y la solidaridad sea la mejor manera (y la más genuinamente constitucional) de garantizar que cada territorio de España, cumpliendo con sus obligaciones con el conjunto, cuente con la oportunidad de sentirla a su modo, ejerciendo su propia personalidad (…) apoyamos una estructura federal para España. Hay que mostrar en los hechos que la Nación de las Naciones que es España pueda aunar la diversidad y la cohesión, la unidad y la pluralidad, la especificidad y la solidaridad (…) El PSOE decidió en Santillana del Mar acometer una revisión de la Constitución y de los Estatutos de Autonomía para ajustar la vitalidad y la eficacia de las instituciones políticas a los nuevos retos de la sociedad española del siglo XXI. España es una nación plural, diversa en la que existen expresiones políticas nacionalistas consolidadas, no se contradice con que podamos afirmar que para los socialistas la única soberanía reconocible corresponde al pueblo español”.
Con estos planteamientos la política sobre la estructura territorial del Estado de Rodríguez Zapatero llevaba al PSOE a los postulados esenciales de la concepción nacionalista de España como agregado de naciones con identidad propia, es decir, soberanía, haciendo suyo el discurso del partido socialista de Catalunya. Esta concepción nacionalista de España que pretendía desarrollar necesitaba el apoyo tanto del Partido Popular como de los grupos nacionalistas para llevarlo a cabo con solvencia, ahora bien, la Constitución se podía reformar, pero no así la titularidad de la soberanía del pueblo español ya que esta nota definitoria de la democracia quedaba garantizada por la Constitución y por ello sustraída a la voluntad de los poderes constituidos. Se olvidaba que la Constitución es un instrumento muy delicado, que exigía para modificarla prudencia, consenso y estudio, por el contrario, el PSC obligaba a la improvisación, la parcialidad política, que amenazaba con destruir el consenso político y social.
Hoy, 29 de julio de 2023, vemos cómo el Pacto de Tinell y las tesis de Rodríguez Zapatero de una nueva estructuración territorial del Estado en base al ideario del PSC, coincidente en gran parte con los soberanistas, son una realidad que materializa dos Españas como ha quedado claro en el resultado de las elecciones de 23 de julio de 2023 cuyos resultados ponen en peligro la unidad de España o, al menos, la España que conocemos.
